Más de 500 salvadoreños han acudido a la Sala de lo Constitucional durante cuarentena por vulneraciones de derechos

La Sala recibió entre el 13 de marzo y el 15 de abril pasado 142 recursos de hábeas corpus y 32 amparos "en el marco del estado de emergencia decretado por la pandemia".

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Un soldado permite pasar a dos mujeres a través de un perímetro sanitario impuesto por el municipio de San Salvador para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19, en la capital salvadoreña, el 20 de abril de 2020. Foto / AFP

Por EFE

2020-04-21 10:29:12

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió desde el comienzo de la emergencia por la pandemia de COVID-19 un total de 174 recursos por supuestas vulneraciones a los derechos de 516 personas.

La referida sala informó este martes que recibió entre el 13 de marzo y el 15 de abril pasado 142 recursos de hábeas corpus y 32 amparos “en el marco del estado de emergencia decretado por la pandemia”.

Detalló que 266 personas figuran como “titulares de derechos vulnerados” en los hábeas corpus y 250 en los amparos.

Añadió que 18 hábeas corpus fueron “reconducidos” a amparos a raíz de que piden garantizar el derecho de libre circulación y fueron presentados por salvadoreños en el exterior, quienes no han podido ingresar al país.
Según cifras oficiales, unos 4,500 salvadoreños se encuentran en el extranjero, sin que exista un plan para su repatriación.

Diputados opositores dijeron este martes que valoran la posibilidad de superar el veto presidencial a un decreto legislativo que manda al Gobierno a permitir su retorno.

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El pasado 6 de abril, durante una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele dijo que no permitiría el ingreso de unos 4,500 salvadoreños en el exterior por la falta de capacidad para mantenerlos en un centro de cuarentena.

“Si pasa eso (repatriación masiva), vamos a tener que soltarlos porque no vamos a tener la capacidad de mantenerlos en cuarentena segura” y “nuestro país colapsaría en un día”, sostuvo el jefe de Estado.

Por otra parte, los recursos de inconstitucionalidad, que buscan anular disposiciones gubernamentales, sumaron 15.

Del total de recursos recibidos por la Sala de lo Constitucional, hasta el momento los jueces se han pronunciado en 57 casos, mantienen en estudio 32 y desecharon 21.

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Ordenan liberar a menor

Entre los recursos procesados se encuentra el de un menor de edad detenido por agentes de la Policía por supuestamente saltarse la cuarentena domiciliar obligatoria, caso en el que los jueces constitucionales ordenaron sea llevado a su casa.

“Debe ser inmediatamente conducido a donde sus padres o representante legal” para que cumpla “obligatoriamente con la cuarentena domiciliar ordenada por el Gobierno, debiéndose únicamente guardar las medidas sanitarias necesarias”, reza el fallo difundido este martes.

De acuerdo con la demanda, el joven “fue capturado y golpeado por un agente policial y militares” en el departamento de San Vicente por supuestamente “incumplir la cuarentena domiciliar”.

Por otra parte, la Sala de lo Constitucional ordenó brindar “asistencia médica” y evaluar el cumplimiento de la cuarentena de una familia de cinco personas en su casa.

De este grupo, cuatro personas se encuentran en un hotel utilizado como “centro de contención” y una, la madre de la familia, en un hospital destinado a la atención del COVID-19.

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En el recurso se manifiesta que la señora, días antes de su traslado al centro de atención médica, dio negativo en una prueba para la enfermedad.

La CSJ y el Gobierno de Bukele mantienen una tensa relación tras la decisión del mandatario de ignorar un fallo en el que los jueces constitucionales le prohibieron detener y confinar de manera “forzosa” a las personas que transgreda la cuarentena mientras el Congreso no legisle sobre este tema.

Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), recibió entre el 20 de marzo y el 20 de abril 581 denuncias de supuestas violaciones a derechos.

De estas, 183 son relacionadas a la libertad personal e integridad, 147 al derecho a la salud y 100 al acceso a la información. Le siguen 81 denuncias vinculadas al derecho al trabajo, 62 a la alimentación y acceso al agua y 8 por discriminación.

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