Los treinta días de la cuarentena domiciliar han transcurrido entre señalamientos de abogados constitucionalistas de que la medida restringe libertades fundamentales como la libre circulación, denuncias de abusos de autoridad por parte de policías y militares, y fallos de la Sala de lo Constitucional que ordenan frenar las detenciones arbitrarias de las personas que incumplen con la cuarentena.
Estas resoluciones de la Sala han sido irrespetadas por el presidente Nayib Bukele, quien argumenta que le están quitando facultades constitucionales para poder enfrentar a la pandemia del COVID-19 que ya ha contagiado a más de 200 personas.
No menos de 30 ciudadanos que consideran que les han violado sus derechos fundamentales han acudido a pedir auxilio a la Sala de lo Constitucional con la presentación de Recursos de Hábeas Corpus, la mayoría de los cuales han sido admitidos y se encuentran en estudio.
Algunas de los recursos de exhibición personal han sido presentados por limitar su libertad de tránsito y otros por considerar que están “privados de libertad” al haber cumplido con los treinta días de la cuarentena y aún no los dejan salir, pese a que sus pruebas del COVID-19 salieron negativas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido más de 471 denuncias de personas que se sienten afectadas por haberles violado sus derechos a la libertad de circulación e integridad física.
Vea especial: Coronavrius, El Salvador contra la pandemia
Por su parte, el gobierno ha emitido no menos de ocho decretos en los que trata de argumentar las detenciones de los infractores de la medida, pero que la Sala de lo Constitucional en reiterados fallos ha dicho que el Presidente de la República, el Director de la Policía y el Ministro de Defensa; tienen prohibido constitucionalmente detener a una persona para fines de confinamiento, sino se les ha comprobado que sea “foco de infección”.
A Bukele poco le ha importado lo ordenado por la Sala. En un abierto desafío al fallo de la Sala, el presidente Nayib Bukele pidió mayor dureza a las fuerzas de seguridad contra los infractores de la cuarentena al grado de que les “puedan doblar la muñeca” y que les sean decomisados los vehículos en los que se conducen. Además la Sala advirtió a policías, militares y funcionarios que serán responsables penalmente de que si sus actuaciones violenten los derechos fundamentales de la población por obedecer órdenes ilegales.
Cordones militares sin resultado
El primer caso del COVID-19 fue registrado el 18 de marzo pasado en Metapán, Santa Ana, lo que llevó al gobierno a imponer un cerco sanitario por 48 horas para tratar de identificar a todas las personas que tuvieron contacto con el paciente que entró por un punto ciego, cuando retornaba de Italia.
Videos de personas en la zona del Malecón y la aglomeración de usuarios en el mercado del referido municipio fue motivo para que el presidente Nayib Bukele autorizara el cordón “sanitario” por 48 horas.
“Todas las personas tendrán que estar en sus casas y el cien por ciento de negocios cerrados. Tampoco aplicarán las excepciones”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter. Lo anterior significó que ninguna persona podía entrar ni salir de la ciudad portuaria.
El fiscal general, Raúl Melara, acudió al Puerto de La Libertad para verificar si era legal o no la medida que culminó la noche del domingo pasado. Sin embargo, un teniente del Ejército le negó la información sobre el cerco militar y policial bajo el argumento de que no estaba autorizado a proporcionar esa información.
TAMBIÉN: Gobierno maquilla militarización como cerco sanitario, dicen diputados
Melara explicó que también se investiga varias denuncias de residentes del Puerto que aseguraron que el cordón les violentaba sus derechos constitucionales.
A pesar del gran despliegue propagandístico por parte del gobierno con respecto a esos cercos “sanitarios”, hasta el momento se desconocen los resultados en materia de prevención o combate de la pandemia que han arrojado esos dos cordones.
El Colegio Médico ha cuestionado que esos cordones sean más militares policiales que sanitarios por lo que considera que no han sido efectivos, ya que no se requieren de soluciones militares sino de soluciones sanitarias.
Policía hiere a joven por no darle 50 dólares
Cuatro días después de que el presidente Nayib Bukele les ordenara a policías y militares a ser más duros con los supuestos infractores de la cuarentena domiciliar, un agente de la Policía hirió de bala a Alfredo Isaac Canesa Flores, porque este se negó a darle $50 a cambio de que no lo llevara a un centro de contención. Este hecho ocurrió el 10 de abril en el cantón Chilata en San Julián, Sonsonate.
Alfredo y Eduardo R. salieron en sus motocicletas con el fin de echarle combustible a las mismas, pero a pocos metros, sobre la calle principal del cantón, fueron detenidos en un retén donde había cuatro policías.
En un primer momento, les dijeron que los detendrían por violar la cuarentena y por no llevar mascarilla. “Tenían un retén y lo detuvieron. Un agente lo hirió con balas de fusil. Cómo a alguien se le ocurre balear a otro solo porque se le antoja. Mi hijo había estado trabajando en la colonia Guadalupe”, dijo Alfredo Canesa, padre del joven baleado.
Testigos aseguraron que los policías estaban violentos desde antes de que detuvieran a los dos jóvenes. “Se notaba que algo les pasaba, como que andaban enojados porque cuando registraron un taxi, levantaron los asientos con bastante violencia”, dijo un testigo.
Al día siguiente del hecho, la Policía informó en su cuenta de Twitter que Alfredo “no se consideraba ofendido” del agente que le causó dos heridas de bala en las dos piernas, porque había sido un accidente.
Sin embargo, la familia del joven desmintió esa versión y pidieron que se le hiciera justicia. También rechazaron la información de la Policía en la que aseguraba que Alfredo no portaba la tarjeta de circulación de la motocicleta ni la licencia de conducir.
Dos días después, la Fiscalía General ordenó la detención del agente de la Policía que supuestamente disparó contra el joven y el Juzgado de Paz de San Julián lo envió a prisión preventiva.