Una de las últimas batallas contra la corrupción que ha libró la abogada Ruth López fue la denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, por contrataciones irregulares durante la pandemia, así como solicitudes sobre el uso irregular de dineros del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
"Hace cinco años fue la pandemia que cobró la vida de miles de personas, pero también una pandemia que sirvió para que muchos funcionarios se beneficiaran de los recursos públicos y de las contrataciones públicas", dijo López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, el pasado 25 de marzo, cuando presentó la denuncia.
En octubre de 2024, también pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las anomalías que hubo en la entrega de subsidios durante la pandemia de COVID-19, específicamente posibles delitos en la entrega de $300 que el gobierno de Nayib Bukele hizo a familias afectadas en 2020.
Este caso fue conocido como el "Caso 300", que documentó cómo durante la pandemia se entregó dinero del FOPROMID a organizaciones terroristas (pandillas).
Fueron 513 millones de dólares los que Bukele destinó para la entrega de ese bono, según dijo López el pasado 24 de octubre, cuando interpuso un aviso de denuncia, en la Fiscalía General, institución que el domingo anterior ordenó su captura bajo cargos de peculado (apropiación indebida de dinero del Estado).
Según López, el gobierno no estableció los controles y mecanismos suficientes para supervisar la entrega de los $300, lo cual derivó en que muchas familias no lo recibieran y algunas personas lo recibieron más de una vez.
En la entrega de los $300 fueron favorecidos miembros de pandillas que fueron condenados por ello. Además, la Corte de Cuentas de la República detectó 22 irregularidades en la entrega de ese subsidio, pero la FGR no investigó más.
Tres meses antes, había revelado una investigación hecha por Cristosal, que determinó que desechos humanos provenientes del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) estaban contaminando los mantos acuíferos de la zona.
El estudio de Cristosal reveló que más de 130 estudiantes de dos escuelas reciben agua insalubre y contaminada con heces y bacterias proveniente del CECOT, en tres comunidades aledañas a esa cárcel.
En febrero de 2022, la abogada pidió a la Corte de Cuentas que investigara la posible utilización de fondos públicos para el espionaje de periodistas y personas defensoras de derechos humanos mediante el programa Pegasus. En esa ocasión solicitó que se realizara un "examen especial sobre el uso de los fondos públicos" del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ministerio de Seguridad, Presidencia de la República y del Ministerio de la Defensa.én
López también ha presentado denuncias por el uso de fondos públicos en la implementación del bitcóin, incluyendo un aviso penal ante la FGR por posible fraude relacionado con la Chivo Wallet.
En el ámbito de los derechos humanos, ha participado en denuncias y audiencias internacionales, representando a organizaciones salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual solicitó que se rechazara una reforma constitucional que permitiría a una misma legislatura aprobar y ratificar enmiendas a la Constitución, abriendo la puerta a la reelección presidencial inmediata.
López ha estado al frente solicitando se declarase inconstitucional la Ley de Minería Metálica, y se ha pronunciado contra el desalojo de familias que viven en los terrenos donde se construyen los llamados proyectos del Aeropuerto y Tren del Pacífico.
Este martes, la organización Alianza Américas se sumó a las organizaciones locales e internacionales que se han pronunciado por su captura. Ya suman más de 100 organismos que condenan la detención. En sus pronunciamientos, las organizaciones piden se le respete su integridad y exigen su pronta liberación.
La BBC incluyó a Ruth López como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, durante 2024, debido a su activismo a favor del respeto a los derechos humanos y en contra de la corrupción.
A más de 24 horas de haber sido capturada, el presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre el arresto orquestado por la Fiscalía al mando de Rodolfo Delgado, quien fue impuesto Bukele en junio de 2021 para sustituir al entonces fiscal Romeo Melara, quien junto a un grupo de fiscales investigaba diversos actos de corrupción en el gobierno de Bukele, entre estos la negociación con pandillas y el enriquecimiento ilícito de varios de sus funcionarios que, aparentemente, se apropiaron de fondos destinados para enfrentar la pandemia de COVID-19, en 2020.
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