Cristosal denuncia ante el TEG Alabí y a extitular de FONAES por posibles irregularidades cometidas en pandemia

Cristosal presentó este jueves una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que se investigue a Francisco José Alabí Montoya, titular del Ministerio de Salud, y Jorge Alejandro Aguilar Zarco, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) por posibles faltas éticas cometidas en 2020, en el marco de la emergencia por la pandemia de Covid-19.

Esto, a cinco años de la emergencia sanitaria por Covid-19, previendo que el caso estaría por prescribir, tal como maneja el TEG. 

“Hace cinco años fue la pandemia que cobró la vida de miles de personas, pero también una pandemia que sirvió para que muchos funcionarios se beneficiaran de los recursos públicos y de las contrataciones públicas”, señaló Ruth López, jefa del Área Anticorrupción de Cristosal. 

Entre los hechos que la organización ciudadana denuncia destaca la compra de 100,000 protectores faciales por parte del Ministerio de Salud a la sociedad INSEMA, S.A.de C.V., de la cual identificaron que Aguilar Zarco era accionista y presunto beneficiario final.

La organización informó que el contrato fue por $250,000, a un precio unitario de $2.50 por cada protector facial de la marca Invemask, precio que representa un sobreprecio del 121%, en comparación con los precios ofertados en entidades privadas.

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“Al momento de la contratación, Aguilar Zarco ejercía como presidente del FONAES y mantenía su condición de accionista y beneficiario final de INSEMA, lo que constituiría un conflicto de intereses”, señaló el abogado de Cristosal, Jonathan Sisco. 

Además, Cristosal anunció que un hecho alarmante es que los protectores faciales adquiridos no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas, según el decreto legislativo vigente, “lo que sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales”.

TEG sin actuar

Cristosal urge al TEG a investigar estas irregularidades de manera inmediata y establecer responsabilidades, asegurando que el dinero de los salvadoreños y salvadoreñas se utilice de manera transparente y eficiente.

“Hace algún tiempo varias personas, organizaciones presentaron denuncias ante este Tribunal y el Tribunal de Ética lo que hizo fue lavarse las manos en muchos casos”, dijo López.

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Esta no es la primera denuncia que interpone Cristosal ante posibles faltas éticas, en noviembre presentaron otra denuncia contra Alabí, quien presuntamente habría realizado actuaciones en su calidad de funcionario que beneficiaron a sus familiares.

 “Le dijimos al TEG los mecanismos que podían utilizar para obtener otro tipo de indicios y pruebas para acompañar en el proceso”, indicó López, quien dijo que el TEG remitió los casos a Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República, pero que a la fecha no se conoce de los avances de los casos.

Cuestión de voluntad

El Diario de Hoy consultó con Cristosal sobre qué requiere el TEG para procesar los casos, pues ya ha llevado a estudio con su respectiva imposición de sanción una falta cometida por una alta funcionario de Nayib Bukele, Carolina Recinos, a lo que Cristosal resumió en que es voluntad.

“Lo que le impide al Tribunal de Ética es la voluntad política, es decir, que el Tribunal no actúe, no cumpla con las funciones establecidas en la ley, y por lo tanto mantenerse al margen ha sido una práctica tradicional del TEG”, indicó López.

Sin embargo, recordó que el caso procesado en 2023 no es el único caso que representó una falta ética.