El reporte para 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en El Salvador establece que hay “informes creíbles” de falta de separación de poderes, abusos policiales y restricciones a la libre expresión, entre otras fallas.
Si bien el reporte habla de las elecciones libres y la legitimidad del Gobierno de Nayib Bukele, este sí especifica ataques a los derechos humanos de la ciudadanía en general, los medios y la oposición.
“El Salvador es una república constitucional multipartidista con un gobierno democráticamente electo. En 2019, los electores eligieron a Nayib Bukele como presidente para cinco años. En general, la elección fue libre y justa de acuerdo a observadores internacionales. Las elecciones municipales y legislativas tuvieron lugar el 28 de febrero (2021) y fueron ampliamente “libres y justas”, indica el documento.
No obstante, el informe enumera graves faltas a los derechos humanos. Por ejemplo, en el primer capítulo donde se analizó el respeto a la integridad de la persona, señala que: “No hubo reportes que el gobierno y sus agentes hayan cometido asesinatos con motivación política. Sin embargo, hubo informes de la participación de las fuerzas de seguridad involucradas en muertes extrajudiciales de miembros de pandillas”.
De hecho, detalla que al 25 de octubre de ese año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) estuvo investigando siete casos de ejecuciones extrajudiciales, seis atribuidas a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y uno a las fuerzas armadas.
Menciona los crímenes contra dos simpatizantes del FMLN cometidos por empleados de seguridad del Ministerio de Salud.
“Los tres perpetradores trabajaban en el ministerio de Salud, el presidente Bukele tuiteó que el ataque fue un complot de sus rivales políticos para afectar a su partido Nuevas Ideas en las elecciones del 28 de febrero pasado pero no hubo evidencias de tal complot”, reza el documento.
Desapariciones en El Salvador
En ese apartado se analizó el fenómeno de las desapariciones. Al respecto, Estados Unidos hace referencia a que “reportes de medios de comunicación alegaron que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en desapariciones ilegales”.
Además, sostiene que si bien la ley salvadoreña prohíbe la tortura o acciones degradantes “hasta el 31 de agosto la PDDH había recibido 13 denuncias por tortura o tratos crueles o inhumanos por parte de la PNC y una por parte de las fuerzas armadas”.
Además, puntualizó que hasta septiembre, la PNC registró un total de 95 denuncias contra policías involucrados en delitos y faltas. De éstas, 38 se referían a homicidios cometidos por policías.
VER: Estados Unidos llama a gobierno Bukele a respetar debido proceso y libertad de expresión
Impunidad
Asimismo, expone que la impunidad fue un problema en los cuerpos de seguridad del país debido a la “politización y a la corrupción en general”.
El estudio no dejó de apuntar que el presidente Bukele eliminó esfuerzos para combatir la impunidad, dado que en junio puso fin al acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos para respaldar a la Comisión Internacional contra la Corrupción Impunidad (CICIES).
Por otra parte, indica que hasta el 31 de agosto, la PDDH reportó 25 denuncias por detención arbitraria o detención ilegal. Recordó que el 1 de septiembre sin orden judicial y sin explicar motivos se detuvo a Mario Gómez, crítico de la implementación del bitcoin como moneda de curso legal.
Establece que “el gobierno no siempre respetó la independencia judicial y que este órgano se vio abrumado por la ineficiencia”. Hasta agosto de ese año hubo 65 denuncias por falta de juicio público justo.
Un hecho que no pasó desapercibido en esta investigación es la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general pues subraya que fue sin concederles el debido proceso.
“El 30 de junio, la Asamblea instaló nuevos jueces leales al presidente para remplazar a los cinco magistrados destituidos”, dice el escrito.
Restricciones a la libertad de expresión
En la segunda sección se abordó el respeto a las libertades civiles, y específicamente se analizó la situación de la libertad de expresión para miembros de la prensa y medios en línea.
Respecto a esto indica que hay restricciones a la libertad de expresión y medios de comunicación, además, incluye que hay censura.
“Periodistas de varios medios digitales e impresos acusaron públicamente al presidente Bukele, a su gobierno y partidarios de un patrón de hostigamiento diseñado para constreñir a los medios”, señala EE.UU.
Y hasta el 30 de agosto, APES había registrado 173 agresiones a periodistas, un aumento del 73% en comparación al 2020.
Sobre la participación política se destacó que algunos funcionarios públicos hicieron campaña en el marco de las elecciones pese a que lo prohíbe la ley. También señaló el bajo indice de participación de la mujer en la política.
Corrupción y transparencia
Sobre la corrupción y opacidad se dice que aunque la Corte Suprema investigó la corrupción en los poderes ejecutivo y judicial remitió algunos casos a la fiscalía “la corrupción y la impunidad siguen siendo endémicas”.
“Múltiples funcionarios del poder ejecutivo fueron acusados de participar en actos corruptos, En muchos casos, el gobierno ignoró las acciones”, a menos que fueran opositores políticos, enfatiza el informe.
En este capítulo se menciona la publicación de El Faro donde se acusa al gobierno de Bukele de negociar con líderes de pandillas desde 2019 para obtener apoyo electoral.
El estudio incluye un análisis de la postura gubernamental hacia la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de derechos humanos.
Acá se consideró el discurso que brindó el mandatario en junio 2021 cuando anunció el comienzo de la batalla del pueblo contra “el aparato ideológico”, refiriéndose a las organizaciones de sociedad civil y medios como “enemigo interno que controla la forma de pensar de la gente”.