En El Salvador, se ha convertido en práctica común que aquellos usuarios de redes sociales que cuestionan o incomodan al presidente de la República, o a algunos de sus funcionarios, son bloqueados por estos.
A juicio de la organización Human Rights Watch (HRW), que tutela el acceso a derechos fundamentales en todo el mundo, “estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público”.
El 8 de octubre, esta institución comenzó a recopilar información sobre esta práctica de funcionarios salvadoreños. Tras solicitar a usuarios de redes que reportaran sus casos, la institución indica que “identificó el bloqueo de 91 cuentas, la gran mayoría de ellas en Twitter, entre las cuales había cuentas de periodistas, abogados, activistas y ciudadanos comunes. La mayoría han sido bloqueadas por el presidente Bukele. Instituciones gubernamentales, incluyendo la oficina de la Casa Presidencial, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones, también han bloqueado algunas cuentas”. Asimismo, añade que el número de bloqueos es probablemente mayor.
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La institución considera esta práctica como parte de una “estrategia más amplia del gobierno de Bukele para silenciar críticos y reducir la transparencia”.
Y es que el presidente de la República ha utilizado la red social Twitter como uno de sus medios predilectos para hacer anuncios de diferentes tipos. Desde anuncios de futuras obras, políticas públicas, restricciones por la pandemia, avances sobre su proyecto de Bitcoin, posturas ante diversas situaciones, hasta el despido de funcionarios, numerosos temas de interés general han sido dados a conocer en esta red social. Por ende, estar bloqueado implica perder acceso a importante información pública.
En esta línea, Juan Pappier, investigador senior para las Américas de HRW, considera que “el presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”. Por ello, añadió, “al bloquear a personas con las que está en desacuerdo, Bukele les niega el acceso a información pública y restringe su interacción con los funcionarios que las representan”.
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Según HRW, como los bloqueados no pueden reaccionar a las publicaciones del presidente o los funcionarios, esto también les restringe su capacidad de participar en debates públicos y su libertad de expresión. Y si este impedimento de ver las publicaciones se da después de críticas, como suele ser el caso, “constituye una discriminicación sobre la base de sus opiniones”.
Golpea libertad de prensa
Según HRW, esta práctica también lesiona la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Estos han sido duramente golpeados por la administración Bukele, que además de los bloqueos mantiene una política de hostigamiento, acoso y ridiculización de los periodistas independientes.
“Los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información”, señala la institución. Esto obstaculiza su trabajo y el derecho de los ciudadanos a conocer lo que sucede en el Estado.