El reciente informe sobre violaciones a derechos humanos a un año de la implementación del régimen de excepción, presentado por seis organizaciones sociales, reveló que el 2% de la población adulta en El Salvador se encuentra encarcelada.
“Hasta la fecha se calcula un total de 101,558 de personas privadas de libertad, pdl (…) lo cual ha generado una tasa de 2,303 de pdl por cada 100 mil personas adultas, conformando un 2% de la población adulta total del país y convirtiendo a El Salvador en el país con la tasa más alta en el mundo”, señala el informe.
Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para la Prevención de Violencia Juvenil y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco, explica que al analizar estos datos desde la aproximación de la convivencia y la cultura de paz, estos demuestran las desigualdades, la corrupción, la debilidad de las instituciones de justicia y la poca efectividad con que se ha manejado la seguridad en el país.
Asimismo, el académico considera que desde el punto de vista de la seguridad pública, estos datos revelan que en el país se tenía un problema serio de inseguridad y que el sistema de justicia no estaba funcionando para capturar y mantener a los detenidos dentro del sistema penitenciario; tampoco funcionaban las puertas de salida como la rehabilitación y la reinserción.
Por su parte, Abraham Ábrego, director del Programa de Litigio Estratégico en Cristosal, considera que el porcentaje de población adulta encarcelada genera una situación crítica en el sistema penitenciario, derivada de las detenciones masivas realizadas desde que inició el régimen de excepción.
“No es saludable en términos generales para el sistema penitenciario, el cual debería servir para resocializar a las personas que se encuentran condenadas y permitir su reinserción a la sociedad”, asegura.
Ábrego explica que lo que se ha ido generando es un sistema penitenciario de castigo, que solo genera un incremento de la población carcelaria y no es de utilidad para la sociedad.
Torres explica que para analizar cómo llegamos a tener ese porcentaje “tan significativo” de personas en las cárceles es importante partir de una perspectiva histórica. “Venimos de una sociedad históricamente violenta y desigual, de grandes convulsiones sociales que nos llevaron a serios conflictos sociales y un conflicto armado”, indica.
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Henri Fino, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, agrega que se ha llegado a ese punto porque el Estado no tiene una política criminal. “Hemos insistido en Fespad que la política criminal debe contener prevención, represión y reinserción; llegamos a ese 2% por la ausencia de la prevención. Es grave, en ningúna parte del mundo, ningún país tiene tan alta tasa de detención”, señala.
Torres enfatiza que tampoco se ha trabajado en procesos de sanación y reconciliación.
“Por tanto quedó en el pensamiento de las personas que los conflictos se solucionan con violencia y muerte. Han pasado varias generaciones después de la guerra y seguimos sin resolver nuestros problemas de convivencia desde la no violencia”, explica.
Soluciones
Para bajar las altas tasas de encarcelamiento, Torres señala que se necesita, de manera urgente, una política y ley de prevención de violencia, convivencia y paz, que ayude a fortalecer los factores de protección como: el trabajo preventivo en la familia y la focalización de los proyectos preventivos en la niñez y juventud a nivel comunitario.
“Se debe buscar que las comunidades tengan una atención municipal más eficaz y eficiente. La administración municipal debe estar descentralizada y presente en los territorios”, asegura.
El especialista en prevención de violencia destaca, que por el momento, ninguna institución del Estado está trabajando en un programa de intervención sistemático de prevención de violencia y de cultura de paz, para abordar la prevención de forma integral.
Fino agrega que es fundamental apostarle a la educación, la creación de fuentes de trabajo y la generación de oportunidades. “Para que esto no aumente se debe invertir en prevención. Aunque esta inversión de resultados a largo plazo”, dice.
De manera inmediata, Ábrego recomienda al Estado abandonar la política de detenciones arbitrarias masivas y generar reformas de carácter penal para garantizar que la prisión o la detención sea excepcional.
El representante de Cristobal agrega que el Estado debería contar con programas de reinserción de población penitenciaria, para que las personas procesadas puedan solventar ciertas fases de sus condenas fuera de la prisión.
Ábrego explica que pueden implementarse mecanismos que permitan que personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas sean favorecidas con decretos especiales para finalizar su condena en arresto domiciliario.
“Sin embargo, si se sigue con esta política de detenciones masivas, es difícil superar esto”, puntualiza.
Por otra parte, Torres recomienda al Estado pedir apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reintegrar a la sociedad a los privados de libertad. “Debe sentarse a negociar con la comunidad internacional el mejor modelo a implementar y los compromisos que como Estado está dispuesto a asumir para devolverle la paz y la democracia plena a El Salvador”, opina.
Para el especialista, es importante recordar que ese porcentaje de personas que ahora está detenida en algún momento generó violencia que dejó luto, dolor y sufrimiento a las familias salvadoreñas.
“Estoy casi seguro de que esa familia dañada no recibió atención ni mucho menos procesos de reparación o reconciliación, por tanto, el daño colateral que ese 2% causó, aún podría seguir afectando a algunas familias en el país económica o emocionalmente”, expresa.
Organizaciones sociales han registrado un total de 4,723 denuncias de violaciones de derechos humanos desde que se implementó el régimen de excepción y sus prórrogas. El hecho violatorio más denunciado ha sido la detención arbitraria, el cual predomina en un 95% de los casos denunciados.
“Este hecho vulnerador no puede verse aislado, pues en gran medida, las denuncias reflejan que ha estado acompañado de otras violaciones como el allanamiento de morada, amenazas, acoso policial, malos tratos, inhumanos o degradantes, tortura, intimidación y falta al debido proceso”, señala el informe.
En el documento, las organizaciones sociales hicieron un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos y que brinde un abordaje integral, diferenciado y oportuno a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad.
Una semana después de la presentación del informe de las seis organizaciones sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también llamó al Estado de El Salvador a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses en el marco del régimen de excepción.
Asimismo, la CIDH urgió al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le recordó al gobierno salvadoreño que “los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas. Para ello, la actuación estatal debe estar siempre enmarcada en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente”.