La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama al Estado de El Salvador a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses en el marco del régimen de excepción.
Asimismo, la CIDH, un organismo autónomo de la OEA (Organización de Estados Americanos), volvió a urgir al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas.
"La CIDH hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos y garantías suspendidos y reitera su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos", dice en el comunicado emitido por la entidad este 6 de abril.
El pasado 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la décimo segunda prórroga consecutiva del régimen de excepción, mediante la cual se mantienen suspendidos derechos y garantías constitucionales, reseña el organismo.
Además, la CIDH reitera que ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando han sido aplicadas de manera indefinida, "constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común".
El organismo de la OEA le recuerda al gobierno salvadoreño que "los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas. Para ello, la actuación estatal debe estar siempre enmarcada en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente".
También afirma que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos "se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción".
De acuerdo a información de la CIDH, al menos 65,795 personas han sido detenidas desde la instalación del régimen de excepción por estar presuntamente vinculadas al crimen organizado, de las cuales cerca del 90% tuvieron la prisión preventiva decretada, según información pública de 1 de marzo.
Ante ello, reitera su preocupación por las múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. "También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal", apunta en el escrito.
La Comisión expresa que reconoce los grandes retos del Estado para enfrentar los altos índices de violencia de las pandillas, pero reafirma que debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia "se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho".
