Las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción han trascendido a nivel internacional. El pasado martes, una coalición de partidos políticos solicitó al Congreso de de España que exija un pronunciamiento al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las presuntas violaciones a derechos humanos y sobre el restablecimiento de los derechos y garantías suspendidas por el régimen de excepción en El Salvador, que inició en marzo de 2022 tras un fin de semana con 87 homicidios.
La petición fue presentada ante la Comisión de Justicia por el diputado Enrique Santiago, de Sumar, coalición que tiene 31 de los 150 escaños del Congreso. La comisión aprobó que la moción sea discutida en el pleno.
"La deriva autoritaria de (Nayib) Bukele está acabando con la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Sus macrocárceles son un negocio de secuestro y trata de personas, pagado por (Donald) Trump. Ha construido un estado de excepción permanente", señaló Santiago en sus redes sociales.
La propuesta de Sumar es pedirle al gobierno de España que exija tres puntos específicos, en el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales con el gobierno salvadoreño.
En primer lugar, plantean al gobierno español que se exija el restablecimiento de los derechos y garantías suspendidas para todos los ciudadanos salvadoreños desde marzo de 2022.
#Internacional | El diputado y portavoz parlamentario de @IzquierdaUnida @EnriqueSantiago interviene en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar una Proposición no de Ley relativa a la situación de derechos humanos en El Salvador,🇸🇻 en el Congreso de… pic.twitter.com/LikQkq1QpT
— UNIDEHC EL SALVADOR (@Unidehc) May 6, 2025
El congresista español brindó un informe ante la comisión en el que explicó que, según señala Amnistía Internacional, las graves violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción "reflejan un patrón generalizado de abuso estatal que registra miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal".
Por otra parte, piden permitir el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas, en las prisiones y en la audiencias judiciales, para que puedan verificar el respeto a los derechos humanos.
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Santiago expuso que el régimen de excepción se ha ido desnaturalizando hasta "ser un instrumento fundamental de una política represiva" provocando capturas arbitrarias, violaciones a derechos humanos y el irrespeto de la presunción de inocencia y el debido proceso.
También pidió solicitar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil nacionales como extranjeras, para contribuir a establecer una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
El diputado de Sumar agregó que se conocen denuncias de ataques y hostigamientos contra la oposición política, activistas de derechos humanos, sindicatos y periodistas independientes "para obstaculizar su trabajo de apoyo a la población más vulnerable".
La abogada Ivania Cruz, representante de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) quien se encuentra en España, reaccionó a la petición de Sumar.
"Está iniciativa de SUMAR contó como fuente de información los informes proporcionados por nuestro equipo de Unidehc. A nivel internacional se conoce sobre los retrocesos de los derechos humanos, la persecución política y la dictadura instalada por el Gobierno de @nayibbukele", publicó en su cuenta de X.
#Internacional Nuestro viaje de Octubre y Febrero al Congreso de España ya dió resultados ✊🤓. En la comisión de justicia se presentó la iniciativa ante la situación de El Salvador, nuestros informes fueron parte de la fuente de información. @Unidehc @Bloque_RP @InformaTV_… https://t.co/pZoj2A64be
— Ivania Cruz (@IvaniaCruz15) May 6, 2025
Cruz y su esposo Rudy Antonio Joya, ambos representantes de la Unidehc, fueron declarados imputados rebeldes el pasado 6 de mayo por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, donde enfrentan un proceso por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de lotificaciones.
Los acusados han denunciado que se trata de persecución política por el trabajo que habían realizado desde 2019 en defensa de los derechos humanos de personas que el Gobierno busca desalojar de diferentes partes del país.