La jueza 3 del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado declaró rebeldes a los imputados Ivania Cruz y Rudy Joya, representantes de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), y ordenó la detención provisional de ambos, mientras el caso continúa en la etapa de instrucción.
La jueza ordenó la captura de los dos abogados e informó que enviará el informe a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que esta emita la difusión roja de captura internacional.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, juez 3, declaró rebeldes a Ivania Cruz y Rudy Joya de @Unidehc y ordenó la detención provisional de ambos mientras el caso sigue a la etapa de instrucción. @elsalvadorcom 📷 Cortesía pic.twitter.com/I2318Vac8x
— Lissette Lemus 🇸🇻 (@lissettelemusSV) May 5, 2025
La decisión fue tomada durante una audiencia especial realizada ayer, en la cual los defensores fueron representados por el suplente de un defensor público, asignado por el tribunal, debido a que los abogados particulares no comparecieron.
Cruz y Joya son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelaciones y lotificaciones en una finca en San Juan Opico, La Libertad. Ellos consideran que el caso, denominado por la Fiscalía como La Floresta, ha sido "fabricado" en represalia a la labor de defensa de los derechos humanos que ellos han realizado desde Unidehc.
Cruz explicó, vía telefónica, que uno de sus abogados particulares está fuera del país y que el otro tenía otra diligencia judicial. Agregó que el viernes 2 de mayo presentaron un escrito ante el tribunal para solicitar la reprogramación de la audiencia, debido a que la agenda que ellos tenían programada en Europa se ha "ampliado".
En la petición manifestaron que tienen programadas reuniones del 6 al 9 de mayo en Ginebra, Suiza, con el alto comisionado de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial de los Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría de Jueces y Abogados Independientes, por lo que tienen agendado su regreso para el 20 de mayo.
La jueza expuso durante la audiencia que el escrito presentado por los imputados, a través de sus abogados, no cumplía con los requisitos que establece la ley, debido a que fue presentado en una copia simple, cuando debió ser apostillado. Por otra parte, afirmó que los imputados habían sido informados desde el 26 de marzo de la nueva fecha, por lo que, a su juicio, "se denota que quieren evadir la justicia".
"Ellos efectivamente están evadiendo la justicia y no están dando la información completa", expresó la jueza.
Además, dijo que ya se les había dado un tiempo prudencial para que comparecieran a la audiencia, que originalmente estaba programada para el 18 de marzo de 2025.
Al conocer la decisión de la jueza, Cruz reaccionó diciendo que no confía en el sistema judicial.
"Es evidente que no confiamos en un sistema de justicia corrupto del régimen de (Nayib) Bukele. Por lo que no estaríamos presentes en la audiencia de este día. Este día nos declaran en rebeldía y emiten alerta roja. Condenamos estás acciones dónde no se garantiza el debido proceso, ni nuestros derechos", publicó en su cuenta de X (Antes Twitter).
En la audiencia especial celebrada este lunes, el fiscal Iván Hernández sostuvo durante sus alegatos que los abogados son parte de una estructura organizada en la cual sus integrantes tenían roles y funciones. Cruz y Joya son acusados por testigos protegidos y residentes del lugar.
Por otro lado, el fiscal señaló que la organización Unidehc no estaba legalmente constituida, según consta en los registros del Ministerio de Gobernación, y que era un grupo de "fachada" que tenían como finalidad invadir el inmueble y apropiarse del mismo".
En cuanto a la acusación de comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, la Fiscalía asegura que los abogados hacían cobros para su beneficio, lo cual, según la acusación, está demostrado con los recibos simples que extendían, algunos por servicios de medición.
La defensa pública expuso que no se configura el delito de agrupaciones, porque en ningún momento se había hablado de jerarquía en la estructura; y en cuanto al delito de comercialización ilegal, el defensor dijo que es una situación que se debe resolver por la vía civil.
El pasado 14 de marzo, la misma jueza decidió enviar a prisión a Fidel Antonio Zavala y 23 personas más mientras siguen las investigaciones del caso.
Los imputados fueron capturados el 25 de febrero, durante diferentes allanamientos en la finca La Floresta de San Juan Opico; en la vivienda de Cruz y en las oficinas de Unidehc.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales han mostrado su rechazo y han denunciado que este caso tiene como objetivo principal la criminalización de los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, han mostrado su preocupación por la integridad y la vida de Zavala, ya que este denunció las torturas de las que fue testigo dentro de las prisiones salvadoreñas, cuando estuvo encarcelado durante 13 meses, mientras era procesado por el delito de estafa, por el que al final fue sobreseído.