Más de 5,400 denuncias de personas que han sufrido supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales contabilizan seis organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha.
Uno de los hechos más graves documentados por las organizaciones sociales son las muertes bajo custodia del Estado que suman 173.
Los denunciantes señalaron que muchos de los cadáveres de las víctimas presentaban señales de tortura, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento.
Detenciones arbitrarias, falta al debido proceso, tratos crueles e inhumanos, acoso, amenazas, lesiones y agresiones sexuales, son otros de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
En cuanto a las detenciones arbitrarias y vulneración al debido proceso, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, explicó que las detenciones no van a acompañada de una orden de captura. Además, se los llevan con mentiras diciéndoles que les harán preguntas en una delegación o se les menciona un delito al momento de la detención y luego se les acusa por otro.
En otras situaciones los ciudadanos son detenidos en su casa, pero luego en la acusación señalan que han sido capturados en la calle, con un grupo de personas o cometiendo ilícitos, expuso Reyna.
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En cuanto a los grupos poblacionales más afectados siguen siendo los jóvenes de 19 a 30 años con 53% y las personas entre 31 y 59 años con un 33%. En cuanto al género, aunque la mayoría de capturados son hombres, son las mujeres las que deben cargar con las responsabilidades del hogar y los trámites generados por la detención.
Por otra parte, destacan la afectación a grupos vulnerables, entre estos, las mujeres trans. “No se está respetando la identidad de género de las víctimas por ejemplo a mujeres trans están detenidas en cárceles para hombres lo cual genera riesgo de agresiones o violaciones sexuales” manifestó Reyna.
Niñez afectada
Karla Rodríguez, representante de Cristosal, expuso la situación de vulneración y las afectaciones psicológicas en la niñez y la adolescencia causadas por las acciones relacionadas al régimen de excepción.
“Desde los casos que estamos atendiendo tenemos niños, niñas y adolescentes con características de estrés postraumático” indicó Rodríguez.
La defensora de derechos humanos explicó que testimonios documentados por esa organización demuestran que hay muchos niños y niñas que cuando ven a un agente de seguridad se sienten aterrorizados. “Son personas que deberían brindar seguridad a la población y no miedo” dijo Rodríguez.
En otros casos, debido a la desprotección en la que quedan los menores ante la captura de ambos padres o el tutor con el que residían, se ven obligados a abandonar sus estudios, porque los parientes o las familias que los acogen no pueden cubrir con los gastos, aseguró la representante de Cristosal.
Critican papel del Estado
A pesar que las organizaciones civiles han sistematizado los datos de posibles violaciones de derechos humanos las representantes manifestaron que hasta ahora el Comisionado Presidencial para derechos humanos y libertad de expresión, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, no ha tenido ningún acercamiento con ellas.
Asimismo criticaron el hecho que Guzmán Caballero haya negado las vulneraciones a derechos durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nos pareció vergonzoso la participación del Comisionado porque negó la ocurrencia de derechos humanos, también el Fiscal General negó que existieran denuncias sobre este tipo de hechos” declaró Reyna.
La representante del Servicio Social Pasionista comentó que la Fiscalía General de la República está obligada a investigar de oficio denuncias aquellas denuncias que se dan en medios de comunicación.