Mujeres, madres, espsosas, hermanas e hijas de personas detenidas durante el régimen de excepción sufren discriminación y exclusión, denunció el Socorro Jurídico Humanitario en su reciente informe sobre los dos años de implementación de esa medida.
Ese organismo humanitario aseguró que desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha han brindado 7,000 asesorías legales a familiares de personas capturadas por supuestos abusos de autoridad.
Al mismo tiempo recalcó que del total de atenciones a familiares cercanos de detenidos, el 95% son mujeres, lo cual equivale a 6,650, quienes deben lidiar con los trámites, denuncias y la carga económica que significa el tener a una persona en prisión.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó que el grado de afectación en cuanto a privados de libertad es mayor en hombres, son las madres, esposas, hijas, abuelas, y hasta bisabuelas quienes ahora deben asumir el papel de cuidadoras del hogar y proveedoras del mismo, adicional a eso deben “ingeniárselas para llevar el paquete de las personas que se encuentran en las prisiones.
“En su mayoría las mujeres han asumido la responsabilidad de que antes de la detención tenía su esposo, quien proveía a la familia el sustento del hogar” aseguran.
Asimismo el informe indica que las mujeres que son familiares de personas encarceladas sufren todo tipo de discriminación por parte de las autoriadades, la comunidad y la sociedad en general. “Se les niega el derecho al trabajo por ser familiares de detenidos, se les niega el derecho de paternidad a sus hijos”, destaca.
Ayuda
Durante la presentación del informe, Oscar Rosales, abogado del Socorro, explicó que las necesidades básicas para estas mujeres se complican porque tienen que sacar a sus hijos adelante y conseguir el dinero para llevar mensualmente los paquetes para sus familiares, que pueden costar como mínimo 50 dólares.
“Bajo tales circunstancias, el Socorro Jurídico selecciona a aquellas familias en extrema pobreza y gestiona financiamiento o ayuda material ante organizaciones internacionales y personas altruistas, para poder proveer una canasta básica de alimentos a familias y paquetes alimenticios para algunos detenidos” manifestó.
Representantes del Socorro aseguraron que hasta la fecha han entregado 100 canastas de víveres, valoradas en 40 dólares cada una y 100 paquetes para encarcelados de 50 dólares cada uno, por lo que la donación asciende a 9,000 dólares.
Por otra parte, esa organización humanitaria brinda asistencia en primeros auxilios psicológicos para las niñas, niños y adolescentes que han quedado sin uno o sus dos padres luego de las detenciones y a las personas de la tercera edad.
Aseguran que la ayuda psicológica se proporciona bajo los estándares internacionales de la no revictimización y como una respuesta al abandono de la niñez, la adolescencia y los adultos mayores, por parte de las autoridades gubernamentales.
“Para este segmento de la población no existe la Ley Crecer Juntos, no existen los derechos de la niñez y la adolescencia, ni la protección al adulto mayor” criticaron.
El informe señala que el Estado está generando problemas psicológicos a la población.