El padre Bryan Argueta, un joven detenido en el contexto del régimen de excepción, pide a las autoridades correspondientes revisar su caso, alega que no es pandillero, como lo han acusado.
“Yo aplaudo que detengan a los que sí son, pero a la gente que es inocente, no solo mi hijo, sino que hay miles de personas, que por favor los saquen libres” dice.
Bryan fue detenido a las 5:00 de la tarde del 12 de noviembre de 2022. Cuatro agentes de la Policía llegaron a la vivienda en una comunidad de San Salvador y preguntaron por el joven, le revisaron su DUI y la solvencia de la PNC y de Centros Penales, que él había sacado unos días antes, para realizar unos trámites personales.
“El policía dijo que eso no le servía, que se lo iban a llevar a la delegación a investigarlo directamente y que si el cipote no tenía nada, inmediatamente lo iban a soltar ” relata el padre.
Los agentes que habían llegado en motocicleta, esperaron un rato mientras llegaba un carro patrulla, luego trasladaron a Bryan a la delegación de Montserrat. Cerca de las 9:00 de la noche le informaron a la familia que quedaría detenido por el delito de agrupaciones ilícitas y sería enviado, en primera instancia, al “Penalito”.
El padre de Bryan relata que los agentes le dijeron que lo tenían perfilado como gatillero de la pandilla 18, acusación que él niega, alegando que su hijo se había dedicado a trabajar y los únicos tatuajes que tiene son del personaje de videojuegos: Mario Bros.
Según documentos que la familia ha presentado como arraigos, Brayan comenzó la carrera de comunicaciones en una universidad privada, pero no la terminó. Además, había estudiado algunos cursos de Inglés, había laborado como mensajero en un taller de mecánico y en los últimos dos años, estuvo trabajando en una imprenta.
Víctimas de engaños
Los familiares del detenido tenían la esperanza que fuera liberado en la primera audiencia, debido a que consideran que las acusaciones que le han imputado no son ciertas.
Sin embargo, el 28 de noviembre que enfrentó la primera audiencia, el defensor público le dijo a la familia que había sido enviado a prisión mientras seguían las investigaciones.
“Si yo supiera que mi hijo fuera eso de lo que lo acusan, no hubiera hecho nada” agrega el padre del capturado, por ello, en enero de 2023, decidió contratar un abogado particular con la esperanza de que le ayudara.
El señor explica que el abogado al inicio les solicitó 1,000 dólares para comenzar a trabajar en el caso y 1,000 para cuando lo liberaran. Para ello la familia tuvo que hacer un préstamo, para poder pagar la primera parte, sin sospechar que estaban siendo víctimas de un engaño.
Falsa audiencia
El 25 de mayo de 2023, según consta en una denuncia presentada por el papá del capturado ante la Corte Suprema de Justicia, el jurista Manuel A. les pidió 2,000 dólares para pagar una fianza, porque al día siguiente a las 9:00 de la mañana, tenía una audiencia especial de revisión de medidas en un juzgado especializado de San Salvador.
En la tarde del día de la supuesta audiencia, se volvió a comunicar con ellos para darles “la buena noticia” que Bryan iba libre, pero antes tenía que pagar la fianza, para lo cual la familia solo había logrado reunir 1,500 dólares, les dijo que no había problema que lo demás lo podían pagar en abonos.
“Nosotros como pudimos recolectamos el dinero con amistades que me prestaron el dinero, eso fue viernes, el sábado al mediodía nosotros le entregamos los 1500 dólares al abogado, porque dijo que él lo iba a pagar con su tarjeta de crédito” explica el familiar.
Sin embargo, después de eso el abogado no les entregó ni el recibo del supuesto pago, ni la carta de libertad, luego dijo que no salía porque estaba ingresado en el hospital Rosales porque tenía insuficiencia renal.
La familia empezó a sospechar que habían sido engañados y fueron a solicitar información al hospital Rosales, pero ahí les dijeron que como se trataba de un reo no les podían decir nada. Luego con amistades que trabajan en el ministerio de Salud confirmaron de forma extraoficial que Bryan nunca había sido ingresado en el hospital.
Lo último que les dijo el abogado es que el joven no iba a salir porque lo habían obligado en el penal a firmar un documento aceptando que era pandillero.
“Se nos vino el mundo abajo y empezamos a investigar que el abogado no había hecho nada y optamos por poner la denuncia contra él en la Corte Suprema” explica el padre del capturado.
Un escrito del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado hace constar que el acusado no ha tenido ninguna audiencia de revisión de medidas y por ello tampoco se ha requerido de una caución económica o fianza con el fin de favorecerlo con medidas sustitutivas a la detención.
Al final, la familia logró, a través de la sección de investigación profesional de la Corte, que el abogado les devolviera los 1,500 que ellos le habían entregado para pagar la fianza que nunca existió.
Enviado al Cecot
Mientras el padre de Bryan luchaba contra la estafa, su hijo fue enviado al penal de Tecoluca pero pasó un mes sin saber cuál era su paradero. Lo poco que ha logrado averiguar es que se encuentra en uno de los módulos asignados supuesamente para personas personas civiles, capturadas en el contexto del régimen de excepción.
Cada 15 días debe llevarle un paquete de cosas básicas, el cual es entregado en la granja penal de Zacatecoluca. Además, tuvo que afiliarse al sistema de transferencia penitenciario, para poder depositarle un monto de 50 dólares cada 15 días.
Con el dinero que su familia le deposita, el detenido puede comprar en la tienda penitenciaria dentro del Cecot cualquier cosa que esté disponible, aunque los precios triplican el costo de afuera.
Aún así, el padre de Bryan sigue sosteniendo que su hijo es inocente y solo pide que revisen su caso. Confirma que una vez fue detenido en una redada mientras jugaba fútbol en las canchas de Navarro, pero salió libre.
El único problema que había tenido el padre de Brayan, previo a la captura de su hijo, fue una pelea con un hermano por una herencia.