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Oposición: posibilidad de extender régimen de excepción revela que gobierno es “incapaz” de parar delincuencia con herramientas legales ordinarias

El periodo de la suspensión de garantías constitucionales termina el 26 de abril del presente año. Diputados del oficialismo han anunciado su voluntad de ampliar el plazo por 30 días más en cuanto llegue la petición del presidente Bukele.

Por Eugenia Velásquez | Abr 20, 2022- 10:10

Foto EDH / Archivo

Para algunos diputados de la oposición la posibilidad de ampliar el régimen de excepción deja en evidencia que el gobierno es “incapaz” de hacerle frente a la delincuencia con las herramientas legales ordinarias.

“Todo gobierno se ve mal cuando utilizando las reglas extraordinarias como el régimen de excepción no puede solucionar una situación como la que está viviendo el país”, manifestó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.

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Según el diputado arenero, los estados de excepción se usan de manera temporal, “sumamente transitoria” y de manera proporcional al daño causado a la sociedad y que una vez desaparecen las causas que lo motivan deben utilizarse las herramientas legales convencionales.

“El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas”, dicta el artículo 30 de la Constitución de la República.

Centro Penal Chalatenango
Foto Penal de Chalatenango. Foto cortesía

Luego el artículo 31 establece que cuando esas circunstancias desaparecen, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberán restablecer tales garantías.

Para otros, las posibles detenciones arbitrarias de menores de edad y de personas que han fallecido en las cárceles estando bajo el cuidado del Estado, tras haber sido capturadas, es motivo suficiente para no extender dicha medida.

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Hasta este 19 de abril, ya se contabilizaba la denuncia de 4 fallecidos guardando prisión, tras haber sido detenidos como supuestos pandilleros o delincuentes en el marco del régimen de excepción.

“Solo el hecho de que exista la posibilidad de detenciones arbitrarias de un alto número de menores de edad, de posibles fallecimientos de personas que han sido detenidas bajo el cuidado del Estado, es suficiente para no extender el régimen de excepción”, expresó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright.

Su posición concuerda con la de Portillo Cuadra, en cuanto a cumplir lo que reza el Art. 30 de la Constitución, de reevaluar la necesidad o no de ampliar el periodo de aplicación de la suspensión de las garantías constitucionales.

“Esa sería la pregunta que tendríamos que hacerle al gobierno y a las autoridades, si es que efectivamente lo que se dio con 80 homicidios en un día, si esa situación sigue vigente”, manifestó Wright.

Ahondó en que el oficialismo no debe confundir la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y del esquema de legalidad que hace la oposición política con ninguna forma de que eso represente una defensa a favor de los delincuentes.

Las denuncias de “abusos” y el cometimiento de “arbitrariedades” por parte de las autoridades de seguridad en las aprehensiones eran situaciones de esperarse, ahondó la diputada del FMLN, Anabel Belloso, por ello dice que su fracción se abstuvo de votar en el pleno a favor del régimen de excepción.

“Votamos abstención por el contenido que en sus artículos deja mucha ambigüedad y discrecionalidad a las autoridades, afectando a personas que nada tienen que ver con grupos criminales y han sido víctimas de detenciones arbitrarias, a eso nos referíamos. Personas que han sido estigmatizadas, principalmente las juventudes por vivir en zonas de riesgo”, recalcó Belloso.

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