Con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el martes sin análisis la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios en el país, con la que se permite realizar contrataciones directas y obviar la Ley de Contrataciones y Licitaciones de la Administración Pública. El Gobierno había anunciado en días anteriores que enviaría a los parlamentarios una iniciativa en ese sentido.
Como ha sido costumbre en la actual legislatura, los dictámenes más relevantes con medidas y leyes que trastocan al país, no pasan por las comisiones respectivas hasta el mismo día en que son enviadas por el gobierno.
Además, casi todas son aprobadas en tiempo récord horas después de que el gobierno las traslada a la Asamblea, de allí la crítica de la oposición de que los diputados oficialistas se han vuelto “aprieta botones” y la Asamblea “una oficina más del Ejecutivo”.
Para el caso de crear más cárceles, se desconoce con qué fondos se hará posible eso, tampoco se menciona cuántos penales se edificarán ni en qué lugares. El Salvador acumula una deuda millonaria que ha aumentado desde que la bancada de Nuevas Ideas llegó a la Asamblea a aprobar sin ningún reparo una gran cantidad de préstamos solicitados por el Ejecutivo.
La propuesta establece que la creación de más centros penitenciarios obedece al “incremento de la población privada de libertad operativizada por el régimen de excepción”, aplicado desde el pasado 27 de marzo de 2022, mediante el cual las autoridades de seguridad han capturado hasta el 17 de abril a 13,573 personas, algunos de ellos se han declarado inocentes de pertenecer a grupos de pandillas. La ley será declarada de interés público y seguridad nacional.
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"Se salta la LACAP"
“No serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), excepto y en lo pertinente a las garantías, infracciones y sanciones en caso de incumplimiento a lo regulado en la presente ley en cuanto a la ejecución y liquidación de contratos”, señala el artículo 9 de la iniciativa.
Al respecto, diputados de oposición criticaron tal propuesta por varias razones, una de ellas es que permite realizar convenios con privados para su construcción, sin pasar por el proceso de la Lacap.
“Quiero tocar un punto que no han tocado mis colegas del oficialismo: ¿qué miedo le tienen a la Lacap, son alérgicos a la Lacap? ¿Cuántas veces se han utilizado las crisis en lo que va de esta administración para saltarse y para exentuarse de los procesos de licitación?”, se preguntó la diputada de Vamos Claudia Ortiz.
Ella recordó que eso pasó durante la pandemia donde se dieron varios contrataciones y que “aun no se ha aclarado y tampoco han sido llevadas ante la justicia”.
Añadió: “Cada vez que esta administración se salta la Lacap, varios allegados del oficialismo que se llenan los bolsillos con contratos públicos, con contratos de dudosas procedencia y hay videos donde los favorecidos lo están reconociendo”.
Facultades al MOP
El artículo 2 de la iniciativa de ley dice que será el Ministerio de Obras Públicas la autoridad encargada de la planificación, diseño y construcción de los centros penales en coordinación con la Dirección General de Centros Penales, y se faculta al MOP declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios.
Al ser declarados de utilidad pública, de facto se estaría aplicando también la ley de expropiación de propiedades, incluso privadas, la cual fue avalada por la Asamblea Legislativa el año pasado.
“Los propietarios o poseedores de los inmuebles que en todo o en parte estén comprendidos dentro del lugar señalado para la construcción del Establecimiento Penitenciario, tienen la obligación de presentarse ante el MOPT dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación del segundo anuncio en el Diario Oficial o en periódico de mayor circulación, a manifestar por escrito si están dispuestos a la venta voluntaria de los inmuebles afectados, conforme las condiciones y por el precio que convengan con el MOPT, para lo que se procederá a la formalización de la escritura correspondiente”, reza el inciso dos del artículo 12 del proyecto de ley.
Y en los casos en que el Ministerio de Obras Públicas no logre un acuerdo con los propietarios de los inmuebles declarados de utilidad pública para construir cárceles, podrá seguir a través de la Fiscalía el procedimiento especial de adquisición de las propiedades privadas.
La diputada de Vamos cuestionó también ese aspecto. “Con esta ley el MOP va a concentrar la propiedad de todos los inmuebles que están en este momento en nombre de cualquier entidad pública, ¿es necesario eso? lo pregunto porque además esto lo estamos aprobando con dispensa de trámite”, señaló.
La legisladora dijo que “no había escuchado antes al oficialismo discutir si se necesitaban más o menos cárceles” y que “esto parece que es algo que se les acaba de ocurrir”. ¿Es así como se planifica la seguridad del Estado? preguntó en el pleno.
En el Art. 25 se establece que si al efectuar la adquisición de los inmuebles sus propietarios fueren deudores del Ministerio de Hacienda o del municipio, el Ministerio de Obras Públicas, o el juez en su caso, no harán efectivo el pago del valor correspondiente mientras el vendedor no cancele su deuda.
En el artículo 4 de la propuesta de ley se manifiesta que el Ministerio de Obras Públicas quedará habilitado para asociarse y celebrar convenios con sectores privados o constituir sociedades con el fin de garantizar la construcción del o los establecimientos penitenciarios que se identificaren necesarios.
Obras Públicas tendrá las siguientes facultades: preparar por sí o por contrato con terceros la elaboración de estudios, diseños y construcción para la realización de las obras; adquirir de acuerdo con lo establecido en la ley, las obras, bienes y servicios o suministros necesarios para la construcción de centros penitenciarios, así como los inmuebles para la consecución de los objetivos de la ley en mención.
Además, con la colaboración de organismos del Estado, podrá ejecutar un programa de asistencia social a los habitantes de los inmuebles afectados por la construcción de nuevos centros penales.
También se facilitará la edificación de los mismos, al facultar a los Ministerios de Medio Ambiente y al Centro Nacional de Registros, emitir lineamientos especiales que simplifiquen y faciliten el otorgamiento de documentos con los permisos necesarios para la planificación, diseño y construcción de las cárceles de forma expedita y ágil.
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Se transfiere al Ministerio de Obras Públicas el dominio de los inmuebles y derechos reales sobre la infraestructura existente, cuando estos estén inscritos a favor de alguna otra entidad del Estado, independientemente de su naturaleza.
Las alcaldías quedan también sujetas a lo dispuesto en razón de que la normativa es declarada de utilidad pública.
Las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los penales estarán exentos de impuestos, entre ellos, el de la Renta, del IVA, de la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
También estarán exonerados del pago de gravámenes a la importación de las maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios y demás necesarios para la ejecución de las obras, desde el diseño de los mismos, así como la exención total del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces.
Hace un año, Bukele habló de cerrar cárceles
Para los parlamentarios no alineados al oficialismo, la aprobación de esta normativa contrasta, además, con la decisión que impulsó hace un año el presidente Nayib Bukele en relación al cierre de algunas cárceles.
“Hace un año, el Presidente informó que iba a cerrar tres centros penales. Sonsonate, Chalatenango, Cojutepeque y ahora está diciendo exactamente un año después, que quiere construir centros penales”, cuestionó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
Él criticó que “en un país como el nuestro donde el Gobierno no es objeto de financiamiento, sería un despilfarro o un desperdicio destinar dinero para construir centros penales”.
“Vemos la matonearía legislativa donde se aprueba un dictamen tan delicado con dispensa de trámite, en donde no se va a licitar ninguna obra, donde se va a expropiar propiedades privadas de los salvadoreños y en donde el poco dinero con el que cuenta el Gobierno se va a destinar para cárceles”, apuntó.
El pasado 4 de abril, durante un evento de juramentación de más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente Bukele reveló los planes de construcción de un nuevo penal de máxima seguridad que tenga capacidad para resguardar a 20,000 pandilleros.
Con esta medida se busca “vaciar las bartolinas para poderlas llenar de nuevo” señaló el mandatario.
Actualmente se cuenta con 29 centros penitenciarios a nivel nacional, de los cuales únicamente el penal ubicado en Zacatecoluca, en La Paz, es de máxima seguridad.