Sindicatos protestan por recortes a presupuestos en Educación y Salud

Sindicatos de salud, educación y de otras organizaciones han marchado este sábado 19 de octubre para exigir al gobierno de Nayib Bukele que cumpla con el incremento salarial en estos sectores, tal como se contempla en las leyes locales, así como para protestar por el recorte a los presupuestos a estas áreas para el 2025.

Cientos de manifestantes se concentraron en la plaza Salvador del Mundo, desde donde han marchado sobre la Avenida Roosevelt en dirección hacia el Parque Cuscatlán. En las pancartas que portaban se leen diferentes mensajes de reclamos por los recortes presupuestarios así como la cancelación de los incrementos establecidos en el escalafón salarial.

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Las protestas se dan días después de que el Ministerio de Hacienda presentó la propuesta del Presupuesto General de la Nación, en el que se establecen que ministerios como los de Educación y Salud tendrán recortes importantes de fondos para el otro año, mientras que otras carteras, como la de Defensa, tendrán incrementos.

Las voces

Entre los participantes, la doctora Patricia Cativo, del Colegio Médico, manifestó que el recorte presupuestario al sector salud y el congelamiento al escalafón debilita a la ciudadanía, ya que afecta su derecho a la salud.

En tanto y en declaraciones a la radio YSUCA, Vicente Cuchillas, docente de la Universidad de El Salvador (UES), expresó: "Estamos viendo un presupuesto 2025 que abandona y daña a nuestro pueblo, por eso estamos presentes".

A la concentración también se sumaron los afectados por el desfalco en Cosavi. Piden al gobierno que les entreguen los ahorros que tenían en esa institución financiera.

Otros sindicatos de profesores, como Andes 21 de Junio, desistieron a última hora participar en la marcha, ya que sostuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Educación, y habían llegado a "acuerdos".

Desde tempranas horas del sábado, se reportó la instalación de retenes policiales en diferentes entradas a San Salvador, lo que los sindicalistas consideran como una coacción; en tanto, la autoridades señalan que es una medida preventiva en busca de "ilícitos".