El Presupuesto 2022 sigue sin ser aprobado, pese a que Nuevas Ideas no hizo ningún reparo en las exposiciones que llegaron a hacer los funcionarios del Ejecutivo a la Comisión de Hacienda de la Asamblea sobre el uso de los fondos asignados en sus presupuestos para el próximo año -aunque no todos llegaron.
El diputado oficialista William Soriano dejó abierta la Comisión de Hacienda, según dijo, para reunirse en el momento en que lo consideren conveniente. Lo que sí acordaron ayer es aprobar el financiamiento adicional que necesitará el gasto por un monto de $498.4 millones en más deuda (ver nota aparte).
Cabe destacar que hoy hay plenaria y existe la posibilidad de que este día en el pleno se convoque a la Comisión de Hacienda para emitir acuerdo favorable y aprobar el presupuesto para 2022. El monto presupuestado por el gobierno es de $7,967.7 millones.
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El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en septiembre. En esa fecha los diputados oficialistas aseguraron que no pasaría de noviembre su aprobación.
Sin embargo, faltan diez días para que termine el año y la herramienta fiscal más importante del país para su funcionamiento del próximo año no está definida. Curiosamente, dejar a última hora el aval del gasto anual ha sido una de las críticas de la bancada oficialista hacia las legislaturas anteriores.
A juicio del economista Rafael Lemus, el atraso en la aprobación del presupuesto no se debe a falta de votos, ya que la bancada cyan cuenta con la mayoría calificada -56 votos- para poder avalar el gasto aún con financiamiento extra como el solicitado de $498.4 millones sin tener que negociar votos con nadie.
“Fueron varios factores, ha habido mucha presión del Fondo Monetario Internacional, las calificaciones de riesgo y el mercado y el presidente (Nayib Bukele) suele ser desordenado metiendo ruido con titularizaciones de ANDA y Fovial que distorsionan toda la dinámica”, analizó Lemus.
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Lemus se refiere a la petición que hizo Bukele a sus diputados de autorizar la emisión de $1,000 millones en títulos valores para el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y $600 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), comprometiendo en ambas autónomas sus flujos futuros para cancelar la deuda.
La crítica de la oposición política a estas dos maniobras del gobierno es que con ese dinero pretenden tapar el hoyo fiscal que se tiene para financiar el presupuesto de 2022, aunque el ministro de Hacienda asegura que todos los gastos están financiados y que la brecha fiscal se redujo en más de $800 millones en comparación con años anteriores.
Ayer llegaron a la Asamblea dos funcionarios del Ministerio de Hacienda a remarcar los gastos que se prevén efectuar con el fondo de la Nación para 2022. Uno de ellos, Moisés Cabrera, Director de Inversión y Crédito Público explicó que tienen planeado destinar $1,701.9 millones para inversión pública.
Añadió que ese monto equivale a un incremento de $333.9 millones en comparación con lo presupuestado en 2021. Dijo que entre los proyectos que se prevén ejecutar con esos fondos está la culminación de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero por $157 millones de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Además continuarán con el programa de Brecha Digital para centros escolares y aseguró que se ejecutarán $214.7 millones de otro crédito.
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Ese dinero fue aprobado hasta hace poco por la Asamblea, pero en el documento que envió Hacienda se detalla que ese dinero ya no se le entregará al Ministerio de Educación, debido a que el gobierno asumió ese gasto con fondos propios y será reembolsado a las arcas del Estado para financiar partidas que no tienen recursos para terminar el año, entre ellas, el subsidio a la energía eléctrica.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, criticó que ese dinero fue ocupado para solventar gastos corrientes y que no llegó a las escuelas como se había previsto en el dictamen.
Cabrera también informó que dentro de la inversión pública se considera la ejecución de fondos de préstamos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para programas de la Primera Infancia por más de $125 millones, así como remodelación de escuelas por $70 millones.
Se contempla también el equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía por $35 millones y los $200 millones para el Ministerio de la Defensa y la Policía para la ejecución de las fases II y III del Plan Control Territorial, entre otras inversiones.
Inversión financiada con deuda
Como inversión pública está considerado también el gasto en vacunas contra el Covid-19 por $35 millones; y otros $25 millones para el programa de respuesta para contener la enfermedad. En total, Cabrera explicó que el 45% de la inversión pública está financiado con deuda.
Al respecto, la economista Tatiana Marroquín, explicó que no le parece normal que sea casi la mitad de la inversión con créditos, pues considera que habría que analizar cada proyecto si cabe dentro de la categoría de inversión y no de gasto corriente.
“En los programas de Nacer y Crecer Juntos son considerados como inversión pública y no se conoce lo que contiene el programa”, afirmó Marroquín.
Ricardo Castaneda, de Icefi, consideró que este porcentaje es alto. “Cada año ha venido subiendo. Quizá la mayor preocupación es qué tan sostenible es depender de deuda para financiar la inversión”, dijo.
Por su parte, para Lemus el problema no es que se tome mucha deuda para invertir, sino que se adquiere mucho endeudamiento para gasto corriente.