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Presupuesto de 2022 debe incluir candado a traslados de dinero a Fopromid, señala el ICEFI

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) afirma que incorporar fondos públicos a esa partida es un mecanismo de opacidad, sobre todo, por las múltiples compras directas que realizó el gobierno durante la pandemia.

Por Juan Carlos Mejía | Dic 20, 2021- 04:30

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya presentó el pasado 30 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2022, mismo que ha sido ampliamente cuestionado por sus fallas. Foto EDH / archivo Ministro de hacienda, alejandro zelaya, present— proyecto de presupuesto 2022. Foto: Francisco Rubio

A menos de dos semanas de que el 2021 culmine, los diputados de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aún no han discutido ni aprobado el Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2022.

Lo anterior, a pesar de que el proyecto del mismo fue entregado por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al presidente de ese órgano de Estado desde el pasado 30 de septiembre, fecha límite en que debía presentarse para su posterior discusión legislativa.

No obstante, lo único que se conoce por el momento es dicho proyecto presupuestario y, de acuerdo con economistas e instituciones especializadas en temas fiscales, el mismo está lleno de muchos errores, entre los que destacan la subestimación de las necesidades financieras para el próximo año.

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En este sentido, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un análisis de las fallas del proyecto presupuestario y hace varias recomendaciones, entre las cuales destaca ponerle candado o bloqueo a las transferencias de recursos públicos hacia el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), un fondo que el Gobierno ha utilizado como caja chica durante la pandemia y a través del cual ha ordenado compras y gastos con nula transparencia.

Para el Icefi, de hecho, esas transferencias millonarias que han inflado el presupuesto del Fopromid, que según la misma ley que le da vida es de $4 millones, es un “mecanismo con amplia discrecionalidad y opacidad”.

Para poner en perspectiva, solo en los primeros seis meses del 2021 el Ejecutivo realizó transferencias de recursos hacia ese fondo por hasta $259.3 millones, de acuerdo con un análisis que realizó en julio el Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Eso implicaría que el gobierno elevó en $255.3 millones la partida de Fopromid, que significaría más de 6,400% extra al monto inicial de ese fondo, a través de varias reformas al Presupuesto General del 2021 solo entre enero y junio.

Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Salvador Anliker. Foto EDH / archivo
La transferencias de recursos hacia el Fopromid ha sido cuestionada por ser un mecanismo poco transparente durante la pandemia, por ejemplo, en la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Foto EDH / Archivo

Este tipo de mecanismos han sido ampliamente cuestionados por varios sectores, sobre todo, porque el Gobierno se ha cobijado en el artículo 6 de la Ley Fopromid para realizar compras directas sin necesidad de recurrir a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), una práctica que ha provocado que el Ejecutivo gaste millones de dólares en compras sin rendir cuentas y bajo la justificación de la pandemia por covid-19.

En su análisis, Fusades señaló que “el fondo se ha caracterizado por la falta de transparencia y rendición de cuentas, abriendo la posibilidad a los abusos y corrupción”, debido a la opacidad de parte del gobierno.

Las otras recomendaciones

Dentro del análisis del Icefi pueden identificarse otro tipo de recomendaciones con respecto al presupuesto del próximo año, como establecer un artículo dentro de la Ley del Presupuesto 2022 que garantice que haya una “institucionalización de espacios de participación ciudadana” de cara a la formulación del proyecto 2023, pues con el proyecto para el próximo año no hubo un acercamiento con sectores importantes dentro de los rubros presupuestarios que se contemplan.

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Además, el instituto especializado en temas fiscales también sugiere que, “por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa”, así como también debe prohibirse la contratación de funcionarios bajo la figura ad-honorem, pues bajo este mecanismo hay varios miembros del gabinete de Nayib Bukele que ganan incluso más que el propio presidente.

La sobreestimación y subestimación en las finanzas

Otro de los puntos en los que, según el Icefi, falla el proyecto presupuestario de 2022 es que existe una sobreestimación en las finanzas del próximo año, específicamente, en lo que se refiere a ingresos, pues las proyecciones de recolección tributaria que maneja Hacienda sobrepasan hasta en $490 millones lo que en realidad podría recaudar el fisco en impuestos.

El Icefi sostiene que ni con acciones antievasión podría ingresar la cantidad que prevé el gobierno, ya que según el documento del proyecto presupuestario, Hacienda pretende percibir hasta $991 millones más en impuestos para 2022.

De acuerdo con el ICEFI, es necesario ponerle un “candado” a los fondos del Fopromid y disminuir los gastos en publicidad para 2022. foto EDH / Archivo

Lo anterior también tiene que ver con la brecha presupuestaria del otro año, es decir, la cantidad de financiamiento que el Ejecutivo necesita para llegar a los $7,967.7 millones para el funcionamiento gubernamental del próximo año.

Dicha brecha, según el proyecto de presupuesto, se estima que será de $498 millones; sin embargo, agencias calificadoras como Fitch Ratings consideran que el gobierno salvadoreño está “subestimando” las finanzas públicas, pues en términos más precisos los analistas de Fitch sostienen que la brecha de financiamiento que en realidad necesitará el país está más cerca de los $1,700 millones.

Por ello, el Icefi también recomienda que esas subestimaciones deben corregirse “con base en el escenario macroeconómico”, a la vez que advirtió que, de continuar la tendencia, la deuda total podría alcanzar el 90% del PIB este año.

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