Juzgado impone reserva total al proceso contra Ruth López y Fiscalía la acusó por otro delito

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pasadas las 4 de la tarde de este lunes, la acusación contra la abogada anticorrupción y defensora de derechos humanos Ruth López, quien cumplió 15 días detenida.

Los fiscales llegaron al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, cuando ya había finalizado el horario hábil. Por lo tanto, la acusación fue presentada en el Juzgado Décimo Segundo de Paz, que estaba de turno. Los periodistas que esperaban la presentación de la acusación fueron sacados de esa sede judicial.

Fiscalía solicita reserva

El abogado de López, Antonio Aguilar, quien permaneció todo el día a la espera del documento, confirmó la presentación del requerimiento, del cual la Fiscalía no ha dado detalles.

Asimismo, el abogado declaró a medios de comunicación que la Fiscalía solicitó la reserva total del caso, por lo cual no podía ampliar información. La audiencia inicial quedó fijada para el miércoles 4 de junio, en la que se definirá si la defensora de derechos humanos sigue detenida durante los seis meses que tiene la Fiscalía para ampliar la investigación.

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Inicialmente, la Fiscalía le imputó a López el delito de peculado, que consiste en apropiarse de dinero público. Según la información que difundió en sus redes sociales, López era acusada de haber cometido ese delito cuando fue asesora de Eugenio Chicas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, según fuentes judiciales, la acusación fue presentada por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía le aplicó los plazos del régimen de detención pese a que la abogada no fue detenida por delitos relacionados con pandillas o crimen organizado. Según el artículo 13 de la Constitución de la República, una persona debe ser presentada ante un juez en un plazo máximo de 72 horas después de su arresto.

López, nombrada en 2024 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, dirigía la Unidad Anticorrupción de Cristosal, oficina que ha presentado decenas de denuncias de corrupción en el gobierno de Bukele.

Según personas allegadas, la abogada, quien permanece en la División de Tránsito de la Policía, no fue trasladada a la diligencia.

Cristosal presentó demanda

Cristosal, la organización donde trabaja López, presentó el pasado 29 de mayo una demanda a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que plantea que la detención de la abogada fue arbitraria. Se trata de un habeas corpus, un recurso que sirve para denunciar detenciones arbitrarias.

La organización planteó ante la Sala de lo Constitucional que que la defensora fue detenida con engaños y sin una orden judicial.

"Al momento de la detención, los agentes leyeron una supuesta orden administrativa compuesta únicamente por un breve párrafo de cuatro a cinco líneas. Este documento no fue entregado ni a sus abogados ni a su familia, y no cumple con los requisitos constitucionales mínimos para una detención válida", expuso la organización en un comunicado. Cristosal exige su liberación inmediata porque ha identificado una serie de vacios e irregularidades procesales.

"También advierte a la Sala que la Fiscalía General de la República no presentó requerimiento fiscal dentro del plazo de 72 horas establecido por la Constitución. Además, denuncia que Ruth no ha tenido comunicación libre y privada con su equipo legal, lo que vulnera su derecho a una defensa efectiva", señalaron.

Para Cristosal, el caso de López no es una excepción; sino un ejemplo de una grave crisis de derechos que enfrenta El Salvador, donde el presidente se ha encargado de fustigar a cualquier persona que exija el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. "Además ejemplifica cómo el régimen de excepción ha abierto las puertas a detenciones arbitrarias y a una preocupante cooptación de las instituciones responsables de proteger las libertades fundamentales", advirtió.

La Fiscalía es dirigida por un fiscal afín al oficialismo. La CSJ también es controlada por el partido del presidente. Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado por el caso. También congresistas de EE.UU. han condenado su arresto.