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La administración de la Policía Nacional Civil (PNC) debe miles de dólares del alquiler de la casa donde funciona la base de la Policía Rural, en la zona de la carretera Panamericana a pocos metros del desvío Los Mangos, en el cantón Siramá, del municipio de La Unión Sur.
De acuerdo con los encargados del inmueble, la institución hasta hace 15 días tenía una deuda de $12,180, correspondiente a 14 meses de alquiler; de ese monto abonaron a la cuenta $2,150. Del monto restante aún no hay fecha de próximos pagos u otra información.
El lunes 13 de mayo circuló en redes sociales una publicación del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) que mostraba vídeos y fotografías de técnicos de una empresa suspendiendo el servicio de electricidad en la oficina de Policía, debido al impago de los recibos por varios meses.
Tras la publicación en internet, la población empezó a cuestionar al Gobierno Central de los millones que destinan al Ministerio de Seguridad y Justicia, para fortalecer a los cuerpos de seguridad entre ellos a la Policía, lo cual contrasta con la situación en los puestos, delegaciones o subdelegaciones de la PNC; así como carencia de recurso humano y equipos.
Según la información publicada por el MTP, desde hace un año no han pagado el servicio de energía eléctrica en dicha base rural.
Además, agregaron que en las instalaciones donde funciona la División de Investigaciones (DIN), en San Vicente, el propietario les dio hasta el 30 de marzo para desalojar por falta de pago, la deuda es por un año de alquiler.
La administración de la delegación, hasta el 13 de mayo no había encontrado casa para trasladar al personal, también en ese lugar deben el recibo de la luz de varios meses.
Daniel Villatoro es el administrador de inmuebles que alquila una familia en La Unión, uno de ellos tiene como cliente a la PNC.
Villatoro lamenta que la Policía no ha pagado, ni ha dado explicaciones sobre cómo pagará la deuda de más de $10,000. Mensualmente el alquiler es de $870.
El contrato de alquiler fue hecho para un año a partir del 1 de abril del 2023, por ende ya venció y no hay indicios de pagar la deuda, ni renovar el contrato.
“No sabemos cuándo terminarán de pagar porque el problema es que yo llamo a una y otra persona hasta a la encargada de administración de la delegación, y no me dan respuesta, solo se pasan la bola o me dicen pendientes, hasta ahí se quedan”, agregó Villatoro.
El administrador agregó: “Mi llamado al presidente de la República es que cómo habla bien él, que tiene bien a las autoridades y también que las tienen que no pagan el arriendo donde las tienen, no sabemos si es el (Nayib Bukele) o es la administración que tienen que no les está funcionando y debería de cambiarlas o que mande a supervisar”.
Según Villatoro, una de las varias veces que consultó en la base Rural referente al vencimiento del contrato de arrendamiento, una licenciada encargada de recibir la casa le sugirió que hiciera la carta de desalojo, es la única solución que recibió.
Según fuentes extraoficiales de la corporación policial, en varios departamentos del país algunas delegaciones están enfrentando problemas financieros para cubrir los gastos del pago de arrendamientos y energía eléctrica, que en algunos casos los dueños de las casas están exigiendo que desocupen las instalaciones y que lleguen a un acuerdo de pago.
$8,600
La deuda que dejó la PNC en el distrito de Intipucá, La Unión Sur, correspondiente a un año de arrendamiento y gastos de reparación por daños a la propiedad.