Mientras un gran porcentaje de chilenos celebraba el triunfo del “apruebo” y el aval a nombrar una constituyente para elaborar una nueva ley máxima para el país sudamericano, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, parecía montarse en ese júbilo y esa coyuntura.
“Chile…”, tuiteó Ulloa, quien además encabeza una comisión ordenada por el presidente Nayib Bukele para estudiar posibles reformas a la Constitución.Si bien en ambos países el objeto de discusión es cambios a la ley máxima, hay diferencias enormes entre uno y otro proceso.
Chile…
— Félix Ulloa (@fulloa51) October 26, 2020
“El proceso chileno es diametralmente distinto al que impulsa el presidente Bukele a través de su vicepresidente”, dijo a El Diario de Hoy el constitucionalista Daniel Olmedo.
Este jurista explica que el plebiscito chileno “surge de una expresión de sectores sociales que luego presionó a los actores políticos a iniciar un proceso constituyente”. En Chile, la convocatoria al plebiscito surgió después de semanas de manifestaciones constantes que empezaron por un alza del precio del transporte público pero se extendieron a numerosas demandas sociales.
En contraste, en El Salvador “la iniciativa viene desde Casa Presidencial, no de sectores sociales. Es una iniciativa vertical que viene desde el poder, no de la sociedad”, advierte Olmedo, quien añade que el proyecto de reformas “viene de un ejecutivo que ha demostrado un sistemático irrespeto a la Constitución, al punto que intentó un golpe de Estado el pasado 9 de febrero. Esto marca una gran diferencia entre la legitimidad del proceso chileno y el de El Salvador”.
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Javier Castro, director de Estudios Políticos de Fusades, considera que es “un error y una falacia” comparar ambos casos. Esto, principalmente, porque en Chile la propuesta no se impulsa desde la Presidencia, sino que es un acuerdo político entre los partidos políticos para dar salida a una grave crisis social estallada en 2019.
Además, explica que en Chile se está siguiendo una serie de previsiones que la misma ley otorga en materia de plebiscito, mientras que en El Salvador esto no es viable.
Finalmente, Castro explica que en El Salvador el Ejecutivo está deslegitimado para reformar la Constitución, “siendo el menos indicado para ello, pues es quien ha estado quebrantando el orden constitucional y el principio de separación de poderes”. A juicio del abogado de Fusades, esto “ha quedado de manifiesto con los sucesos del 9F y luego durante la gestión gubernamental durante la pandemia, tal como lo ha constatado la Sala de lo Constitucional y la PDDH”.
Con los abogados antes mencionados coincide José Marinero, quien advierte que en Chile la propuesta de reforma viene de un agotamiento del modelo, mientras que en El Salvador es el mismo gobierno quien deslegitima la Constitución. “Dicen reforma pero parece que buscan reemplazarla”, añade.
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Asimismo, destaca que en el país sudamericano participó la sociedad entera y en una alta tasa de participación. En contraste, señala que “aquí el vicepresidente se autonomina y el presidente lo designa líder del proceso y coloca de dedo a 4 o 5 abogados que le acompañan o secundan en un proceso carente de representatividad de cualquier tipo”.
Finalmente, señala que “Chile es un estado cumplidor en general de la ley, hay una creencia y concepción de respeto al estado de derecho y reglas que rigen la convivencia social y lo tercero es que en Chile no hay una tentación o retroceso autoritario”. Por el contrario, múltiples hechos dan cuenta de que el gobierno salvadoreño no es respetuoso de la ley y, además, no se tiene claro qué es lo que busca reformar ni para qué.
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