El mayor temor de Carlos es recibir en un ataúd a su compañera de vida, quien se encuentra recluida en el penal de Apanteos, luego de ser detenida hace un año y ocho meses en el contexto del régimen de excepción.
La noche del 26 de agosto de 2022 tres policías llegaron a la vivienda de Jocelyn Beatríz Rivera Menjívar, de 30 años, mientras amamantaba a su hijo de un año tres meses. Su marido relata que luego de revisar el DUI de Jocelyn, uno de los agentes comentó que no aparecía en el sistema, pero otro sugirió que igual se la llevaran porque ya le iban a encontrar algo.
En la delegación policial, los agentes le informaron a Carlos que la detenida sería acusada por el delito de agrupaciones ilícitas y aseguraron que ella misma había aceptado ser parte de una pandilla, pero él niega que eso sea cierto, porque tenía 10 años de vivir con ella y dice que nunca la vio relacionarse con ese tipo de personas.
El miedo del compañero de Jocelyn, que ella pueda morir dentro del penal, se basa en la situación de salud mental de la joven madre. En un habeas corpus presentado a la Corte Suprema, expuso que su compañera de vida, antes de su detención, había tenido problemas depresivos a causa de la pérdida de su primer embarazo.
Pero Carlos sospecha que los problemas de salud de la madre de su hijo se han agravado dentro de la prisión, debido a la respuesta obtenida el 14 de marzo de 2023 por un juzgado especializado en instrucción, a una solicitud de audiencia especial.
El juzgado señala que un informe de Medicina Legal indica que la detenida “según historial médico padece esquizofrenia; en el exámen físico presenta escabiosis, además de crisis de ansiedad y depresión, tendencia al llanto e ideas suicidas”.
Asimismo el documento sugiere que se le brinde a la detenida consulta psiquiátrica debido a que su condición es una enfermedad crónica y “de no darle el tratamiento y terapia psicológica podría llevar a la muerte”.
El 20 de junio de 2023, Carlos presentó un nuevo escrito ante la Corte Suprema, con las prevenciones que le hicieron a la solicitud de habeas corpus, pero asegura que hasta la fecha no ha tenido respuesta.
El compañero de vida de la capturada ha solicitado a la Corte una medida cautelar para que ordene que ella reciba el medicamento y los tratamientos médicos necesarios.
Además, el internamiento de la imputada en un centro hospitalario debido a que su condición de salud representa un peligro para su vida.
Por otra parte, pide la liberación de Joselyn por la vulneración a su derecho de libertad por falta de motivación judicial.
Un niño afectado
Carlos explica que aunque la captura de Joselyn ha afectado a toda la familia, él que más sufrió fue su hijo pequeño, debido a que solamente tomaba leche materna.
“Para el niño fue duro (...) él solo lloraba, no me agarraba la leche, se enfermó del estómago”, dice el papá.
Desde que su madre fue capturada, el niño no le gustaba dormir en el cuarto donde dormía con ella, el padre narra que tuvo que poner una hamaca en la sala, pero aún así el infante lloraba y se quedaba dormido, usualmente hasta la madrugada, hasta que se cansaba de llorar.
Ahora sigue teniendo problemas de sueño, apetito y está hiperactivo, dice el padre.
Carlos perdió su trabajo como catedrático en una de las dos universidad privadas donde laboraba, debido a que se dedicó a realizar trámites en diferentes instituciones del Estado, hospitales y organizaciones sociales, en la lucha por lograr la libertad de su compañera de vida.
La familia ha sido apoyada por el Socorro Jurídico Humanitario, quienes han mostrado su preocupación porque según ellos ya han agotado todas las posibilidades constitucionales, incluso respondiendo la prevención de un habeas corpus. no hay una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.
“Sabiendo su diagnóstico tan grave, que no lo dice cualquier persona, sino Medicina Legal, que de no dársele sus tratamientos sus enfermedades pueden llegar a causarle incluso la muerte, no nos queda más que denunciarlo públicamente” manifiesta Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.
Por el momento, el caso se encuentra a cargo del Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
“Si esta muchacha llega a fallecer en manos del Estado, nosotros tenemos como probar que en todo momento y en todas las jurisdicciones les hemos dicho el grave riesgo de muerte (...) solo pedimos que la liberen y que si quieren seguir investigando, sea libertad” agrega Escobar.
Carlos se consuela con los recuerdos de su compañera que guarda en su celular. Entre esos un paseo a la playa solo 15 días antes de la captura. Comieron pescado, le compraron ropa de baño al bebé, que aún no caminaba, por varias horas disfrutaron de la arena y las olas en la playa, sin sospechar que esa era la última vez que pasearían en familia.