Las recientes capturas de personas que se destacaron por denunciar violaciones de derechos humanos, actos de corrupción o violaciones a la Constitución de la República han impactado en el accionar de organizaciones de la sociedad civil desde hace varias semanas.
La detención de la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, una organización que trabaja defendiendo derechos humanos y en la protección de víctimas de violencia en Centroamérica, parece ser uno de los golpes más fuertes infligidos a organizaciones críticas contra el actual gobierno salvadoreño.
Ruth López fue capturada en la noche del pasado 18 de mayo, en su lugar de residencia, inicialmente acusada del delito de peculado (apropiación de dinero público) y luego acusada judicialmente de enriquecimiento ilícito.
El pasado 4 de junio, una jueza ordenó que guarde prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) fundamenta la acusación. Antes de ingresar y al salir de la audiencia judicial, la abogada pidió que su proceso judicial sea público y no bajo reserva, como lo pidió la Fiscalía. Además dijo considerarse como una presa política, pues su captura se debía a su actitud de denuncia.
El pasado sábado 7 de junio, El Diario de Hoy tuvo conocimiento de la salida de al menos una persona vinculada a una organización que ha denunciado violaciones a derechos humanos y violaciones procesales de personas detenidas bajo el régimen de excepción, así como casos de personas que han muerto mientras estaban en prisión, bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño.
Ese mismo día, en la tarde, la Fiscalía informó sobre la detención del abogado constitucionalista, Enrique Anaya Barraza, por el delito de lavado de dinero.
En una entrevista en el espacio Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña, Anaya Barraza dijo que tenía miedo porque en El Salvador, cualquier persona que se atreve a hablar, lo hace con temor “porque la Fiscalía es una fábrica de tamales”.
Horas antes de su arresto, llamó cobarde a Félix Ulloa, el vicepresidente del país, a quien increpó por qué a Ruth López le habían aplicado el régimen de excepción. “Recordé que el consigliere -asesor de mafias- Ulloa dijo: ‘Nosotros no les aplicamos este régimen a los delincuentes comunes, sino que sólo a los miembros de pandillas’. Entonces, Ulloa: ¿por qué lo aplican a Ruth Eleonora López? ¡Respondé, cobarde!”, publicó el abogado en su cuenta de X a las 10:39 p.m. del pasado 6 de junio.
HRW preocupada por detención de Anaya
Por su parte, la directora para las Américas de Human Right Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó su preocupación por la captura del abogado constitucionalista.
"Ocurre durante una arremetida contra defensores de derechos humanos y periodistas", señaló la abogada defensora de derechos humanos.
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Goebertus también exigió una respuesta más contundente de la comunidad internacional por la persecución a personas defensoras de derechos humanos en El Salvador: "¿Cuánto más va a esperar la comunidad internacional para reaccionar de forma firme?", publicó en la red social X.
Anaya está en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, según pudo constatar ayer por la mañana su defensor, Jaime Quintanilla, quien no había detenido información del paradero del abogado que inicialmente fue llevado a la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía.
"Se encuentra estable de salud y ánimo. Hasta el momento se le han suministrado sus medicamentos", comunicó una persona allegada a Anaya, quien ha sido otra de las voces más críticas del Gobierno de Nayib Bukele.
Voceros de Unidech en España
Otra de las organizaciones que han sido golpeadas por la persecución penal es la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), de la cual sus dos voceros fueron advertidos de que serían capturados al regresar a El Salvador.
Rudy Joya e Ivania Cruz, esposos, tuvieron que quedarse en España, donde habían asistido a un evento relacionado con su trabajo como defensores de derechos humanos. A principios de mayo, un tribunal de crimen organizado les decretó orden de detención internacional por los delitos de agrupaciones ilícitas porque fueron acusados de comercializar ilícitamente unas parcelas de tierra, en el caso conocido como La Floresta.
La organización ha señalado de “proceso viciado” las investigaciones judiciales contra Joya y Cruz. Ambos, por su parte, han calificado de persecución política el hecho de que les hayan decretado orden de arresto.
Por otra parte, Alfredo Mejía, vocero y líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), decidió marcharse de El Salvador para ponerse a salvo de capturas arbitrarias basadas en delitos inventados, como ha ocurrido con algunos defensores de derechos humanos.
Según explicó Mejía a El Diario de Hoy, se vio obligado a marcharse luego de que un grupo de policías lo llegaron a buscar a su vivienda, y luego lo mandaban a decir que se presentara a una delegación policial.
"El compañero Alfredo está fuera del país porque tuvo amenazas, mucha presencia de policías en su casa y lo mandaban a llamar para que fuera a la delegación más cercana porque querían hablar con él", aseguró Samuel Ramírez, en referencia a Alfredo Mejía, ambos líderes de MOVIR.
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