A más de catorce meses de que Cristosal, organización de derechos humanos, pidiera a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que investigara el posible uso de fondos públicos en la contratación del spyware Pegasus, con el objetivo de intervenir ilegalmente las telecomunicaciones de ciudadanos salvadoreños, el caso no ha avanzado; las instituciones a la que se ha acudido se han negado a actuar, dijeron ayer dirigentes de esa organización.
En opinión de los abogados Ruth López y Jonathan Sisco, ambos de Cristosal, no hay interés de las instituciones del Estado en investigar el espionaje que sufrieron decenas de periodistas, empresarios y políticos salvadoreños.
Según los letrados, no hay ni el interés ni la capacidad institucional para determinar responsabilidades, pero es necesario agotar las instancias nacionales correspondientes.
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López y Sisco afirmaron que en los próximos días solicitarán un amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA), que se negó a tramitar la demanda contra la Cámara de lo Contencioso Administrativo, ante la cual la organización recurrió la decisión de la CCR, de no realizar un examen especial a los fondos públicos de instituciones que podrían haber comprado el spyware Pegasus.
El camino recorrido
El primer paso que dio Cristosal para determinar responsabilidades de funcionarios públicos en el espionaje telefónico a periodistas, empresarios y políticos salvadoreños, fue el 8 de febrero de 2022, cuando denunció ante la CCR presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para actividades de intervención con Pegasus.
Días antes, 22 periodistas del periódico digital El Faro denunciaron haber sido víctimas de espionaje a través de la intervención de sus teléfonos con Pegasus. Días después más periodistas de diferentes medios, incluyendo El Diario de Hoy, fueron notificados Apple que sus dispositivos habían sido vulnerados.
La denuncia fue contra el presidente de la República, Nayib Bukele, a cuyo cargo está, según la Constitución, la conducción del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) dirigida por Peter Dumas, otro de los denunciados, junto al ministro de Defensa, René Merino Monroy, y el de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
Cristosal solicitó a la CCR realizar un examen especial sobre el uso de los fondos públicos del OIE, Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa con el fin de determinar la posible adquisición de servicios por parte de la empresa NSO Group Ltd y que, de existir alguna conducta ilegal, fuera certificada a la Fiscalía General de la República (FGR)
Pero la Dirección de Participación Ciudadana, de la CCR, se negó a recibir la solicitud del examen especial argumentando que debía ser la Fiscalía quien indagara y que, una vez resuelto el proceso penal, podrían proceder al examen especial.
Ante lo anterior, Cristosal apeló pero las máximas autoridades de la CCR respondieron que solo harían el trámite de auditoría normal de la institución, cuando proceda, pero no un examen especial.
Cristosal recurrió a la Cámara de lo Contencioso Administrativoy solicitó que declarara la ilegalidad de los actos administrativos emitidos por el Departamento de Participación Ciudadana; y, la resolución dictada por la Corte de Cuentas de la República.
Esa instancia respondió que no estaba entre sus competencias conocer porque la función fiscalizadora no está sujeta al Derecho Administrativo.
Ante tal respuesta, Cristosal acudió a la SCA pero esta no admitió la demanda, alegando que ni ella, ni la cámara, ni los juzgados con competencia en materia contencioso administrativo pueden proteger los derechos humanos regulados en tratados internacionales.
De acuerdo con Cristosal, la decisión de la SCA “evidencia que no habrá supervisión ante cualquier decisión ilegal de las autoridades contraloras, creando una zona exenta de control, profundizando de esta manera la grave situación de abusos de poder y opacidad que atraviesa el país”.
Según Cristosal, en la tramitación del proceso una magistrada intentó excusarse alegando que ella misma había sido víctima de espionaje por el software Pegasus, pero aun así participó en la decisión de la Sala de lo Contencioso.
La magistrada en referencia es Paula Patricia Velásquez, a quien, según un reportaje de El Faro, el 15 de diciembre de 2022 fue notificada por Apple Inc, que posiblemente estuviera siendo espiada.
Además de las acciones de Cristosal, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) puso dos avisos de denuncia ante la Fiscalía, el 14 de enero de 2022, por el supuesto espionaje que sufrieron periodistas y por la vulneración de conversaciones a través de WhatsApp en las que se compartía contenido noticioso.