Las organizaciones Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Excombatientes por la Democracia, el Movimiento ¿Dónde está Carlos?, la organización Vidas y la Mesa por una Pensión digna presentaron este martes una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley General de Minería Metálica aprobada el 23 de diciembre de 2024.
“Esta ley atenta contra derechos fundamentales como la vida y la salud de la población salvadoreña, se sabe que no existe minería responsable, esto contaminaría el agua, conllevando a impedir el acceso a información a la salud; la minería no garantizará el acceso a servicios básicos, ya que sus efectos serán a corto plazo y la solución a largo plazo”, dice el comunicado de las organizaciones.
Agrega que el Estado debe garantizar el acceso a servicios de salud, medicamentos y a instalaciones adecuadas de agua y saneamiento.
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“El derecho a la vida implica que el Estado debe proteger la vida de las personas y no quitarla, al no proteger la vida de las personas, no crear condiciones para que las personas puedan vivir dignamente, es violar el derecho fundamental de la vida y la salud”, añaden.

La abogada Roxana Cardona, de Justicia Social y Contraloría Ciudadana, expuso que no se respetó el proceso de formación de ley.
Recordó que el 21 de diciembre la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión recibió al Director General de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez Campos, “y solamente dio unas diapositivas” y sobre esas se comenzó la discusión.
Pero que según el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) la comisión debió estudiar un proyecto. “La Comisión nunca leyó un documento, solamente se pusieron a discutir las diapositivas que había llevado esa persona y aprobaron”, dijo.
En total, la sesión de la comisión duró dos horas y 25 minutos y luego de la participación de Álvarez Campos se procedió a la lectura del dictamen y proyecto de decreto. Pese a que diputados de oposición propuso recibir a más actores para discutir en la ley, Nuevas Ideas votó a favor del dictamen y este fue el que se aprobó en la plenaria del 23 de diciembre.
Cardona también dijo que el artículo 80 del RIAL establece que se debe discutir un proyecto artículo por artículo y eso no se hizo; además de que no se presentaron estudios técnicos.