La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alerta sobre las recientes reformas a la Ley Contra El Crimen Organizado y por las disposiciones transitorias que permiten agrupar a detenidos bajo el régimen de excepción, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa salvadoreña controlada por Nuevas Ideas.
“La reforma aprobada evidencia la insostenibilidad del régimen de excepción y las actuales políticas de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, ya que ha saturado las instituciones del sistema de justicia penal que, debido al volumen de trabajo, no dan respuesta efectiva en la resolución de casos”, expuso la Oficina este jueves.
De acuerdo con cifras del gobierno, se han detenido a más de 71,000 personas en el régimen de excepción y se busca aplicar juicios colectivos en grupos de hasta 900 imputados, agrupados por tipo de estructura criminal a la que supuestamente pertenecen.
La entidad internacional señaló en una publicación del 1 de agosto de 2023 que dichas disposiciones amenazan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa garantizados en tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“Juicios colectivos en El Salvador reflejan la insostenibilidad del régimen de excepción. El sistema de justicia está saturado y siguen vulnerando garantías procesales”,
Ana María Mendez, directora para Centroamérica de WOLA
Estas disposiciones se dan en un contexto de deterioro del Estado de derecho en el país y denuncias de violaciones a derechos humanos y falta de acceso a la información pública.
“Es alarmante que el régimen de excepción se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin ningún control. Desde marzo de 2022, organizaciones de la sociedad civil han documentado una serie de abusos graves como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin garantías y aproximadamente 153 muertes bajo custodia del Estado”, señala la publicación.
La WOLA recordó que en mayo de 2023, expertos de Naciones Unidas manifestaron la preocupación por los juicios masivos de detenidos en el régimen de excepción.
“Esto podría implicar que no se realice investigación criminal adecuada por parte de la Fiscalía, que se atente contra el debido proceso y el derecho de defensa de 71,976 personas detenidas. Asimismo, al no haber controles debidos, estas medidas pueden alcanzar a personas que no sean parte de las estructuras de las maras o pandillas”, advierte la publicación.
Organizaciones de derechos humanos internacionales y salvadoreñas también advierten que con las medidas legales se puedan condenar en juicios masivos a personas inocentes, eso sin que la Fiscalía tenga que presentar pruebas por cada acusado.
Urgencia de políticas sostenibles
La WOLA reitera la necesidad de promover políticas de seguridad ciudadana sostenibles que tengan como base el respeto a los derechos humanos y que sean acompañadas de medidas de prevención, y que los delitos cometidos por las pandillas se lleven a la justicia sin vulnerar el derecho a un juicio justo.
Y emitió algunas recomendaciones al Estado salvadoreño:
A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomienda analizar las reformas y verificar el cumplimiento de los principios de legalidad y garantías judiciales con base a la Constitución salvadoreña.
Recomienda a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) que constaten el cumplimiento o no de tratados internacionales en materia de derechos humanos e inste al Estado Salvadoreño a cumplir con sus obligaciones internacionales. También propone que por medio de sus distintas agencias y mandatos, promuevan grupos de trabajo, visitas, audiencias e informes que den cuenta de la situación actual del país.
Y al gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional recomienda que “utilicen sus herramientas diplomáticas y denuncien las graves violaciones de derechos humanos” que se cometen en El Salvador.