El ajuste fiscal del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), prometido por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), solo se podrá concretar si las palabras del funcionario son acordes a la realidad y ordena los gastos que se tienen en áreas que no son prioritarias, como el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y publicidad de la Presidencia de la República, afirmaron este lunes diputados de la oposición política.
“Que hay que hacer recortes por supuesto que hay que hacerlo, lo primero que hay que recortar son los gastos de Capres, de publicidad, que son millones de dólares, recortar el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado, priorizar en vivienda para la gente pobre, caminos y carreteras en el área rural, en la compra de medicamentos, que hay escasez de medicamentos para pacientes con cáncer y leucemia, con enfermedades crónicas y terminales, no hay abastecimiento en el área de salud”, aseveró el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
Según la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, han analizado el patrón de gastos que tiene el gobierno en este año y observan que las palabras del ministro de Hacienda distan mucho de la realidad, con gastos “irracionales”, falta de austeridad; por ejemplo, en contrataciones públicas de plazas de funcionarios con altos salarios, entre otros gastos superfluos.
Pero, además, hay otro factor que ha frenado el acuerdo con el FMI, y en esto coinciden Ortiz y Portillo Cuadra: con las acciones inconstitucionales tomadas por el gobierno y por la nueva Asamblea Legislativa controlada por la bancada del oficialismo de Nuevas Ideas.
Entre estas medidas anti institucionales se encuentran la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, del fiscal general, de la depuración inconstitucional de los jueces, entre otras acciones antidemocráticas.
“Esto agrava la desconfianza y hace que sea muy difícil, se decía que el acuerdo sería para mediados de este año y vamos para finales del año y no se ve claro si realmente estos avances que el ministro habla son reales o no, tiene muchas dificultades para ese acuerdo, porque este gobierno no quiere dar marcha atrás en los golpes institucionales”, acotó Ortiz.
Portillo Cuadra señaló otro aspecto que según su opinión es algo que también desconcierta a los salvadoreños y es una muestra de que el gobierno no quiere atender la recomendación del FMI, de que las negociaciones con el Bitcoin entorpecen el diálogo para el acuerdo monetario con el Fondo por $1,300 millones que vendrían a apalancar la economía salvadoreña.
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Por ejemplo, lamentó que mientras un diputado del gobierno, en referencia al de GANA, Romeo Auerbach, quien señaló hace poco a raíz del incremento de personas desaparecidas que el gobierno no puede colocar un policía por cada salvadoreño; en un evento realizado este lunes en El Salvador con inversionistas del Bictoin sí había soldados y policías suficientes para custodiarlos.
“Este tipo de desaciertos es lo que desconcierta a los salvadoreños, es lo que desilusiona a los salvadoreños, este tipo de decisiones donde no se pone primero a El Salvador, pareciera que el salvadoreño es de segunda y que los inversionistas del Bitcoin son ciudadanos de primera, porque a ellos si los cuida la Fuerza Armada y la Policía, es un mal mensaje en un momento que se está negociando con el FMI, porque el Fondo Monetario ya fijó posición y dijo que el Bictoin es un retroceso financiero y económico para el país, no entiendo como el gobierno insiste en un tema que le hace daño a la negociación con el FMI”, lamentó Portillo Cuadra.