Como una de las principales condiciones sobre la mesa en la revisión anual de las finanzas públicas de El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedidoque el gobierno reduzca al menos $600 millones en gastos y que aumente $300 millones en ingresos en los próximos tres años.
Eso implicará un ajuste fiscal del 4% del PIB (Producto Interno Bruto), según lo confirmó ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien indicó que estuvo en reuniones en Washington, Estados Unidos, la semana pasada en la sede del FMI, donde se discutió el estado de las finanzas del país.
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Zelaya explicó que iniciaron el estudio del artículo IV, el cual se refiere a la revisión de rutina que el FMI hace de las finanzas de los países socios. “Hay un calendario que no definimos nosotros”, dijo el funcionario en la entrevista Frente a Frente.
Además de ello, Zelaya afirmó que ya tienen “un borrador de las medidas” para realizar el ajuste necesario de 4 puntos del PIB: 2.6 % por el lado de gastos y 1.4 % de los ingresos. El ministro consideró que dicho ajuste fiscal se nece sitaba desde 2005.
Al ser consultado durante la entrevista sobre a cuánto equivaldría ese ajuste, como parte de las condiciones del FMI, Zelaya admitió que el gobierno debe comprometerse a reducir el gasto en aproximadamente $600 millones en un plazo de tres años y, de forma simultánea, aumentar el ingreso en alrededor de $300 millones.
Las medidas se van hablando en conjunto entre las dos partes (gobierno salvadoreño y FMI) y se va midiendo fiscalmente cuánto se puede aportar.
Ante ese ajuste fiscal que deberá hacer, el ministro reiteró que no se tiene contemplado un incremento al IVA como alternativa para aumentar los ingresos y aseguró que se deben evaluar cierto tipo de medidas para llegar a la cifra negociada con el FMI.
Sin dar más detalles, Zelaya planteó como propuestas la implementación de la factura electrónica y el capítulo de precios de transferencias.
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“Tenemos la reactivación del capítulo de precios de transferencias, que se declaró inconstitucional, eso nos ayudaría a hacer el ajuste para llegar a lo negociado con el FMI”, dijo el funcionario.
¿Logrará el préstamo de $1,300 millones?
Una publicación de Infobae, la semana pasada, indicaba que el Fondo realizó tres solicitudes al gobierno salvadoreño, en el marco de las negociaciones para un crédito de hasta $1,300 millones: presentar un presupuesto balanceado para el ejercicio fiscal 2022; asumir compromisos de buena gobernanza; y la rendición de cuentas sobre un préstamo de $389 mi llones que el FMI aprobó en abril de 2020 utilizados durante la pandemia por covid-19.
Ese préstamo que el gobierno comenzó a negociar con el FMI en abril ha estado estancado y lo último que dijeron funcionarios del Fondo es que El Salvador debía “volver a evaluar algunas de las medidas necesarias para asegurar crecimiento inclusivo, sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera”.
Zelaya explicó que el Acuerdo de Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés) que ha estado en negociación, tiene condiciones que se extienden a un periodo de 20 a 25 años, aunque el periodo de ejecución como tal son tres años.
“Las medidas se van hablando en conjunto entre las dos partes y se va midiendo fiscalmente cuánto se puede aportar hasta llegar al ajuste que se haya negociado”, manifestó Zelaya, quien añadió que espera en los próximos días “dar un anuncio en conjunto con el FMI”.
Sin embargo, empresas financieras y calificadoras de riesgo han externado que está difícil que el gobierno salvadoreño obtenga ese crédito, el cual también es un aval para que otros bancos internacionales le sigan prestando al país.
La firma inglesa EMFI señaló recientemente que en un análisis financiero que las negociaciones con el FMI “avanzan a un ritmo muy lento” y que no veía problable que lograra cerrar ese acuerdo.
Analistas económicos también han advertido que son las decisiones políticas y de confrontación del gobierno de Nayib Bukele con Estados Unidos, una de las razones que han detenido la aprobación del acuerdo financiero con El Salvador.
4 %
AJUSTE FISCAL. Ese es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno negocia con el Fondo Monetario,como parte de la revisión anual de las finanzas del país, confirmó ministro.
A eso se suma la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal desde el pasado 7 de septiembre. De hecho, Kristalina Georgieva, directora del FMI, ha señalado en varias ocasiones que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal puede implicar “significativos riesgos” en los ámbitos macroeco enómico y financiero.
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