La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) llamó al Estado salvadoreño a velar por las víctimas del conflicto armado y sus familias y a agilizar la aprobación de la Ley de Justicia Transicional.
El organismo internacional reconoce que es fundamental para el país “avanzar en la elaboración” de una ley de justicia transicional que involucre a las víctimas.
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“Garantizando así su dignidad de acuerdo con los estándares internacionales”, señaló el organismo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también llamó a las autoridades de justicia en el país a que garanticen una justicia pronta y efectiva para las víctimas y sus familias.
La Oficina recordó al Estado Salvadoreño que siguen con la disposición de proporcionar las herramientas necesarias para asegurar la implementación adecuada de los estándares de justicia transicional.
La verdad es que organizaciones de defensa de los derechos humanos junto con familias organizadas de víctimas del conflicto armado en el país, elaboraron un proyecto de Ley de Justicia Transicional y lo entregaron en 2021.
La propuesta garantiza, según las organizaciones, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas durante el periodo del conflicto armado.
Si bien, desde la Asamblea nacional se inició su estudio esta quedó estancada desde 2022 y la continuidad de su estudio fue desestimada en diciembre de 2023. Mientras, familias de víctimas y organizaciones defensoras siguen alzando la voz para exigir la aprobación de la ley.
“Reconocemos el esfuerzo de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y a la sociedad civil salvadoreña por impulsar el acceso a la justicia, la verdad y la preservación de la memoria histórica, reparaciones integrales y garantías de no repetición”, indicó la unidad de las Naciones Unidas.
En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la desaparición forzada de la niñez durante el periodo del conflicto armado y una de las medidas que conlleva la sentencia fue reivindicar a las víctimas directas.