En su más reciente columna en el Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady previene que la amenaza constante al estado de derecho y la institucionalidad en El Salvador, por parte del presidente Nayib Bukele, puede agravar la situación de pobreza y violencia que ya vive el frágil país.
Asimismo, la reconocida columnista emplaza a su gobierno por no tomar una postura más sólida ante claras violaciones a la institucionalidad por el Ejecutivo salvadoreño. “Al pretender ignorar la falta de voluntad política de adherirse al estado de derecho, la administración Trump abre la puerta a futuros desastres humanitarios”, sentencia.
O’Grady expone el carácter transaccional que ha mostrado la Casa Blanca para con su par salvadoreño y otros países de Centroamérica. Cuando estos aceptaron cumplir con políticas migratorias de la administración Trump, esta última asumió como “resueltos” los problemas que se generan en el triángulo norte de Centroamérica, argumenta la columnista en su más reciente pieza en el Wall Street Journal.
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Además, destaca cómo Trump ha pintado a Bukele como un gran aliado de su país, obviando signos muy preocupantes en cuanto a su compromiso con la institucionalidad, la democracia y el respeto al balance de poderes en El Salvador. Por eso, advierte, “Bukele podría no ser tan buen amigo después de todo”.
Ya en abril, O’Grady dijo que Bukele no es un amigo de los Estados Unidos y justificó esta postura mostrando su errático récord de irrespeto a la Constitución.
En su más reciente columna, parece ratificar esas palabras. “En su primer año de gobierno, ha demostrado ser un ambicioso populista con una deriva autoritaria”, señala.
Como primer botón de muestra, coloca el más obvio: la incursión de un grupo militar fuertemente armado al Salón Azul del Palacio Legislativo, que acompañó al presidente en un intento por presionar a los legisladores para que le aprobaran un crédito.
Este hecho produjo inmediatamente un amplio repudio nacional e internacional, pues se configuró muy probablemente la más flagrante amenaza al estado de derecho desde los Acuerdos de Paz de 1992.
Para O’Grady, Bukele está buscando justificar su desdén por los límites en el poder y el estado de derecho con su alta popularidad. “No obstante, si El Salvador busca conservar su libertad, la popularidad no puede ser una excusa para consolidar su poder”, dice.
Presunta nueva tregua
Otro punto en el que O’Grady repara, para justificar su escepticismo sobre la conveniencia de ver a Bukele como un aliado, es el reciente reportaje del periódico digital El Faro que da cuenta de negociaciones entre el gobierno y líderes de pandillas para reducir los homicidios en El Salvador. Esta práctica, recuerda, ha sido llevada a cabo por gobiernos de los otros partidos. De hecho, Bukele en su momento los increpó por esto pero el reportaje reciente revela que pudo haber hecho lo mismo que en su momento criticó.
Bukele no solo ha negado los hallazgos de la investigación de El Faro, sino que sus seguidores han continuado una campaña de desprestigio contra este y otros medios que cuestionan su gestión. Asimismo, su administración ha encabezado auditorías que parecen ser medidas retaliatorias.
En vista de esa actitud, un grupo de influyentes congresistas demócratas de Estados Unidos envió una carta advirtiendo la “creciente hostilidad” del gobierno hacia los medios críticos. En esta, no solo citaron las agresiones a El Faro, sino el patrón de repetidas amenazas a la libertad de prensa en un poco más de un año en el poder.
Y cuando los seguidores de Bukele intentaron soslayar estas opiniones, atribuyéndolas a un interés político de los demócratas, el subsecretario de Estado de la administración Trump, Michael Kozak, también le recordó a Bukele que la libertad de prensa es fundamental.
Kozak, la principal autoridad del gobierno estadounidense para el Hemisferio Occidental, añadió que “los periodistas realizan un trabajo crucial en una democracia y su independencia debe ser respetada”.
Similares opiniones han tenido las relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, así como decenas de observadores locales e internacionales.
Desafío a órdenes judiciales
Además de sus amenazas a la libertad de prensa, O´Grady recuerda en su artículo reciente que Bukele ha desafiado órdenes de estricto cumplimiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
En particular, cita el incumplimiento del mandatario a un fallo que le prohibió detener a los presuntos violadores de la cuarentena domiciliar si no existía una ley que lo justificaba. Y cuando esta Sala se lo prohibió, resalta O’Grady, “él (Bukele) le ordenó a la Policía desafiar el fallo de estricto cumplimiento”.
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Esta actitud de rechazo a los controles ha generado temores de que Bukele esté empezando a consolidarse como un líder autoritario, acaso un dictador. Ante estas legítimas preocupaciones, él ha optado por ironizar y decir que si fuera un dictador, habría mandado a fusilar a los magistrados del tribunal constitucional para salvar miles de vidas en lugar de estas cinco.
“Esas palabras produjeron escalofríos en un país que sigue luchando por proteger su joven y frágil democracia”, comentó la columnista en el Wall Street Journal.
Al mostrar la indolencia de la Casa Blanca ante los visibles abusos de poder de Bukele, O’Grady advierte que la administración Trump recorre un camino peligroso, pues la carencia de estado de derecho lleva a más pobreza y violencia, y esto termina multiplicando la migración irregular.
Es decir, Trump podría terminar con un fenómeno peor del que buscó combatir al plantearse como aliado incondicional de un líder peligroso como Bukele.
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