Departamento de Estado EE.UU. señala que Gobierno de El Salvador atenta contra institucionalidad y libertad de prensa

Un documento enviado al Congreso de Estados Unidos autoriza seguir cooperando con El Salvador, pero advierte de conductas peligrosas para el estado de derecho.

La toma violenta del Congreso es una de las principales críticas del Departamento de Estado al presidente Bukele. Foto EDH / Archivo

Por Ricardo Avelar

May 21, 2020- 14:19

“Cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió que el presidente Nayib Bukele necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa para ejecutar su orden ejecutiva de obligar a los salvadoreños a quedarse en casa, el presidente Bukele afirmó que esta no tenía la autoridad para decidir sobre el estado de emergencia”.

Este es un fragmento textual (traducido del inglés al español) de un documento que el Departamento de Estado de Estados Unidos dirige a ambas cámaras del Congreso de ese país, donde se aprueban los fondos y se concreta la política exterior estadounidense. En este, expresa numerosas preocupaciones por la gestión del presidente Nayib Bukele.

El Diario de Hoy tuvo acceso a este reporte que certifica que El Salvador es sujeto de recibir cooperación de este país por cumplir ciertos criterios. Sin embargo, hace duros señalamientos al gobierno de Nayib Bukele por debilitar la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad.

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Según este documento, desafiar públicamente una resolución judicial de la Sala de lo Constitucional, como se cita arriba, fue visto “como un esfuerzo por debilitar, en lugar de fortalecer, las instituciones públicas”.

El gobierno de EE. UU. se suma a advertir que Bukele pone en peligro, con sus acciones y su retórica, la institucionalidad. Esto ha sido ya dicho por organizaciones locales; reconocidos medios internacionales como The Economist, el New York Times, el Washington Post o el Wall Street Journal; y prestigiosas instituciones globales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas.

Esta es, sin embargo, la primera vez que Washington se pronuncia de manera contundente sobre el desdén por las reglas democráticas del presidente Nayib Bukele.

Un trato cordial

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su embajador en El Salvador, Ronald Johnson, han mostrado un tono amigable con la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha visto a Washington como un poderoso aliado, a pesar de los signos de debilitamiento del estado de derecho y de los llamados a rectificar que han hecho numerosos legisladores estadounidenses, en su mayoría de la oposición.

Sin embargo, este documento del Departamento de Estado muestra que la administración Trump sí identifica posibles afrentas a la institucionalidad, así como una actitud de poca transparencia y desdén por la crítica.

Si bien el documento dice que la administración Bukele sí cumple requisitos para recibir cooperación de este país, no deja de resaltar aspectos preocupantes que Washington había mantenido en silencio sobre Bukele.

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“Esfuerzos por silenciar a los medios”

Otro de los duros comentarios que el Departamento de Estado hace de la administración Bukele al Congreso es que “continúan los esfuerzos del Gobierno para silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas si no apoyan la narrativa oficial” y que los “periodistas críticos del gobierno enfrentan amenazas, muchas de las cuales aumentan por el trato que les da Bukele en las redes sociales”.

El gobierno estadounidense también critica el retiro de la pauta gubernamental a los medios que cuestionan a Bukele, y caracteriza esto como una “política para incidir en el contenido y dañar el saludable intercambio abierto de ideas que la libertad de prensa permite”.

Esto, sentencia, “no promueve la independencia de la prensa salvadoreña”.

En la misma línea de silencio a las críticas, la institución rectora de la política exterior de EE. UU. destaca que el presidente bloqueó de sus redes sociales “a una prestigiosa organización no gubernamental” por sus comentarios críticos hacia su a la pandemia de COVID-19.

En efecto, el 11 de abril Nayib Bukele bloqueó de Twitter, su principal medio de comunicación, a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco es uno de los principales críticos de la incipiente deriva autoritaria del mandatario salvadoreño.

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Esto no fue ignorado por el gobierno de Estados Unidos, que considera que esto “refuerza la crítica de miembros de la sociedad civil de que el gobierno no promueve un transparente intercambio de visiones sobre sus políticas en torno al COVID-19”.

Condena el 9F

En línea de señalar el potencial debilitamiento democrático el documento dice: “Es importante expresar nuestras significativas preocupaciones pues el 9 de febrero de 2020 el presidente Nayib Bukele usó a la Policía Nacional Civil y a soldados armados para presionar e intimidar a la Asamblea Legislativa para aprobar financiamiento para su plan de seguridad”. Esto, dice, “amenazó la independencia de la Asamblea Legislativa y potencialmente debilitó las instituciones públicas”.

La militarización de la Asamblea Legislativa por órdenes del presidente Bukele generó repudio y condena a nivel internacional. Foto EDH / Lissette lemus

Ese episodio mereció la condena local e internacional de un mandatario que improvisó diversas excusas para justificar su incursión armada, pero terminó reconociendo en una conversación con el artista puertorriqueño Residente que lo hizo para presionar a los diputados.

Un día después de la incursión militar y policial al Congreso, el embajador Ronald Johnson manifestó en su Twitter su desaprobación a “la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea (Legislativa)” y llamó a la prudencia y al diálogo sobre la presión mediante las armas.

Además, el Departamento de Estado reconoce a la Sala de lo Constitucional como pieza fundamental para detener el uso de la Fuerza Armada como herramienta de presión política y la destaca como una entidad consistente con el apoyo a la legalidad.

“El incidente sugiere que sin esa resolución judicial, el presidente Bukele pudo haber debilitado mucho a una institución pública (la Asamblea Legislativa)”, advierte el documento.

“No me sorprende”

El director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que esta crítica era predecible y que no le sorprende su contenido.

Por el contrario, lo que le resulta llamativo son “las contorsiones de los burócratas de Departamento de Estado para emitir los certificados” para que los países sigan siendo sujetos de la cooperación.

Sin embargo, explicó que este certificado llegará al Congreso, donde será conocido por los comités de Apropiaciones y de Relaciones Exteriores, quienes también tienen injerencia en la formulación de la política exterior. De hecho, de esos comités ya han salido feroces críticas a la conducta de Bukele, por ejemplo del congresista Eliot Engel y del senador Patrick Leahy, ambos de mucha influencia, y quienes llaman a cesar los golpes a la institucionalidad.

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Este último senador tiene “la llave” de gran parte de cooperación y asignación de fondos que hace el gobierno de su país.

A juicio de Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, “el deterioro de la imagen internacional del gobierno ya llegó hasta donde podía llegar”, es decir al Ejecutivo de Estados Unidos, otrora aliado incondicional.

Si bien este reporte certifica al país, añade, puede verse como una advertencia y se suma a las decenas de críticas internacionales que ven en Bukele un peligro para la democracia. Por eso, llama a no tomarlo a la ligera.

Napoleón Campos, politólogo e internacionalista, añade que desde el 9F y la toma del Congreso, la crisis institucional se ha ido incubando y tras un tiempo prudencial, la comunidad internacional ha notado que el gobierno, lejos de corregir el camino, profundiza su conducta antidemocrática.

Sin embargo, ve esto como positivo, pues supone “establecer un límite internacional al presidente Bukele. Es una llamada de atención de que el gobierno debe rectificar”.

DOCUMENTO: Memorándum Departamento de Estado 

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