En El Salvador no hay ninguna institución que funcione de manera independiente y que cumpla con las funciones establecidas en la ley, según expertos, quienes señalan que se debe a que todas las entidades públicas están cooptadas por el gobierno de Nayib Bukele.
Los especialistas apuntan que la administración actual ha instalado “jueces a la carta” y que sin seguir el debido proceso ha realizado un control presupuestario de las instituciones para presionarles e, incluso, ha realizado nombramientos de personas incondicionales al oficialismo en cargos importantes. Todo esto, según abogados, para acumular poder.
Tres de ellos analizaron el significado del tuit publicado recientemente por el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, en el que admite que no existe separación de poderes del Estado, pues según el funcionario el presidente Bukele los “unificó”.
“El liderazgo del señor presidente Nayib Bukele unificó los tres poderes del Estado junto a Fiscalía General de la República (FGR), concentrando toda una fuerza interinstitucional, para proteger la vida de los salvadoreños”, tuiteó el pasado 3 de abril.
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Al respecto, la abogada Ruth Eleonora López, manifestó que “el director de la PNC reconoce la existencia de un modelo autoritario, sin controles sobre las violaciones de derechos humanos”. López recordó que en una democracia no solo debe haber división de poderes, sino también frenos y contrapesos, es decir controles y rendición de cuentas; sin embargo, destacó que esto no existe en El Salvador debido a que “todas las instituciones” del sistema de rendición de cuentas están cooptadas por el Órgano Ejecutivo.
“Ninguna institución funciona”
“No hay ninguna institución que funcione de manera independiente y cumpla con las funciones que la Constitución de la República y sus leyes les establezca”, recalcó López.
La experta argumentó su opinión en casos concretos. Por ejemplo, indicó que el Órgano Judicial no tiene un buen desempeño a través de la función jurisdiccional que le corresponde al conocer vulneraciones de derechos provocados por servidores públicos. En el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que las Salas no están cumpliendo con sus funciones, especialmente la Sala de lo Constitucional y la Sección de probidad.
Además, la jurista señaló que la Asamblea Legislativa no despliega ninguno de sus mecanismos de control sobre el Ejecutivo. Esto en referencia a interpelaciones, comisiones especiales, seguimiento del presupuesto, aprobación o no de informes, superación del veto, aprobación de cada viaje debidamente motivado, entre otros.
“La Fiscalía General de la República (FGR) está inhibida de investigar presuntos actos de corrupción de funcionarios del Ejecutivo en el ejercicio del cargo, como los 12 casos que la CICIES le entregó”, reprochó López.
Asimismo, manifestó que la Corte de Cuentas de la República no cumple su función contralora al no investigar el uso de recursos públicos sin procesos de contratación como el caso Bitcoin. En tanto que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la experta manifestó que sigue sin investigar las miles de violaciones de derechos humanos que ha conocido desde las denuncias de las propias víctimas y sus familiares.
También dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “ha sido incapaz de controlar la campaña electoral adelantada del partido de gobierno”, ni el financiamiento o las obligaciones de transparencia de los partidos, afectando los derechos de la ciudadanía.
Sobre este tema, a inicios de marzo, el magistrado del TSE, Noel Orellana, dijo en el programa “Las Cosas como Son” que no hay una definición de propaganda electoral anticipada y tampoco hay una legislación para regular las campañas en redes sociales. Su colega magistrado Guillermo Wellman fue más allá y señaló que no pueden sancionar la campaña adelantada en el extranjero por carecer de una ley.
López señaló que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) “ha quedado inhibido” de sancionar a los funcionarios públicos que utilizan bienes públicos con fines proselitistas.
En tanto, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) también fue incluido en este listado de entidades publicas que, según la abogada, incumplen sus funciones. En el caso de esta última entidad, la especialista señala que consiente y justifica la opacidad gubernamental, “violentando los derechos de los salvadoreños y facilitando la existencia de actos de corrupción”.
El abogado Mauricio Maravilla reafirmó que “también ha contribuido en la concentración de poder el nombramiento por parte del presidente (Bukele) de comisionados en el IAIP afines a ellos (oficialismo), lo mismo en los nombramientos por parte de la Asamblea de los titulares en la Procuraduría, Corte de Cuentas y TEG”.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, enfatizó que este control se ha dado con la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal.
“Con eso se frenó el control político que le podía hacer la Sala declarando la inconstitucionalidad a diferentes medidas y frenó la investigación de la corrupción de parte del Fiscal”, apuntó Escobar.
Luego destacó que los funcionarios que dirigen algunas entidades públicas fueron electos por diputados de Bukele, ya sea por que están dispuestos a plegarse al gobierno para no ser destituidos o porque comparten la visión del Ejecutivo. “Esto elimina los controles y nos encontramos con un mando político unificado en donde el presidente tiene el control”, sostuvo.
Ante este panorama, Wilson Sandoval, experto en transparencia, dijo que la ciudadanía no ha logrado dimensionar el impacto de que el poder esté exclusivamente en manos del gobierno. Destacó que algo ha podido visualizar la gente que ha sido víctima del régimen de excepción al no poder defenderse frente a la actuación del Estado, aún cuando no son pandilleros o delincuentes. “Por ejemplo, con los hábeas corpus en donde la Corte Suprema en ningún momento ha decidido ser un contrapeso frente a las acusaciones o detenciones ilegales (bajo el estado de excepción)”, acotó.