Las instituciones de gobierno continúan reconociendo a Nayib Bukele como presidente de la República, aún cuando mandó a aprobar a la Asamblea su sustitución, para dedicarse a la contienda electoral.
Anteriormente, expertos consultados por El Diario de Hoy adelantaron que Bukele no necesitaba hacerse de campaña porque tenía todo un aparataje que lo haría por él. Ahora, se evidencia.
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Diferentes instituciones de gobierno y autoridades del Ejecutivo recientemente han compartido información a través de medios de comunicación y plataformas digitales en donde a atribuyen su trabajo a la gestión “del presidente Nayib Bukele”, cuando según el político, iba a dejar el poder para dedicarse a sus objetivos electorales.
Dicha situación solamente refleja que quien continúa ejerciendo el poder es Bukele, estableció el constitucionalista Enrique Anaya.
Por su parte, la penalista Marcela Galeas reconoce que es algo incompatible con lo estipulado en la Constitución salvadoreña.
La Constitución de la República establece en su artículo 218 que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción o personaje de política determinado: “No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”, establece.
Esto lo refuerza el Código Electoral, que en su artículo 237 indica que las y los funcionarios públicos no pueden utilizar sus cargos para promover a un partido político o a un candidato en particular.
Aún así, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Dirección de Protección Civil, Defensoría del Consumidor, entre otras son instituciones que en publicaciones y declaraciones recientes atribuyen el cumplimiento de sus funciones a la gestión de Bukele. Asimismo, lo hicieron así funcionarios como el director de Centros Penales, Osiris Luna.
Los medios de comunicación estatales, como Canal 10 y Diario El Salvador, continúan calificando a Bukele como el presidente del país.
“Existe una situación entre la legalidad, legitimidad y el discurso que sostuvieron para justificar la candidatura, que en un primer momento fue mimetizada tratando de hacer ver que cumplían con los formalismos que indica la Constitución, sin embargo los mismos funcionarios manifiestan de manera directa e indirecta quién sigue al cargo de la presidencia de la República”, dijo Galeas.
El juez Jorge Guzmán considera que Bukele pretende cumplir con un requisito constitucional que para el mismo político no existe.
“Si bien el art. 145 de la Constitución que habla de los motivos por los que el designado a la presidencia será llamado, y dice ‘u otra causa’, ser candidato a la presidencia no es causa, porque está prohibido por la Constitución”, recordó el juez.
La campaña desde aparatos del Estado
En la cadena nacional en que el “aún” presidente de la República, y también candidato presidencial, Nayib Bukele mandó a investigar la posible malversación de fondos dentro del Ejecutivo, aseguró que no necesitaba hacerse de campaña para ganar los comicios de 2024; aún así, expertos en materia electoral y en Derecho señalaron para entonces que el uso recurrente de cadenas nacionales valía como su campaña.
De forma recurrente Bukele lanzó otras cadenas nacionales, como en noviembre, cuando mostró un recorrido pregrabado en la Biblioteca Nacional restaurada por el apoyo de la República Popular de China.
En las mismas fechas presentó en cadena nacional la inauguración del Centro de Atención de Emergencias (CAE) de la Isla Tasajera, aún cuando la ley de telecomunicaciones del país determina que el uso de cadenas nacionales es para índole de emergencias nacionales.
La farsa de la designada
Las menciones recientes de Bukele como el presidente de la República “refleja que la licencia es una farsa”, señalaron Anaya y el abogado Eduardo Escobar.
El pasado diciembre, la Asamblea oficialista aprobó que Bukele se ausentara de su cargo presidencial para supuestamente no ser funcionario público por los seis meses anteriores al inicio del próximo quinquenio presidencial del 1 de junio.
Claudia Juana Rodríguez de Guevara, contadora y extesorera de Bukele como alcalde capitalino, se desempeña como designada presidencial y presidenta interina de El Salvador desde el 1 de diciembre de 2023, según lo avalado. Sin embargo, en los decretos se establece su rol como “designada por el presidente” y se sigue atribuyendo los planes del ejecutivo a Bukele nombrado como presidente.
“Todo eso de la designada fue para tratar de dar la apariencia de legalidad al proceso inconstitucional”, subrayó Escobar.