La comisionada suspendida del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, no duda de que, en los próximos días, la presidencia de la República le notifique su destitución del cargo de comisionada.
“Yo creo que en estos días, o en estas próximas semanas, van a resolver de manera definitiva. No dudo que la resolución va a ser desfavorable”, dijo la comisionada Escobar a El Diario de Hoy, luego de presentar la defensa final en el procedimiento de remoción en su contra, que califica como “totalmente arbitrario y político”.
“Es imposible defenderte cuando quien te juzga tiene intereses de por medio. Ese es mi caso”, señaló Escobar en twitter, al conocer que la presidencia le daba 10 días para presentar su defensa final.
Lee también: Riesgo de relación con China es perder soberanía, afirma exdiplomático Rubén Zamora
Añadió: “No tengo duda que este proceso no tiene fundamento legal, solo intereses políticos de casa Presidencial”.
El 23 de abril del año pasado fue suspendida en el cargo de comisionada del IAIP, por orden del presidente Nayib Bukele. Según el documento de defensa presentado, las causales que pudieron constituir su remoción obedecen a lo establecido en el articulo 56, letra “b”,de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que se refiere a “incurrir en incumplimientos legales en el ejercicio de sus funciones o no actuar de forma diligente en el ejercicio de las mismas”.
Sin embargo, ella indicó en ese entonces que la acción del mandatario obedeció a las denuncias que ella realizó sobre una serie de abusos al interior del instituto por parte de comisionados nombrados por Bukele.
¿ QUÉ IMPLICA SU COOPTACIÓN?
1 Disminuyó la calidad de trabajo del IAIP tras los nombramientos de comisionados por parte del presidente Bukele, dicen expertos
2 Con la llegada de los comisionados afines a Bukele las entidades públicas obstruyen deliberadamente a la gran mayoría de información pública porque saben que el IAIP no hará nada.
3 Se detuvo el trabajo de la institución que fue uno de los bastiones principales en la defensa del acceso a la información y lucha contra la corrupción.
Sin garantías del debido proceso
Escobar alega en el documento que “este proceso no ha tenido las garantías del debido procedimiento en ninguna de sus fases esenciales”.
Por ejemplo, ella pidió que Bukele no conociera el caso por falta de imparcialidad, pero se lo negaron. “Tiene conflicto de intereses, las razones para removerme son por estorbarle, así de simple, porque he sido la única voz que claramente denunció la toma del IAIP”, expuso.
En el escrito detalla más acciones de este tipo, entre ellas destaca dos consecuencias en tal proceso. La primera gira en torno a que la presidencia “inobservó el deber de informar en términos claros, precisos y concretos de la imputación”. Es decir, no se estableció cómo, típicamente, las conductas que se le atribuyen podrían configurar un incumplimiento a deberes en el cargo.
Y es que en el proceso de remoción contra la comisionada se habrían presentaron pruebas de que supuestamente ella filtraba información a la prensa, de que interpuso un recurso de inconstitucionalidad por la reformas a la LAIP y que estuvo en contra de revertir criterios sobre las declaraciones públicas de probidad de la CSJ.
Alegatos en la defensa final
Al respecto, Escobar alega, en el documento de defensa, ¿cómo la resistencia a un criterio de una reforma y, consecuentemente, la imposición de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un acto normativo del Presidente de la República se le atribuye un carácter de incumplimiento de sus funciones?. Esto particularmente porque entre el mandatario y la comisionada no hay ningún grado de jerarquía.
Otro alegato que se hizo fue ¿cuál es el incumplimiento a un deber legal, de tener vínculos, además no comprobados, con individuos que tengan intereses en los procedimientos tramitados por el IAIP? ¿Quienes son esos individuos? ¿ Cómo se ha comprobado esa relación?.
También se cuestiona ¿cómo se ha logrado comprobar la difusión de información respecto del trabajo del IAIP a un medio de comunicación? y ¿Porqué el no compartir el criterio del Presidente de la República o no apegarse a los otros comisionados, que han sido nombrados por él constituyen un incumplimiento de deberes?.
La segunda consecuencia señalada hace referencia a que la presidencia no puede sancionar a Escobar porque los hechos atribuidos en su contra no son típicos.
Te puede interesar: La muerte de Rutilio Grande inspiró la vida de María Julia Hernández
“El Presidente no puede remover a mi representada sin que la conducta que se le atribuye sea un incumplimiento de carácter legal que previamente haya sido establecido por el legislador y que preliminarmente, en el marco de este procedimiento, se le haya hecho de su conocimiento”, reza el documento de defensa final.
En tal sentido, se pide que se tenga por interpuesta la nulidad de pleno derecho y se absuelva a la comisionada Escobar por no ser las conductas atribuidas en su contra típicas, en la forma que establece el artículo 56 letal b) de la LAIP.
“En este procedimiento administrativo no hubo remisión y no se informó adecuadamente a mi representada de los deberes legales, las disposiciones especificas, que supuestamente se incumplieron”, concluye el escrito de defensa.
Si bien la LAIP establece las causales por las que puede ser removido un comisionado, pero Escobar consideró que “estas causales deben de ser comprobadas y sustentadas y esto no ha pasado en mi caso”.
“Eso a la larga lo que puede sustentar es que específicamente mi posición era a favor del acceso a la información pública, del instituto y obviamente no debo de estar en función de la presidencia de la República ni de ninguna otra institución. Por lo que se me está juzgando es precisamente por hacer mi trabajo”, apuntó.
¿Qué impacto tendría una remoción definitiva?
La comisionada suspendida del IAIP consideró que la destitución generaría un mal precedente.
“De por sí la suspensión genera un mal precedente, pero la remoción genera un precedente peor porque es la primera vez que un presidente de la República tiene esa forma de injerencia ante una institución autónoma tan reciente, que pese a sus dificultades venía haciendo un papel importante en materia de transparencia y acceso a la información pública”, opinó.
Añadió que si bien la remoción generaría un precedente fatal, después de lo que pasó el 1 de mayo cuando destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General “ya no nos sorprende lo que son capaces de hacer porque hemos visto los niveles de utilización de las instituciones públicas en contra de las personas que en algún momento hemos sido críticas al gobierno”.
¿Qué dicen expertos en transparencia?
La directora ejecutiva de fundación DTJ, Xenia Hernández, indicó que “de todos es sabido que este gobierno tiene una clara política de opacidad, iniciando desde la cooptación misma del IAIP y también donde se ha derivado las remociones o destituciones de oficiales de información hasta el abuso de reservas de información”.
Para Hernández de esa manera se va demostrando cómo va violando la LAIP al igual que viola otras leyes y la misma Constitución.
Añadió: “A medida ha ido coptando otras instituciones se ha ido replicando esa misma opacidad”.
Explicó que lo que ha quedado claro es que debido a eso “se han dado las actuaciones de manera arbitraria y este proceso arbitrario contra una de las comisionadas del IAIP, (Liduvina Escobar) que ha sido la que más defendió y promovió que el IAIP siguiera trabajando como hasta hace unos años había sido de manera independiente”.
A juicio del presidente de la organización Tracoda, Carlos Palomo, desde los cambios en la conformación del pleno del IAIP (nombramientos de Bukele), la calidad del trabajo del instituto ha decaído sustancialmente, al punto de volverse casi una copia del Tribunal de Ética Gubernamental, el cual a su juicio es “una entidad inoperante que implica grandes costos para el contribuyente y que apenas sirve para lo que fue creada”.
Para él, es “lamentable”, que el cambio de comisionados ha tenido resultados adversos para el derecho de acceso a la información pública. En ese sentido enfatizó que “las entidades públicas obstruyen abierta y deliberadamente a la gran mayoría de información pública porque saben que el IAIP no hará nada”.
“Nosotros particularmente hemos visto de forma directa esta política de opacidad: a veces las entidades reservan información que ellos mismos han divulgado en sus portales transparencia, lo que es absolutamente absurdo”, criticó.
Desmantelamiento del IAIP
La excomisionada Herminia Funes, dijo a El Diario de Hoy el año pasado que el deterioro de la transparencia en el IAIP se ha dado por acciones como el proceso de selección de los nuevos comisionados, las vinculaciones partidarias de estos, así como las reformas al reglamento de la institución que han dado al presidente del instituto, Ricardo Gómez, una serie de atribuciones que le permiten concentrar el poder.
Funes subrayó que si el IAIP es un ente colegiado debe promover la discusión y tener muchos criterios, no para imponer una agenda única.
“No se necesita hacer un gran análisis para saber que habrían comisionados con vínculos muy estrechos con el Ejecutivo, la pregunta es ¿se puede ser un Instituto independiente?, ¿realmente va a exigir cuentas a todos?”, cuestionó.
Eduardo Escobar de Acción Ciudadana dijo a este medio que “si una institución del Ejecutivo señala de que la información pública es confidencial, no hay forma de revertir esa decisión porque el IAIP no funcionaría como debe de funcionar”.