“Devastador”. Así califica Juan Pappier el retroceso en materia de derechos humanos, democracia y Estado de derecho en El Salvador durante el periodo en que Nayib Bukele ha sido presidente de la República.
En una entrevista exclusiva con El Diario de Hoy, el investigador sénior de Human Rights Watch para las Américas señala que, de no corregirse el rumbo y si la comunidad internacional no actúa, El Salvador engrosará la lista de las dictaduras en la región. Esto es lo que nos dijo:
El Salvador fue en 2021 objeto de constantes comunicados, señalando y condenando abusos a derechos humanos. ¿Se ha colado el país en la “lista negra” del hemisferio?
Lamentablemente, lo que hemos visto en 2021 es un retroceso devastador para el Estado de derecho y la democracia en El Salvador.
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¿En qué se evidencia esto?
Desde que asumió el poder en 2019, Bukele ha revelado una manera autoritaria de ejercer el poder. Su modelo autoritario se agravó considerablemente luego de la victoria de Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de febrero de 2021. Con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, Bukele desmanteló las instituciones democráticas del país a una velocidad alarmante.
Bukele ha logrado apoderarse de las instituciones que deberían fiscalizar al poder ejecutivo, como el poder judicial y la Fiscalía, así como lograr una autorización para eludir la prohibición de la reelección constitucional inmediata, que es una de las cláusulas más sagradas de la constitución salvadoreña.
Estos retrocesos ponen a El Salvador al borde del abismo en materia democrática y dejan a la población más expuesta a abusos. Si la comunidad internacional no toma medidas decisivas para frenar a Bukele, no tengo dudas de que el país va camino a engrosar la lista negra de dictaduras en la región.
¿Cuáles son los principales abusos que identifica en El Salvador?
En El Salvador hay problemas crónicos de derechos humanos vinculados con las atrocidades que cometen las maras, las violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad, la corrupción, la impunidad generalizada por abusos y las violaciones constantes de los derechos humanos de las mujeres. La deriva autoritaria de Bukele ha profundizado estos problemas crónicos.
¿En qué aspecto se han agravado estos problemas crónicos?
El gobierno se ha jactado de disminuir la tasa de homicidios en el país, lo cual es efectivamente cierto. No obstante, existen evidencias claras de una tregua entre el gobierno y las pandillas a cambio de favores electorales y beneficios en prisión para los pandilleros. La historia en El Salvador demuestra que estas negociaciones no han sido efectivas para mejorar los índices de seguridad ciudadana en el largo plazo.
Además, con un poder judicial y una Fiscalía al servicio del ejecutivo, es imposible generar condiciones para el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
¿Hay algún parangón a lo que El Salvador vive?
El Salvador tiene que mirarse en el espejo de lo que fue Venezuela hace cerca de 15 años. En 2004, Chávez emprendió un ataque para apoderarse, con éxito, del poder judicial y las instituciones democráticas. Desde entonces, no ha habido ninguna entidad nacional con la capacidad de frenar los abusos del régimen, incluyendo la censura, la represión policial y otras violaciones masivas a los derechos humanos que ocurrieron en los últimos años. Eso es lo que está en juego en El Salvador.
¿Están los críticos, opositores y periodistas independientes en una posición de vulnerabilidad solo por hacer comentarios o preguntas?
Sin duda. Lo que hemos visto en El Salvador es que los periodistas independientes y defensores de derechos humanos son atacados de manera constante por parte de funcionarios del gobierno. Bukele ha promovido un clima hostil contra cualquiera que lo cuestione. A través de las redes sociales, estigmatiza a sus detractores y los representa como enemigos.
Hemos documentado que él y otros funcionarios e instituciones gubernamentales bloquean de las redes sociales a usuarios que cuestionan o critican al gobierno, lo cual constituye una violación a la libertad de expresión y al derecho a acceder a información pública.
¿Ve un uso de la institucionalidad del Estado para estos efectos?
El gobierno también ha promovido procesos judiciales y auditorías aparentemente abusivas en contra de medios de comunicación, como El Faro y Revista Factum, así como allanamientos de organizaciones de la sociedad civil.
También nos preocupa mucho el proyecto de ley sobre agentes extranjeros promovido por el Ejecutivo.
¿Qué les preocupa sobre esta ley?
Si ese proyecto se aprueba, será realmente un parteaguas para la democracia salvadoreña porque representa unas restricciones muy graves al trabajo de los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, quienes son hoy de las pocas voces capaces de fiscalizar y denunciar los abusos del ejecutivo.
¿Puede la popularidad del mandatario excusar estos abusos? ¿Se ha visto antes este intento de legitimar abusos por la popularidad?
La popularidad de Bukele es un hecho innegable. Pero esta popularidad de ningún modo excusa violaciones de derechos humanos ni atentados contra el Estado de Derecho. Lamentablemente, esta es la práctica habitual de los líderes populistas en la región. Se trata de líderes que hacen campaña proponiendo soluciones sencillas a problemas reales que existen en nuestras sociedades, como la desigualdad, la corrupción y la inseguridad, y normalmente logran una enorme popularidad en sus primeros años.
¿Cómo saltan al autoritarismo?
Cuando luego creen que esa popularidad les da permiso para destruir las instituciones democráticas y concentrar el poder. Cuando reciben críticas por estas medidas, intentan censurar a la prensa y limitar la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
Y cuando empiezan a perder popularidad, muchas veces reprimen las protestas en su contra. Lamentablemente, para esta etapa normalmente ya no quedan instituciones democráticas en pie que puedan frenar los abusos y garantizar justicia. Este es el libreto que siguen los caudillos en varios países de la región. Para impedirlo, es fundamental que la comunidad internacional ponga un freno urgente a los abusos de poder de Bukele.
Si el gobierno de Bukele no corrige el rumbo emprendido desde 2019 a 2021, ¿qué le espera al país en 2022?
De no corregir el rumbo, es probable que Bukele profundice los ataques contra críticos y opositores. Puede hacerlo utilizando al poder judicial para perseguir periodistas y defensores de derechos humanos, o a través de la sanción de leyes abusivas, como hemos visto por ejemplo en Nicaragua, que han sofocado de forma efectiva el trabajo de la sociedad civil.
¿Hay algo que pueda hacer la comunidad de países democráticos?
En el plano internacional, es probable que Bukele esté cada vez más aislado. La administración Biden ha condenado los ataques al poder judicial y ha adoptado sanciones en contra de funcionarios implicados en hechos de corrupción. Es posible que esta relación continúe deteriorándose si Bukele no revierte el curso. Algo similar ha ocurrido respecto de la discusión sobre la ley de agentes extranjeros, que ha sido ampliamente repudiada, especialmente por la Embajada Alemana que ya ha anunciado la suspensión de la cooperación con el país.