El bloqueo a la justicia en el caso de la masacre El Mozote no permite llevar a término el proceso penal contra los 13 militares imputados como responsables del asesinato de más de 1,000 personas en El Mozote y siete caseríos aledaños, señaló el abogado representante de las víctimas, David Morares, durante la entrevista de YSUCA de este 19 de marzo.
El acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares es una de las obligaciones que el Estado debe cumplir debido a una sentencia del caso emitida en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Los representantes de las víctimas expusieron el incumplimiento por parte del Estado salvadoreño de esta y otras obligaciones como la reparación, un registro único de víctimas, acceso a salud y educación, en una audiencia privada de supervisión el pasado 12 de marzo, la cual duró cuatro horas.
“Una de las informaciones más sustanciales fue el bloqueo a la justicia que ahora está siendo ocasionado por la jueza a cargo del caso, la licenciada Mirtala Portillo” manifestó Morales.
Una de las acciones señaladas por el abogado que violentan el debido proceso es “un permanente bloqueo del expediente judicial contra la acusación particular”. El abogado explicó que 2023 estuvieron 10 meses sin tener ningún tipo de acceso al expediente, ni copias.
“No existen razones válidas para que cualquiera de las partes técnicas, en cualquier caso, no tengan acceso al expediente en cualquier proceso judicial” enfatizó.
Por otra parte, se están tomando decisiones en torno al proceso sin que medie una resolución fundamentada por el Tribunal o la jueza, quien ordenó una reestructuración del expediente el cual ya tenía casi 200 piezas (cerca de 40,000 folios) de información procesada, sistematizada y ordenada por ambas partes, por siete años.
“De la noche a la mañana se decide sin mediar una resolución reorganizar el expediente (...) y después de este periodo de meses cuando logramos tener acceso al expediente nos damos cuenta que tiene 55 piezas menos” explicó.
Además, el Estado presentó ante la CorteIDH un plan de trabajo de la jueza que no está dentro del expediente judicial en el que se mencionan diligencias desconocidas para los representantes de las víctimas.
Entre esas diligencias, Morales explicó que están haciendo entrevistas a las víctimas, con una metodología revictimizante a quienes ya habían declarado ante el tribunal.
Por otro lado, la jueza ha planteado otras diligencias que pudieran retrasar la investigación de forma indefinida.
“Que la señora jueza esté planteando que va investigar a todos los autores materiales es muy preocupante (...) significa investigar a los 1,200 soldados que integraban el Batallón Atlacatl de 1981, o si vamos a ir a todas las unidades que participaron en apoyo, como 4,000 hombres del operativo. Esto es estancar el caso indefinidamente” declaró.
El abogado explicó que con el juez anterior ya había una investigación muy avanzada lista para el juicio.
El proceso inició en 1990 bajo el Código Penal de 1974, pero luego debido a la Ley de Amnistía estuvo cerrada por 23 años.