David Morales, defensor de las víctimas en el caso El Mozote, ha denunciado esta mañana que la Fiscalía General de la República ha pedido recusar (apartar) del proceso al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.
Morales dijo que están sorprendidos ante la acción de Fiscalía, pues ni siquiera han sido de los defensores de los acusados de haber perpetrado la masacre en El Mozote los que están haciendo tal solicitud.
"Llama la atención que ni siquiera han sido los defensores de los acusados sino la Fiscalía la que esté impulsando está acción de recusación contra el juez Guzmán. Esta acción no ha sido consultada con las víctimas", denunció Morales en conferencia de prensa organizada por la organización Cristosal.
Podrías leer: Inicia exhumación por investigación sobre masacre en el Sumpul
Con esta acción, Fiscalía solo afecta el proceso, por lo que hizo un llamado al Fiscal General a que "revise esta acción y corrija esta pretensión", añadió Morales.
Por su parte, Antonio Aguilar, abogado de Cristosal, dijo que no hay "un motivo jurídico suficiente" para que Fiscalía tome "una decisión tan significativa" contra el juez quien llevado el caso dentro del marco legal e internacional. Además con esa acción, Fiscalía solo entorpecería el proceso.
Fiscalía también quiso impedir el nombramiento de Paloma Soria Montañez, una experta en delitos sexuales que la acusación privada propuso como perita en esta materia, dijeron los denunciantes.
Aguilar advirtió que están listos para recurrir a los mecanismos legales que sean necesarios para frenar el avance de la petición de Fiscalía porque con etas acciones solo dilatan el proceso.
Morales destacó que por la actuación de Guzmán se ha avanzado en el caso El Mozote.
El Juez Guzmán ha tenido varios contratiempos y obstáculos en esta investigación, una de ellas ha sido la negativa del gobierno de Nayib Bukele de que acceda a los archivos militares en diferentes guarniciones, entre ellas la del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, una acción que ha sido calificada como un claro desacato a una autoridad judicial.
El objetivo del juez era recabar información que pidiera servir de evidencia en el proceso que se ventila en San Francisco Gotera a fin de esclarecer la masacre de más de 900 personas, entre ellos niños, en diciembre de 1981 en El Mozote y sitios aledaños.
También: Arzobispado acata la orden judicial y permite inspección de archivos
El último escollo que tuvo el juez Guzmán fue hace un mes cuando el Arzobispado de San Salvador se negó, en primera instancia, a abrir sus archivos alegando una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le daba a ellos el derecho de custodia y por el respeto a las víctimas; sin embargo, el hecho fue esclarecido y las autoridades de la Iglesia Católica accedieron a que ingresaran Guzmán y demás autoridades.