Maestros denuncian cierre de 67 centros educativos y 4,212 docentes despedidos

El Frente Magisterial Salvadoreño denuncia el cierre de al menos 67 centros educativos a nivel nacional y el despido de 4,212 docentes como parte,  de lo que consideran, "una política deliberada" para debilitar el sistema educativo público. 

A través de un comunicado, expresan que varias escuelas han sido clausuradas y otras se encuentran bajo amenaza de cierre, todo esto bajo argumentos como "supuestos riesgos estructurales, remodelaciones o baja matrícula".

El FMS resalta que dentro de las instituciones que, a través de denuncias de padres de familia, personal docente y administrativo, tienen registro hay Escuelas de Educación Parvularia (EEP), Centros Escolares (C.E.) y Complejos Educativos (COED) que abarca desde parvularia hasta bachillerato.

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En Ahuachapán ha sido cerrado el C.E. Caserío Regalo de Dios “Rodríguez Porth”, Cantón Ashapuco. 

En Santa Ana: C.E. Cantón "San Sebastián", El Espino y C.E. Canton "Los Apoyos" (3 de 5 CE. Cerrados). C.E. "Magdaleno Bárcenas Flores", Cantón San Miguel, Texistepeque; y C.E. "Caserío Texis Junction, Cantón Chilcuyo", Texistepeque.

En Sonsonate hay 23 instituciones entre las cuales están E.E.P. María Reina de la Paz, la cual está en proceso de cierre;  C.O.E.D. " Jorge Lardé", Comunidad El Higueral; C.E. Cantón "Tapalshucut", Izalco; C.E. Cantón "Paso de Canoa", Santa Isabel Ishuatán; además del C.E. "Miramar", Santa Isabel Ishuatán.

En la zona central, en La Libertad hay cuatro instituciones afectadas, entre centros escolares y complejos educativos. 

Asimismo se tiene registro de ocho en San Salvador, uno en Chalatenango, uno en Cabañas, 16 en Usulután; cuatro en Morazán; tres en San Miguel y dos en La Unión. 

FMS: El derecho a la educación debe prevalecer

El FMS señala que la cifra real de escuelas afectadas podría ser mayor dado que muchas familias y personal docente se abstiene de denunciar por temor a represalias. 

En tanto pone como ejemplo el caso del Centro Escolar Ojuste Limpio, en Concepción Batres, San Miguel, cuyo cierre fue detenido temporalmente gracias a la presión de los padres de familia.

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Asimismo cuestiona que se quiera justificar estos cierres argumentando baja natalidad, unificación de escuelas con baja inscripción de estudiantes y la emigración.

"Si bien ha bajado la natalidad por la crisis económica, esa no es excusa para suprimir la educación; pues, aunque solo hubiera un niño, ese niño tiene derecho a la educación. Y si un docente pasa de tener 40 estudiantes a tener 25, puede dar una educación más personalizada a cada estudiante", expone. 

Señalan que el cierre de escuelas y el despido de más de 4,200 docentes forman parte de una estrategia de control social implementada por el Estado, por tanto, los maestros exigen un alto a estas medidas y establecer acciones que permitan que prevalezca el derecho a la educación de los niños y las niñas en el país.