El nuevo comisionado para los Derechos Humanos de El Salvador, nombrado el pasado miércoles por Nayib Bukele, el abogado colombiano Andrés Guzmán, asegura que ya conoce de casos de denuncias de actos que han privado a la prensa de su ejercicio periodístico y que buscará “resarcir” los casos.
El funcionario, que se identifica como abogado y especialista en tecnología y comunicación, brindó declaraciones al medio colombiano W Radio en las que se le cuestionó sobre cómo será su ejercicio público ante denuncias de ataques a medios y periodistas independientes por parte del gobierno de El Salvador para el que ahora trabaja.
“¿Cómo garantizar la libertad de expresión a la libertad de prensa en el país?”, cuestionaron a Guzmán.
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El funcionario respondió a las preguntas sobre presuntas persecuciones a medios como El Faro, cuya estructura administrativa se trasladó el 13 de abril a Costa Rica por "ataques a la libertad de prensa" en El Salvador.
"Estoy analizando ese caso (...) No existe ninguna norma que impida la difusión de la información, no se ha suspendido ni se ha privado la libertad de ningún periodista", aseguró el pasado viernes en W Radio.
“La idea es revisar cada uno de los casos, hay unas denuncias puntuales y esas denuncias es de verlas, analizarlas, y con el equipo de trabajo que tenemos en la comisión, analizarlas y poder llevar todo a un buen término, se puedan resarcir esos daños si existiera”, aseguró Guzmán.
Obstaculización del trabajo de la prensa
El pasado miércoles 24 de mayo, justo el día de la juramentación de Guzmán, un fotoperiodista de El Diario de Hoy fue retenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras verlo en la vía pública tomando fotografías a la fachada de un hospital público en la capital.
Al siguiente día, también agentes de la PNC obstruyeron la labor periodística de otro periodista de este medio de comunicación que se encontraba dando cobertura a la liberación de un grupo de mujeres del penal de Apanteos, en Santa Ana. Los agentes quisieron eliminar su material audiovisual y sacaron fotografías de su Documento Único de Identidad y de su credencial de prensa.
Once periodistas abandonaron El Salvador forzosamente debido a ataques contra la libertad de prensa en 2022 según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); mientras que desde enero a diciembre del 2022, el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES registró 136 casos de vulneraciones.
Según un informe de la UCA, las agresiones a periodistas salvadoreños aumentaron un 184% entre 2019 y 2021.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un informe en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, señaló a principios de mayo que en El Salvador hay medios de comunicación que sufren ataques de desprestigio por parte del gobierno de Bukele. Además, la SIP alertó que reporteros de El Salvador y México han sido víctimas de espionaje cibernético.
No “usurpará” funciones de la PDDH
El Comisionado dice que no es ajeno a denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador, pero que se encuentra “conociendo el contexto” local. En sus funciones, asegura que no “usurpará las funciones constitucionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero avala “acompañarlos” en casos que así consideren.
“Estoy muy atento a eso y el objetivo de nosotros es hacer un análisis, digamos que no usurpar las funciones que tienen entidades acá como la Procuraduría de Derechos Humanos, que está haciendo su trabajo, pero sí darle acompañamiento y toda la ayuda que sea necesaria”, expresó el comisionado.
“La idea es crear un gran oído, crear un sistema de análisis del contexto de todo lo que está sucediendo para darle solución a cualquier violación de derechos humanos que exista en El Salvador”, añadió.