El juzgado Antimafia de Sentencia A de San Salvador condenó a 42 personas, entre pandilleros y vendedores informales, vinculadas al cobro ilegal del bono de $300 que el gobierno otorgó en la cuarentena por el COVID-19.
Durante las investigaciones fiscales, en las que se incluyeron las intervenciones de los teléfonos celulares de pandilleros y colaboradores, se descubrió que dirigentes de los vendedores informales actuaron como mediadores para que integrantes de la mara 18 recibieran el bono de $300 que el gobierno entregó como ayuda por el encierro obligado que se prolongó por más de tres meses.
En los audios que se escucharon en el juicio quedó evidenciado que la dirigente de los vendedores informales, Norma Aguirre fue la encargada de gestionar esa ayuda para los pandilleros. La gestión habría sido a través del Ministerio de Trabajo.
Norma Aguirre fue condenada a 27 años de prisión por distintos delitos.
"Los pandilleros exigían, coordinaban, platicaban, conversaban y eran anuentes con la señora Norma de que ella iba hacer una especie de censo donde iban a poner a las personas que ellos querían y les iban a dar la mitad ($150), es decir, dinero lícito fue a parar en una cantidad a una organización ilícita", dijo el juez durante la lectura del fallo.
En uno de los audios se escucha cuando una persona identificada como Karlita le llama a otra mujer para preguntarle si había recibido el bono y ella le responde que estaba decepcionada porque ninguno de sus familiares aparecían como beneficiarios.
La mujer que se identifica como Karlita le dice que no se preocupe porque ella iba a gestionar esa ayuda en el Ministerio de Trabajo.
"No se preocupen porque vuir adonde al Ministro, porque ya se lo mandé a decir", dice la mujer. La otra mujer le pregunta: "¿El Ministro de Salud?, y ella le contesta: "no, el Ministro de Trabajo".
En su momento, el ministro de Trabajo, Rolando Castro aseguró que el referido ministerio no tuvo nada que ver con la tramitación del bono de los $300 para supuestos pandilleros.
El fiscal del caso aseguró que el juez recomendó que se profundicen en las investigaciones. "Él (juez) hizo algunas consideraciones y dijo que lo remitiría para que se hicieran las valoraciones por si había lugar a profundizarlas en otros temas de investigación", dijo el fiscal.
El juez tomó la decisión de condenar a las 42 personas con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía General que demostraron que los condenados son responsables de extorsión, limitación a la libre circulación, lavado de dinero, conspiración para el delito de homicidio, tráfico de drogas, entre otros.
Esos delitos los cometieron en el parque Libertad y en los alrededores del mercado Central de San Salvador, según la acusación fiscal.
También entre los condenados figura el supuesto cabecilla de la pandilla 18, Miguel Ángel Morales Flores, a quien le impusieron 469 años de prisión por 27 casos de extorsión, seis casos de conspiración para el delito de homicidio, desaparición de personas, y agrupaciones ilícitas.
A otro supuesto cabecilla, Manuel Velásquez López le impusieron 370 años de cárcel por distintos delitos.