El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, del departamento de Cabañas, envío este miércoles a juicio a cinco líderes ambientalistas por supuestamente participar en el asesinato de una mujer en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
De acuerdo con el abogado defensor, Denis Muñoz, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque decidió que el proceso avance por los cargos de asesinato y agrupaciones ilícitas, mientras que se desechó la acusación de privación de libertad.
"Hay bastante prueba que está pasando a favor de la defensa", dijo brevemente a periodistas tras el cierre de la audiencia preliminar.
Añadió que el avance a juicio por los dos cargos "no significa que se den por acreditados los delitos" y que esto se decidirá en la siguiente fase del proceso.
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Al lugar donde se llevó a cabo la audiencia se presentó una veintena de miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) y familiares de los detenidos para respaldar a los procesados.
Habitantes de Santa Marta: "No hay pruebas"
De igual manera, un grupo de habitantes de la comunidad Santa Marta llegó el pasado 3 de abril a la sede en San Salvador del Centro Judicial para apoyar a los acusados durante la audiencia preliminar, portando pancartas para pedir su libertad.
En ese momento señalaron que el proceso penal en su contra "no debe continuar porque la Fiscalía no tiene pruebas del hecho" que se le atribuye.
Los defensores, que son parte de ADES Santa Marta, guardan prisión provisional desde agosto del año pasado.
Sobre la víctima, una mujer, no se ha proporcionado información por parte de la Fiscalía General, ya que el caso tiene reserva judicial total.
Alfredo Leiva, miembro de ADES, dijo a periodistas a principios de mes que en la última semana de junio de 2023 se realizaron diligencias de exhumación en el lugar donde supuestamente se cometió el hecho y "no fue encontrado el cadáver o restos de la supuesta víctima".
Los ambientalistas son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Esta comunidad empujó la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad- fueron detenidos el 11 de enero de 2023.
Por el hecho que se les acusa también es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos, según la Fiscalía.
El 3 de abril pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que daría seguimiento al fallo y que "el Estado debe retirar los cargos".
También a principios de abril, la organización internacional Front Line Defenders expresó su preocupación por lo que considera un "uso indebido de la ley penal" contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas.