Estos son los inmuebles vinculados al expresidente Elías Antonio Saca
La Fiscalía identificó 25 inmuebles y ocho productos financieros valorados en aproximadamente $9.6 millones. Las propiedades están en cuatro departamentos.
Los bienes vinculados al expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca incluyen 25 inmuebles ubicados en San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente, además de ocho productos financieros. El conjunto de activos fue objeto de una resolución de extinción de dominio anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de marzo de 2026.
De acuerdo con los datos divulgados por la institución, las propiedades tienen un valor de $7,539,533.18, mientras que los productos financieros representan $2,036,947.90. En total, ambos grupos suman $9,576,481.08, aproximadamente $9.6 millones.
El caso volvió a mencionarse el 28 de octubre de 2026, cuando la Fiscalía reiteró que los bienes vinculados al exmandatario continuarían bajo custodia estatal, conforme a las medidas legales y resoluciones judiciales correspondientes.
El pronunciamiento ocurrió después de que se emitiera una orden de libertad a favor de Saca por el cumplimiento de su condena de diez años de prisión. Hasta la mañana de ese miércoles, no se había confirmado oficialmente su salida del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
¿Dónde están ubicados los inmuebles vinculados a Antonio Saca?
La información publicada por la Fiscalía identifica propiedades en cuatro departamentos del país. Entre las ubicaciones mencionadas figuran sectores residenciales, terrenos y haciendas.
Los lugares señalados en los antecedentes del proceso son:
- San Salvador: propiedades en distintos sectores de la capital, incluida la colonia San Benito.
- La Libertad: inmuebles en Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Zaragoza.
- La Paz: propiedades en Zacatecoluca y El Rosario.
- San Vicente: inmuebles ubicados en Tecoluca.
La mayor parte de las propiedades vinculadas al caso se encuentra en San Salvador y La Libertad, según la información divulgada en marzo de 2026.
Los reportes proporcionados no incluyen un inventario individual de los 25 inmuebles, con sus respectivas direcciones, extensiones y valores.
Sin embargo, existen antecedentes de algunas propiedades que fueron mencionadas durante las investigaciones y solicitudes de extinción de dominio.
¿Qué ocurrió con los 25 inmuebles y ocho productos financieros?
El 11 de marzo de 2026, la Fiscalía informó que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio había emitido una resolución sobre 25 propiedades y ocho productos financieros vinculados al expresidente.
El valor de los inmuebles fue establecido en $7,539,533.18 y el de los activos financieros en $2,036,947.90.
La institución explicó que la transferencia definitiva de esos bienes a la titularidad del Estado se concretaría cuando la sentencia quedara firme.
El proceso también incluyó siete sociedades que, según las investigaciones fiscales, fueron utilizadas para movilizar y ocultar fondos públicos durante la administración presidencial de Saca, entre 2004 y 2009.
De acuerdo con la Fiscalía, cuatro de esas sociedades funcionaron como intermediarias para el traslado de recursos y las otras tres recibían finalmente el dinero.
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó la disolución de las siete empresas.
Los antecedentes de 2019 también mencionaban al Grupo Samix entre las sociedades relacionadas con la investigación.
¿Qué pasará con los bienes tras la orden de libertad de Saca?
El 28 de octubre de 2026, la Fiscalía reiteró que las empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades vinculadas al caso continuarían bajo custodia del Estado.
La institución señaló que las medidas se mantendrían conforme a las disposiciones legales y resoluciones judiciales aplicables.
Esta comunicación se produjo después de que las autoridades judiciales confirmaran una orden de libertad vigente desde el 27 de octubre, relacionada con el cumplimiento de la condena de diez años impuesta al expresidente.
Saca fue capturado el 30 de octubre de 2016 y condenado en septiembre de 2018 por peculado y lavado de dinero y activos, tras aceptar los hechos atribuidos por la Fiscalía mediante un procedimiento abreviado.
En ese proceso también se estableció una responsabilidad civil de aproximadamente $260.7 millones a su cargo, relacionada con el desvío de fondos públicos.
De manera separada, una sentencia civil por enriquecimiento ilícito le ordenó devolver $3,892,698.71 al Estado. Su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, recibió una obligación de $589,608.42.
Según información fiscal divulgada en abril de 2026, el expresidente había abonado $5,845.75 de la cantidad correspondiente al proceso por enriquecimiento ilícito.
Las obligaciones económicas y las medidas sobre los bienes corresponden a actuaciones judiciales distintas de la pena de prisión.
Por ahora, la información más reciente establece que los activos vinculados al caso permanecen sujetos a las medidas estatales correspondientes, mientras que el inventario completo de las 25 propiedades no figura en los antecedentes proporcionados.
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