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Gobierno busca fondos con "impuestos disfrazados" y hace recortes para tomar remanentes

El economista Rafael Lemus señala que ANDA cobra a usuarios por medidores nuevos y que hubo un recorte en FODES que el Gobierno aprovechó, entre más medidas

Por Eugenia Velásquez | Sep 17, 2022- 21:46

Nuevos aspirantes al Cuerpo de Bomberos. Según el economista Rafael Lemus, el Gobierno ocupa la nueva Ley de Bomberos para "disfrazar" más impuestos para la población. Foto EDH/ cortesía.

El Ejecutivo, en su búsqueda de dinero para aminorar el impacto financiero que tiene la hacienda pública, ha realizado varias maniobras que a simple vista parecen inofensivas, pero en realidad se tratan de “impuestos disfrazados”, como es el caso de la propuesta de la nueva Ley de Bomberos que aplica una tasa del 5% a todos los seguros, dice el economista Rafael Lemus.

Añadió que el gobierno también ha ejecutado acciones estratégicas con recortes económicos a partidas como la del FODES, que antes iban en su totalidad para las alcaldías, esto con el objetivo de quedarse con el remanente que viene de la recaudación tributaria, para fondear a instituciones del Ejecutivo.

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Hay otras oficinas autónomas del gobierno, como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que también han comenzado a notificar a sus usuarios que deberán pagar no solo por el servicio de agua potable, sino además, por medidores nuevos y su mantenimiento.

Cliente de ANDA con el servicio cortado. Si el usuario impide la sustitución del medidor, la institución le suspenderá el servicio de agua, según lo establece su normativa. Foto EDH / Archivo

Según Lemus, este gobierno no ha despuntado por la aplicación de nuevos impuestos, pero sí ha iniciado una serie de cobros “ocultos” y de argucias financieras, como la del FODES.

Dijo que con ésta última, Hacienda quiso argumentar al Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha realizado acciones de ajuste fiscal, cuando en realidad lo que hizo fue rebajar el presupuesto a las alcaldías, dejándolas sin fondos para programas sociales y se quedó con el remanente para otros gastos que se desconocen.

“Se lo recortó a los municipios, pero no se lo recorta el gobierno; ese ajuste es bien tranquilo, que los demás sufran y ellos se llevan el gasto además”, analizó Lemus.

Impuesto a seguros

La más reciente acción que denota la urgente necesidad del gobierno de obtener recursos a como dé lugar, es la propuesta de crear una nueva Ley de Bomberos, la cual fue llevada por el titular del Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, a la Asamblea Legislativa a finales de agosto de 2022.

Juan Carlos Bidegain, minsitro de Gobernación. Foto EDH/ Archivo

Lo medular de esta nueva normativa que derogaría la actual, es que se crea un nuevo impuesto que deberán cobrarse a todos los seguros, independientemente de que se traten o no de prevención de incendios.

En la ley vigente, ese impuesto se aplica solo a inspecciones de inmuebles que toman seguros de riesgo por incendios, al requerir una inspección del Cuerpo de Bomberos, que es prácticamente solo para edificios y es del 4%; pero ahora el gobierno pide elevarlo al 5% y aplicarlo a todo tipo de seguros que se adquieran.

“Hoy sería del 5% para todo tipo de seguros, se desvincula un servicio, una inspección de parte del Cuerpo de Bomberos y se convierte en un impuesto puro, aplicado simplemente a una actividad económica que no tiene nada que ver con el Cuerpo de Bomberos. Se gravan seguros de accidentes, seguros de vida, incluso, los seguros de crédito, que no tienen nada que ver”, expuso Lemus.

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Los números hablan por sí solos. A manera de ejemplo, Lemus detalló cuál ha sido el presupuesto anual del Cuerpo de Bomberos en los últimos años, en 2019 era de $3.6 millones; en 2020 y 2021 de $3.7 millones; y en 2022 la suma llegó a casi $5 millones.

“Y hoy con el impuesto esperan recoger $40 millones, se está hablando de casi 10 veces el presupuesto actual. No tiene ninguna proporción, si el fin es recaudar para el Cuerpo de Bomberos, está desproporcionado el impuesto. La finalidad es otra”, ahondó.

Remanente del FODES

Situación similar aconteció en noviembre de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, por orden del presidente Nayib Bukele, decidió recortar del 10% al 1.5% el dinero que recibían los municipios en concepto del Fondo para el Desarrollo Económico de los Municipios de El Salvador (FODES).

Foto de la segunda vez que las comunidades, organizadas a través de Cofoa, trataron de entregar el documento con sus solicitudes al Gobierno; el pasado 23 de mayo hicieron una actividad similar frente a la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero en esa ocasión nadie les atendió. FOTO EDH / Francisco Rubio

Lemus explicó que con la previsión de los ingresos tributarios que el Ministerio de Hacienda recibiría en 2022 de $6,566 millones, a los 262 municipios les hubiera tocado una asignación de $656 millones en el presente año, que correspondía al 10% del FODES.

Sin embargo, al haber reducido el FODES al 1.5% para las alcaldías, éstas se quedaron solo con $97 millones para el presente ejercicio fiscal. Y la Dirección de Obras Municipales (DOM), recién creada por la Asamblea como una entidad que centralizará los proyectos de los alcaldes, se quedó con $293 millones para este año.

En total, la distribución para los municipios en efecto se redujo de $656 millones a $390 millones, pero ese remanente que resultó ser de $266 millones, fue una reducción en detrimento de las necesidades de las localidades y con el agravante que se quedaron en las arcas del Estado y no se sabe cuál ha sido su destino.

Las funciones de la DOM, según varios alcaldes, se ha centrado en construir y reparar calles, que son competencias del Ministerio de Obras Públicas y del Fondo de Conservación Vial (Fovial), para lo cual ya cuentan con dinero proveniente del Presupuesto General del Estado y del impuesto a la gasolina de $0.20 centavos que pagan los salvadoreños por cada galón de combustible; pero la labor de las alcaldías no consistía solo en eso, aseguran los gobernantes locales.

Cobro por medidores de ANDA

La más reciente medida que está siendo impulsada por la ANDA es el cobro de más de 37 dólares por la instalación de nuevos medidores del consumo de agua y su mantenimiento.

Este mecanismo no necesita de la aprobación de la Asamblea, pero según el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, ya son varias las denuncias de los usuarios que se quejan que les ha llegado la notificación de que deben cambiar el aparato y el cobro del mismo, aunque el medidor esté en buen estado.

Hay casos de usuarios que han denunciado que la ANDA les ha indicado comprar el medidor en una ferretería privada y luego a las oficinas para que personal de la autónoma lo llegue a instalar al domicilio. Imagen de uno de los nuevos medidores. Foto EDH / Jorge Reyes

Ante esto, ARENA pidió hace unas semanas a la Asamblea aprobar una reforma a la ley de la ANDA para que sea esta autónoma quien asuma el costo de los nuevos medidores y su mantenimiento.

“Que ANDA cobre medidor y válvula, es como si el dueño del bus quiera cobrar cambio de aceite y llantas”

René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, a inicios de septiembre

Lemus dijo que este tipo de “cobros ocultos” son una manera del gobierno de hacer llegar recursos al Estado. “Es como cargarle los costos de operación al mismo usuario”, siendo que vende un servicio por el cual ya cobra una tarifa y, además, le carga el instrumento con el que va a medir cuánta agua le vende al usuario”.

Se suponía que esta petición debía ingresar a la plenaria del 14 de septiembre para enviarla a estudio de la comisión respectiva, pero Portillo Cuadra alegó que no fue considerada.

“La pieza de correspondencia que obligaría a ANDA a absorber el pago de los medidores no fue considerada por Junta Directiva de la Asamblea para su análisis en comisión. Por tanto, seguirán siendo los salvadoreños quienes paguen más de $37 por el cambio de medidores. ¿Lo cree justo?”, cuestionó el jefe de la fracción de ARENA.

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