Impuesto del 30 % con Ley de Agentes Extranjeros afectaría a unas 8,000 ONG

La aplicación de una Ley de Agentes Extranjeros que establezca un impuesto del 30 % a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afectaría principalmente a las comunidades que se benefician de sus proyectos, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad donde no llegan los servicios del Estado, de acuerdo a voces consultadas.

El presidente Nayib Bukele anunció que enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley con dicho cobro a las organizaciones y con esos recursos se resolvería el problema de la Cooperativa El Bosque, cuyos habitantes enfrentan un desalojo para el próximo 22 de mayo y quienes fueron reprimidos por la Policía Militar y la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se manifestaron en la zona cercana a la residencia presidencial para pedir ayuda.

Si la propuesta de ley es similar a la que mandó el gobierno a la Asamblea en 2021, que establecía el cobro del impuesto por cada transacción financiera, desembolso, transferencia o cualquier otro proveniente de fondos de mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otros, afectaría a más de 8,000 entidades.

Hasta mediados de febrero de 2024, según datos en el portal de transparencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, son 8,013 las entidades inscritas. Dicha dependencia tiene a su cargo el registro de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, es decir, las entidades que se conocen como ONG y que trabajan en diferentes actividades y áreas sociales.

Por ejemplo, hay 448 asociaciones, sociedades, clubes, fundaciones y entidades extranjeras que su actividad principal es el desarrollo comunitario; 612 dedicadas al desarrollo integral, 271 trabajan en desarrollo humano y 217 en desarrollo social.

Además, hay 399 entidades que se dedican a la beneficencia y 347 religiosas, las cuales tendrían que pagar el 30 % de impuesto sobre cualquier donación que reciban desde el extranjero, que podría ser incluso de cooperación internacional.

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Misma situación para las 259 organizaciones sociales educativas, las 334 ambientalistas, las 231 culturales educativas y las 57 de atención al adulto mayor que reciban donaciones del exterior.

La cantidad de ONG puede ser mayor, ya que en 2024 se registraron 86 de varios rubros y siete más entre enero y marzo de 2025.

Entre las actividades que realizan están: deportes, socorro y auxilio, agricultura, vivienda, cívica, de niñez, salud, protección de animales, pesqueras, patronatos, turismo, de veteranos, científicas, de familia, de comercio, juveniles, mujeres y transporte.

Afectará a comunidades

El impuestos a las ONG reduciría los recursos para los programas que desarrollan y eso impactaría negativamente en las comunidades beneficiadas, en especial las más vulnerables.

"Hay que recordar que las ONG surgen como una necesidad de apoyar a las comunidades en aquellas necesidades que tienen y donde no llega el Estado, donde no llega el gobierno. Entonces a quien se afecta al quitar recursos a las organizaciones es a las comunidades que no tiene agua, que no tienen alimento, que no tienen infraestructura, que no tienen formación", dijo Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Por ejemplo, la UNES apoya en 200 iniciativas como granjas avícolas, huertos familiares, viveros comunitarios, santuarios de semillas, restauración de zonas de manglar y seguimiento a conflictividad socioambiental.

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"Obviamente, este tipo de legislaciones, como se analizó en el 2021 que tienen impuestos confiscatorios, afectan a la organización; pero más allá de afectar a las organizaciones de la sociedad civil en realidad a quienes afecta son a las víctimas y a los beneficiarios de estas organizaciones", opinó Abraham Ábrego, jefe de litigio estratégico de Cristosal.

Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, señaló que ante la falta de presupuesto en las instituciones públicas para llevar los servicios a las comunidades, las ONG implementan programas de apoyo.

"Y son las ONG que en alguna medida están trabajando y gestionando agua, alimento, salud, la no violencia contra la mujer, apoyo a las comunidades en la agricultura, son las ONG las que están garantizando eso a partir de que él (Nayib Bukele) le quita los presupuestos a las alcaldías y hoy quiere aniquilar a las ONG", expuso Murillo en conferencia de prensa en la que pidieron la liberación de los líderes de la cooperativa El Bosque.

"La situación no se vuelve difícil para las ONG ni para los que trabajan en las ONG, es para las comunidades que no les va a llegar ni siquiera los presupuestos y los recursos del Estado ni tampoco de lo que se puede traer del extranjero", afirmó.

Represalias por críticas

El anuncio de Bukele también es percibido como una represalia a las organizaciones sociales que hacen denuncias y críticas.

La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) rechazó la medida. "La Ley de Agentes Extranjeros propuesta por Nayib Bukele atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática. WOLA condena este tipo de medidas autoritarias", publicó en X.

"Es una medida desesperada y cobarde que toma el gobierno para tratar de contener el creciente descontento social que ya se comienza a aflorar con la situación complicada del país en materia económica, en materia social", dijo Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.

Considera que también implica la violación a derechos ciudadanos consagrados constitucionalmente, como el de la libre organización y la protesta.

"La medida que quiere tomar el gobierno violenta una serie de derechos fundamentales que tenemos toda la ciudadanía salvadoreña, como el derecho de organización, el derecho de reunión pacífica y el derecho de libertad de expresión. Esos son los derechos que estaría afectando el gobierno al aprobar este tipo de normativas que al final lo vienen a colocar al mismo nivel que países autoritarios o dictaduras, como en este caso Rusia y Nicaragua", agregó Escobar.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el contenido del proyecto de ley o si contendrá los mismos elementos de la propuesta de 2021, la cual fue dictaminada favorable por la comisión de Relaciones Exteriores, pero no se pasó al pleno.

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"Tendríamos que conocer la propuesta, pero sí, nosotros consideramos que esto viene como una reacción al contexto en que hay una escalada de actos de represión contra personas, comunidades o grupos que han mostrado críticas, denuncias o señalamientos y precisamente creo que viene a raíz de lo que pasó con la Cooperativa El Bosque", analizó Ábrego.

Lamentó que no se den explicaciones sobre las detenciones que se habrían realizado arbitrariamente y sin causa a los líderes y el abogado de la cooperativa.

"Y, por el otro lado, en vez de hacer eso lo que está planteando es que se va a castigar a las ONG con este tipo de iniciativa legales que, efectivamente, lo que tratan es de amedrentar a las organizaciones y amenazar con afectar su trabajo", sostuvo.

Y Murillo recordó que el proyecto de ley de 2021 establecía multas económicas de $10,000 y cancelación de la personería jurídica a las ONG que incumplan.

"Lo que quiere es destruir a las ONG que están en alguna medida acompañando a las comunidades y resolviendo problemáticas de las comunidades", comentó.x

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El diputado Francisco Lira, del partido ARENA, consideró que la intención de Bukele es desviar la atención de la crisis social del país y criminalizar la protesta.

"El régimen busca imponer una mordaza a las ONG que denuncian abusos, defienden derechos humanos y llenan vacíos que el Estado no atiende. ¿Y qué pasará con aquellas ONG que apoyan en salud, educación y desarrollo local? Hay que decirlo claro: Muchas de ellas hacen el trabajo que el gobierno ha abandonado. Castigarlas es castigar a las comunidades más vulnerables", expresó.

Exigencias sociales

González expresó que entre las motivaciones de la protesta social está la falta de solución a las necesidades básicas de la población.

"Siempre las denuncias no agradan a los gobiernos; pero lo que motiva las denuncias, de problemáticas ambientales, sociales, en salud, en educación, es un problema, es una crisis, es una desatención de parte de una autoridad responsable de un tema. Y en ese sentido, lo que motiva esto no se va a eliminar quitando recursos; al contrario, si no hay fondos para atender las crisis de las comunidades, las problemáticas van a mantenerse o van a aumentar", advirtió.

Señaló que las denuncias no buscan afectar a ningún gobierno, sino que buscan que el gobierno atienda las necesidades que sufre la gente en temas sociales, económicos, ambientales, entre otros.

"Las organizaciones van a seguir denunciando en la medida que no se atiendan los problemas de las comunidades vulnerables, pobres, en el tema de agua, deforestación, contaminación, impactos de cambio climático", agregó.