Las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen de excepción no son casos aislados o excesos de agentes subordinados de las fuerzas de seguridad, sino abusos perpetrados de forma reiterada por soldados y policías en todo el país, señala el último informe de Human Rights Watch y Cristosal.
“Estos abusos incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión, así como violaciones graves del debido proceso”, enfatiza el documento.
El informe realiza una serie de recomendaciones, entre ellas, “terminar con el régimen de excepción dada la ausencia de evidencias sólidas que demuestren que sus restricciones a los derechos fundamentales son proporcionadas y estrictamente necesarias para responder a una situación que ponga en peligro la vida de la nación”.
Las organizaciones defensoras determinan que, en algunos casos de violaciones a Derechos Humanos, las políticas del gobierno y la retórica de autoridades gubernamentales de alto nivel, incluido el presidente Nayib Bukele, han incentivado los abusos.
“En lugar de adoptar medidas para evitar detenciones arbitrarias, el presidente Bukele ha respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y ha actuado de manera intimidatoria hacia los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el país y que podrían investigar los abusos”, indica el informe.
Para Human Rights Watch y Cristosal estas violaciones generalizadas de Derechos Humanos han sido posibilitadas gracias al rápido desmantelamiento de las instituciones democráticas cometido por parte del presidente Bukele desde que asumió el cargo en 2019.
“El informe del hallazgo que presentamos hoy demuestra un patrón de violaciones de Derechos Humanos sistemáticas masivas durante el régimen de excepción. El estado ha vuelto a capturar arbitrariamente, a torturar, a matar, en nombre de la seguridad nacional” expresó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
Violaciones
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Right Watch, expresó que una de las cifras más preocupantes es la de más de 90 personas que han fallecido mientras permanecían en custodia del Estado, tras ser detenidos durante el régimen de excepción.
El informe señala que aunque autoridades médicas (salvadoreñas) informaron que algunas de esas muertes habían sido causadas por “edema pulmonar” o “edema cerebral”, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group (IFEG) observaron que los certificados de defunción “no cumplen con la práctica médica internacionalmente aceptada ni con los estándares legales que exigen registrar no solo las causas de muerte inmediatas, sino también todas las causas subyacentes y otras condiciones significativas que contribuyeron a la muerte”.
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En cuanto a detenciones arbitrarias la especialista explicó que han documentado capturas donde no ha habido orden judicial previa y sin evidencias.
“La simple forma de vestir, el hecho de tener tatuajes o los barrios donde viven algunas personas, la situación de marginalidad han sido criterios para proceder con este tipo de detenciones”, explicó.
En el proceso de investigación las organizaciones constataron que entre marzo y fines de septiembre, algunos jefes policiales “parecen haber establecido una política de cuotas que exigía que los agentes cumplieran con un número de arrestos por día”.
Entre abril y junio, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) informó que había recibido denuncias de diferentes delegaciones en las que las jefaturas exigían a los policías realizar “detenciones ilegales”.
Juan Pappier, director asociado para las Américas de Human Right Wacht, explicó que la política de cuotas en la que se exige un número de capturas se suspendió a finales de septiembre, pero que no se descarta que esa política pueda ser utilizada nuevamente por el gobierno.
“No sería sorprendente que esta política de cuotas, que es tan peligrosa regrese al país, porque es consistente con la política de mano dura del presidente Bukele y con el esfuerzo constante de andar publicitando una cantidad de arrestos y andar haciendo gala sobre la cantidad de capturas” señaló Pappier.
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Goebertus aseguró que también han documentado casos concretos de tortura cometidos en los centros de detención, en los cuales se auxiliaron de apoyo forense.
En cuanto a las violaciones al debido proceso, durante las indagaciones pudieron corroborar que a los capturados se les ha restringido el acceso a abogados de confianza, por lo que no pueden ejercer su defensa de manera adecuada. Además, la especialista explicó que las audiencias masivas de más de 500 personas y de forma virtual, restringe las posibilidades de defenderse, debido a que ni siquiera se les permite abrir sus micrófonos
“De ninguna manera una audiencia colectiva de más de 500 personas cumplía con un estándar básico del debido proceso”, expresó.
Prácticas violatorias
En el análisis se identificaron tres prácticas violatorias de Derechos Humanos, explicó Goebertus, entre ellas la política de capturas por cuotas, conocida a nivel internacional como “El body count o la doctrina Vietnam”, en la que se mide el éxito de una operación militar por el número de bajas al enemigo.
“Donde la meta no es la protección de la ciudadanía sino un número de personas a capturar, o en casos de conflicto armado a ser asesinadas” expuso.
Una segunda práctica, es la captura de personas que no tienen ningún vínculo con pandillas. Y la práctica más grave que resalta el informe es que no ha habido una señal de repudio de parte del gobierno y el presidente Bukele a las violaciones de Derechos Humanos.
Falta de transparencia
El informe menciona que a pesar de las violaciones a Derechos Humanos “el presidente Bukele mantiene una enorme popularidad, en gran medida debido a que algunos indicadores de violencia parecen haber mejorado en el corto plazo”.
Sin embargo, apunta que la falta de acceso público a estadísticas de homicidios y otros delitos, junto con cambios en la forma en que se contabilizan los asesinatos, limita gravemente la posibilidad de estimar el verdadero alcance de la disminución de los homicidios y de la prevalencia de otros delitos.
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El documento también critica la falta de transparencia de la información sobre el régimen de excepción, por ejemplo la Fiscalía General de la República no ha divulgado en sus cuentas de redes sociales información alguna sobre investigaciones contra policías o militares supuestamente responsables de abusos cometidos durante el régimen de excepción.
Asimismo, indica que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no ha investigado con rigurosidad los abusos cometidos durante el régimen de excepción.