El gobierno pretende que con la nueva amnistía fiscal acordada este lunes 22 de agosto (2022) por los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, el Ministerio de Hacienda recupere unos $155 millones de contribuyentes que han sido denunciados en la Fiscalía por supuesta evasión fiscal.
“Lo que queremos no es tener empresarios presos, lo que necesitamos es que los empresarios tengan buenas prácticas y cancelen sus impuestos, porque de esta forma el Gobierno hace las obras para la población”, afirmó el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo.
Según Hacienda, hay 175 avisos interpuestos en la Fiscalía de contribuyentes por supuesta evasión fiscal. El gobierno espera que con la exoneración del pago de intereses, recargos y multas motivar a que los empresarios paguen su deuda al Estado, la cual cifran en unos $155 millones.
El plazo del pago de lo adeudado al fisco iniciará cuando entre en vigencia el decreto transitorio y finalizará el 1 de noviembre de 2022.
La propuesta detalla que quienes soliciten plazo para pagar sus obligaciones tributarias tendrán un periodo máximo de 9 cuotas mensuales, incluida la primera que deberá ser del 10% de la deuda.
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La forma de aplicar a la amnistía será a través del portal web del Ministerio de Hacienda, desde donde se generarían los mandamientos de pago divididos en nueve cuotas para facilidad de los contribuyentes.
“Esta medida ayudará a los contribuyentes a regularizar su estatus tributario con el Ministerio de Hacienda por tributos hasta el 31 de julio de 2022”, explicó el director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marlon Vásquez, quien llegó a la Comisión de Hacienda a explicar la disposición transitoria.
El funcionario añadió que en la amnistía fiscal anterior lograron recaudar $125 millones. En la actual medida solo de contribuyentes atrasados en sus pagos, pero que no han sido denunciados en la Fiscalía, esperan recolectar unos $40 millones.
Vásquez informó que quienes podrán aplicar a la ley transitoria son los contribuyentes con declaraciones presentadas y no pagadas o con cero valores, así como las omisas; casos de procedimientos de fiscalización, audiencia y apertura de pruebas; declaraciones con saldo a favor en cuantía superior; casos con deudas firmes, líquidas y exigibles; y situaciones relacionadas con retenciones o percepciones no enteradas.