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Gobierno oculta toda información sobre Sunset Park por cinco años

El parque de diversiones, inaugurado el 27 de agosto de 2022, fue construido por una donación del Gobierno de China.

Por Carlos López Vides | Feb 08, 2023- 22:15

Foto EDH

El parque de diversiones en el malecón del Puerto de La Libertad, llamado Sunset Park y que fue inaugurado el sábado 27 de agosto de 2022, fue construido por donación del Gobierno de China a El Salvador; pero el Ejecutivo salvadoreño también tuvo una participación activa en la obra, a través de recursos y personal de instituciones como el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

A pesar de que hubo inversión de fondos públicos, es decir, con dinero colectado de los impuestos de la ciudadanía, la población no puede tener ninguna información sobre el costo que tuvo la construcción de este parque, debido a que el Ministerio de Turismo ha puesto bajo reserva los datos correspondientes, por cinco años, desde el pasado 6 de enero de 2023.

En el parque hay una noria, un roller coaster, un carrusel, un salto de rana y un barco, atracciones que son visitadas por cientos de turistas, pero ninguno puede conocer cuánto costó realmente construir el lugar.

El Diario de Hoy hizo una gestión de información pública al Ministerio de Turismo, sobre una de las empresas contratadas por el mismo; y la institución respondió que dicha información está bajo reserva, según el Artículo 19, literales c), e) y g) de la Ley de Acceso a la lnformación Pública, los cuales indican que se reserva la información cuando esta “menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país; (...) contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, (...) y que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”.

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Así mismo, Turismo detalló que está reservado el “ ‘Acuerdo de lmplementación del Proyecto de Asistencia a las lnstalaciones de Entretenimiento de El Salvador entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Embajada de la República Popular China en El Salvador, en representación de la Provincia de Zhejiang y Zhejiang Juma Amusement Equipment Co.. LTD., en calidad de empresa adjudicataria beneficiada, contratada y designada por la Provincia de Zhejiang para la instalación de los juegos mecánicos donados’ suscrito el 20 de octubre de 2020”.

La empresa salvadoreña de transporte Grupo Job, según datos del Centro Nacional de Registros consultados por el El Diario de Hoy, tenía en 2021 un monto de $19,184.73 como cuentas por cobrar por parte de Turismo; pero los detalles de este contrato tampoco fueron revelados por el ministerio, ya que forma parte de las gestiones relacionadas con el acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y China en la construcción del parque, por lo que aplicó también la reserva de información.

“También se reservó todos aquellos procesos que resulten necesarios para la implementación del mismo y todos aquellos contratos, acuerdos supletorios y cualquier otro de similar naturaleza (...), no se puede atender dicha petición ya que dichos contratos con sus detalles se encuentran dentro de la información reservada por parte del Ministerio de Turismo; (...) la información solicitada se encuentra contemplada dentro de las excepciones que cita el Art. 19 de la LAIP, como lnformaclón reservada, estando restringida su difusión por mandato legal, bajo el correlativo l0 del índice de lnformación Reservada del Ministerio de Turismo, por un periodo de 5 años, aclarando que la reserva del Acuerdo supra relacionado es en su totalidad”, fueron parte de los argumentos en la resolución entregada a El Diario de Hoy.

Dos expertos en derecho, consultados por El Diario de Hoy, coincidieron en que la respuesta de Turismo no tiene validez, y que sí debió entregar la información correspondiente: Ruth Eleonora López (jefa anticorrupción de la oenegé Cristosal) y Mauricio Maravilla (abogado y comunicador social).

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Algunos detalles financieros

La poca información al respecto fue transmitida en redes sociales y publicaciones en sitios oficiales, a cuentagotas, desde que se anunció la construcción del parque en 2021.

El 5 de marzo de 2021, el titular del MOP, Romeo Rodríguez, explicó que el 100% de la mano de obra en el proyecto era salvadoreña, para generar empleos en la zona; y describió entonces que “los primeros trabajos para edificar el parque de diversiones consistieron en la demolición de la estructura que existía en el lugar, luego se inició el proceso de terracería y posteriormente se llevarán a cabo las obras civiles para adecuar cada uno de los juegos mecánicos”.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, dio un monto el 23 de agosto de 2022, cuando reportó que, solo en los trabajos de mejoramiento del lugar, el Gobierno invirtió $4 millones.

La inversión hecha por la administración Bukele en el Sunset Park de La Libertad, y los detalles de dicha obra, solo podrán ser conocidos por la población salvadoreña hasta el 6 de enero de 2028, por la reserva antes mencionada.

“Este tipo de reservas generales se ha vuelto común en la administración pública”

Ruth Eleonora López Abogada, jefa anticorrupción de Cristosal:

Una declaratoria de reserva requiere que se ajuste a una de las causales establecidas en la ley; que sea razonable, es decir, que no es suficiente que la entidad cite las disposiciones que considera le permiten denegar la entrega de información, sino que explique y fundamente las razones que le motivan a hacerlo y, por supuesto, que sea temporal.

Se advierte que la reserva no cumple con los criterios expuestos. El Art. 19 c) establece que podrá reservarse la información que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país, sin que se justifique cómo proveer a la ciudadanía los montos de los contratos con privados y los servicios contratados con el MITUR pueda encajar en ello. Y es que ni siquiera se comprende cómo el ejercicio de un derecho de los salvadoreños podría deteriorar, desmejorar o reducir las relaciones diplomáticas entre el gobierno salvadoreño y la embajada China al exponerse al público un Acuerdo que ya firmaron.

Tampoco se puede justificar la reserva a partir de la letra e) del artículo 19 porque no se solicitan las opiniones o recomendaciones que formaron parte del proceso deliberativo del gobierno para firmar un Acuerdo hace más de dos años, es decir un hecho consumado, sino los montos de contratos entre privados y los servicios contratados, es decir hechos concretos.

La administración pública llega al ridículo de exponer, además, que la reserva también se basa en que la revelación de la información compromete estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso, cuando lo que se están pidiendo son montos y servicios ejecutados con un proveedor específico el que solo podría justificarse si la divulgación de la información afecta un procedimiento sancionatorio, por ejemplo o si estuviese en litigio la determinación de la cantidad de servicios prestados.

En otra postura absurda, Turismo no brinda información ante una solicitud hecha por el medio en cuanto a contratos con la empresa desde 2019, cuando es en 2020 que se da el convenio con el Gobierno de China para la construcción del parque.

Este tipo de reservas generales se ha vuelto común en la administración pública, escondiéndose de su principal obligación: rendir cuentas.

“Esta es la era de la no transparencia”

Mauricio Maravilla, Abogado y comunicador social:

Esto no es más que otra muestra de la opacidad con la que este gobierno actúa en cualquier proyecto por más grande o pequeño que sea. La opacidad y el oscurantismo son los sellos distintivos de la actual administración y en este caso la lógica es la misma.

La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 65 establece que todas las decisiones adoptadas por las instituciones en materia de acceso a la información deberán ser motivadas, con una relación breve pero suficiente de las razones de hecho y de derecho que llevan a entregar o denegar información; además, la Ley de Procedimientos Administrativos, que rige la actuación de los entes estatales, reafirma esta obligación en el artículo 23 al señalar que deberán motivarse los actos que limiten, supriman o denieguen derechos, que es este caso, en mi opinión.

Pero en la resolución del Ministerio de Turismo se limitan a invocar una disposición legal sin mayores fundamentos.

El argumento de que entregar la información solicitada menoscaba las relaciones internacionales me parece, cuando menos, un absurdo jurídico. Primero, porque este parque de diversiones no se trata de un proyecto estratégico que implique decisiones estatales de gran magnitud; y segundo, porque este proyecto tampoco tiene que ver con la conducción de negociaciones diplomáticas, a menos que el mismo sea parte de serie de proyectos de mayor calado, como me parece que es, entre los que están la Biblioteca Nacional y el Estadio que China ha adoptado como proyectos.

De cualquier manera, lo que sigue preocupando es que, ante una decisión de una cartera de Estado, como la adoptada por el Ministerio de Turismo, y aún cuando la LAIP habilita los mecanismos para impugnar esa decisión, uno ya sabe para dónde se inclinará la balanza en el IAIP cuando eventualmente conozca en apelación. Esta es la era de la no transparencia.

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