Los ministerios de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional han tenido un promedio presupuestario anual de $845.9 millones en cinco años del gobierno de Nayib Bukele, incluyendo la asignación de $865.9 millones que fueron aprobados en la Ley de Presupuesto General de la Nación para 2024.
Los recursos han tenido un aumento significativo comparado a los $571.8 millones que ambas carteras tuvieron asignados en el presupuesto que fue votado para el año 2019, cuando se dio la transición del gobierno del FMLN al de Bukele.
El primer salto se dio en el presupuesto de 2020 con un aumento del 30% para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con un presupuesto que pasó de $426.6 millones a $554.6 millones. De la misma forma, la Defensa Nacional tuvo un incremento del 51.8 %, al pasar de $145.1 millones en 2019 a $220.3 millones en 2020.
Cabe destacar que este año se caracterizó por una cuarentena extendida debido a la emergencia por la pandemia del covid-19, que implicó la realización de cercos sanitarios controlados con personal policial y militar.
Para el siguiente año, la asignación de recursos fue diferentes para ambas carteras, asignando $636.2 millones a Seguridad Pública, es decir, un aumento del 14.7 % respecto al año anterior; y una asignación presupuestaria de $220 millones para Defensa, que significó una disminución del 0.17 %.
Tanto los presupuestos de 2020 como de 2021 fueron aprobados por la anterior legislatura, en su mayoría conformadas por partidos de oposición.
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Mayoría legislativa
Con el cambio de legislatura en mayo de 2021, el Órgano Legislativo tiene a Nuevas Ideas con mayoría calificada, la que con votos de otros partidos aliados aunque minoritarios en representación, se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022.
Justamente, el segundo aumento importante para estos ministerios fue para 2022, destinando para Seguridad Pública más $637 millones y para la Defensa Nacional $256.6, es decir, un aumento 16.7 % para este último.
La mayor parte de recursos de la Defensa se asignó para operaciones del Ejército y de apoyo institucional, cuyo propósito era “mantener la listeza operacional de las unidades militares del ejército y las de apoyo institucional”.
Incluyó el monto de $20 millones para el financiamiento de 5,600 nuevos efectivos militares en el marco del desarrollo y ejecución de la Fase IV del Plan Control Territorial.
En el caso de Seguridad Pública, el monto mayor se asignó para eficacia policial, con $380.1 millones y otros $53.8 millones fueron para la administración del sistema penitenciario.
De los fondos asignados para Seguridad, $81.7 millones provenían de préstamos externos, destinados para Infraestructura policial, Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación; y Desarrollo de la Inversión para la Justicia y Seguridad Pública.
Régimen de excepción
Pero en marzo de 2022 se aprobó el régimen de excepción en reacción a un aumento de homicidios atribuido a las pandillas, lo que incrementó la actividad de las fuerzas de seguridad en la detención de personas e implementación de cercos militares, así como en el aumento de recursos económicos.
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De acuerdo al portal de Transparencia Fiscal, la Defensa tuvo un aumento de $47.8 millones es año y Seguridad Pública tuvo un aumento de $163.3 millones.
Para 2023 la asignación presupuestaria tuvo una disminución en comparación al presupuesto aprobado para el año anterior, dejando a Seguridad Pública con $588.1 millones y a la Defensa Nacional con $250.6 millones.
Pero en el transcurso de este año la Asamblea Legislativa aprobó reformas presupuestarias de aumento de fondos, con $106 millones para Seguridad Pública, principalmente por refuerzos de alimentación para privados de libertad y bono de alimenticio de personal policial. Y Defensa tuvo un aumento de $23 millones, de los cuales $3.6 millones fueron para adquirir vehículos tácticos blindados.
Para el 2024 se prevé otro aumento del 2.8 % para Seguridad Pública, con $604.5 millones; de los cuales $397.4 millones serán para eficacia policial y $71.2 millones para administración del sistema penitenciario.
Y un aumento de 4.3 % para la Defensa Nacional, con un presupuesto de $261.4 millones, cuya prioridades son “apoyar tareas de seguridad pública ejerciendo mayor control territorial en zonas urbanas y rurales, mejorando la vigilancia y capacidad de respuesta y evitar la expansión de estructuras criminales en el país”.