El cierre de la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, debido al COVID-19 evidenció la vulnerabilidad en los derechos laborales de las personas que se dedican a cambiar dólares y quetzales en el lugar.
Al no haber paso de extranjeros o turistas salvadoreños generó que los cambiadores, como se les conoce, se quedaran sin fuentes de ingresos por lo que en los últimos seis meses tuvieron que dedicarse a otras ocupaciones, como en la agricultura y la venta de hortalizas.
Fue hasta el lunes que muchos regresaron al lugar, tras el levantamiento de las restricciones para el ingreso de extranjeros; pero durante todo este tiempo, les permitió organizarse y crear la Asociación de Cambiadores de las Chinamas, cuya directiva fue juramentada el fin de semana anterior.
El propósito de la asociación, que está integrada por 64 cambiadores, es mejorar las condiciones de trabajo de las personas; pero también para gestionar proyectos a algunos miembros, como por ejemplo, la introducción del servicio de agua potable a algunas viviendas.
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“Queremos que se nos trate bien y que sepan que somos trabajadores, que no nos miren como delincuentes porque mucha gente así lo mira a uno. Nosotros queremos ser cambiadores formales, que la gente mire que estamos haciendo las cosas bien”, expresó uno de los miembros de la asociación, Nery Mancía.
Él tiene 35 años de dedicarse a dicha ocupación y durante los últimos tiempos ha visto cómo ésta ha ido en decadencia debido a decisiones de las autoridades gubernamentales.
Recordó que la situación comenzó a decaer cuando, hace casi quince años, dicha frontera fue establecida únicamente para el paso de turistas, quienes comenzaron a hacer menos uso de sus servicios para cambiar quetzales.
Mancía dijo que las ganancias las obtenían con el rubro comercio, es decir con el movimiento que generaban los furgones con mercadería que transitaban por dicha frontera.
En el 2010 recibieron otro golpe para sus ganancias pues las autoridades optaron por no permitirles su estancia en el recinto migratorio; sino que fueron ubicados a 150 metros, en promedio, teniendo menos contacto con los turistas.
“Ahora, a través de la asociación, queremos trabajar en ese aspecto, que sea una frontera de comercio, como era antes”, dijo Mancía.
Blanca Carranza, quien cambia moneda desde hace 33 años, señaló que hace una década eran más de 500 cambiadores los que operaban en dicha frontera; pero que debido a las decisiones de las autoridades de turno, muchos optaron por viajar a Estados Unidos, realizar otras ocupaciones, y otros ya fallecieron.
Quienes aún realizan dicho trabajo han logrado con esfuerzo dar educación a sus hijos, convirtiéndolos en profesionales.
“Esta frontera es una de las más sanas en todo el país; aquí no hay delincuencia. A raíz de esto del COVID que nos quedamos sin trabajar, sin nada, nos tuvimos que reinventar cada uno de los cambiadores.
Lo que algunos han hecho es vender pan, dedicarse a la agricultura, otros vender verduras, nos hemos reiniciado porque necesitábamos llevar ingresos a nuestros hogares. A raíz de esto decidimos que tenemos que ser un sector más formal y gracias a Dios las autoridades municipales nos ayudaron mucho”, expresó la fémina.
Agregó que con la legalización prevén reunirse con las autoridades para trabajar conjuntamente.
Otro cambiador, Giovany Hernández, señaló que la asociación permitirá no solo trabajar en pro de sus miembros; sino que también de toda la comunidad.
“¿Cuál es el objetivo de nosotros? Llegar a organizarnos, a trabajar de la manera más ordenada que se pueda (y) que tal vez con el pasar del tiempo y tal vez este gobierno nos puede colaborar o ayudar en eso, que el ingreso de nosotros pueda ser permitido al recinto porque siempre estamos dentro de la frontera; pero el recinto es el que acoge a todas las personas que van a ingresar o a salir”, indicó.