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Temen cancelación de organizaciones civiles en El Salvador por falta de difusión de reglamento que las obliga a reinscribirse

Se trata del nuevo Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR que entra en vigencia desde este 7 de junio. Fespad advirtió que la normativa no ha sido difundida ampliamente.

Por Liseth Alas | Jun 06, 2022- 12:57

Fespad fue parte de la organización del foro subregional: Normativas anti ONG. Foto: Imagen de carácter ilustrativa y no comercial/ https://twitter.com/FESPAD_sv/status/1533825122427092999

Representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) mostraron preocupación ante el nuevo Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos que entra en vigencia a partir de este 7 de junio y que obliga a las organizaciones civiles a reinscribirse.

Advirtieron que el reglamento no ha sido difundido ampliamente, por lo que temen que ante el desconocimiento esto pueda generar la cancelación de oenegés en El Salvador que no logren actualizar sus datos como se ha planteado en Guatemala y ya está sucediendo en Nicaragua.

Así lo manifestaron durante el intercambio subregional: "Normativas anti ONG", donde participaron ponentes de dichos países centroamericanos.

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"El nuevo reglamento, para nosotros es invasivo, coarta la libertad de asociación, porque impone entre otras cosas un registro de nuevo de todas las organizaciones de la sociedad civil ¿Qué resultado tendremos? No lo sabemos, tengan en cuenta que nos vamos a inscribir en la unidad que está bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, nosotros ya estamos inscritos en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro", dijo Henri Fino, director ejecutivo de Fespad, durante una conferencia de prensa previa al evento.

Fino lamentó que procederán a reinscribirse "en otro ente que su finalidad es la persecución del delito", aunque aclaró que no están "en contra de los controles de la transparencia, las organizaciones de sociedad civil hemos demostrado que estamos abiertos a la transparencia, a la rendición de cuentas, sin embargo, se nos está criminalizando", señaló.

Fespad cuestionó la discrecionalidad que lleva consigo el nuevo instructivo, pues alertó que pese a que las ONG se reinscriban esto no garantiza que estas sean avaladas.

"Algo muy importante de este instructivo es que traslada a parte de la responsabilidad del Estado de hacer evaluación de riesgo frente al de lavado de dinero a las organizaciones de la sociedad civil cuando estas funcionan con presupuestos limitados", sostuvo Gladys Larín, de Fespad.

Durante su ponencia, Fino se refirió a otras iniciativas en estudio que, según él, también estarían encaminadas a restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, entre estas la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que está pendiente en la Asamblea Legislativa, así como mencionó el anteproyecto de Ley de Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, el cual "está en borrador".

La situación de Guatemala

Aljandro Valverth, consultor de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia de Guatemala (Legis), afirmó que en su país estarían en proceso de cancelación de 1,214 ONG debido al desconocimiento de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales que obligaba a estas a actualizar sus datos en un plazo de seis meses.

Según el ponente guatemalteco, sin mayor explicación, el Ministerio de Gobernación difundió la información a través de al menos dos tuits, lo cual consideró que difícilmente esta llegó a toda la población de esa nación.

"Les cuento que más del 86% (ONG) no se enteró de que tenían que actualizarse y serán canceladas en las próximas semanas", subrayó y añadió que las enmiendas aprobadas en 2020 en Guatemala "a parte de esto trae consigo otro paquete de medidas restrictivas, lo que buscan es controlar a las organizaciones".

Mientras, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega bajo el uso de leyes anti ONG ha propiciado el cierre de más de 270 organizaciones civiles desde 2018 a la fecha, detallaron en la conferencia.

En ese sentido, el experto reflexionó que "el respeto que los Estados puedan hacer de la libertad de asociación sirve como un barómetro para analizar a los Estados y ver el respeto que hacen de todos los derechos humanos, la simple amenaza a la libertad de asociación no es propia de democracias, sino es propio de dictaduras".

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